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Hacia un sistema de pensiones justo
El acceso a provisión de bienestar por parte del Estado está atado en gran medida a la condición laboral formal, dejando al resto de la población con un pobre acceso a bienestar. En ese sentido, esta iniciativa simplemente ignora resolución alguna al respecto.
Por Máximo Ernesto Jaramillo-Molina
30 de julio, 2020
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En la conferencia matutina del 22 de julio se presentaron algunos cambios al sistema de pensiones para trabajadoras y trabajadores del IMSS, que fueron acordados en conjunto entre el gobierno federal, representantes del sector empresarial y sindical, además de contar con el respaldo de los líderes en las cámaras legislativas del partido mayoritario. A pesar de que no se ha presentado un documento oficial con la iniciativa de reforma, lo mencionado en dicha conferencia permite hacer un análisis preliminar:

Lo destacado: aportaciones, disminución comisiones AFORES y semanas de cotización

Anteriormente, los empleadores aportaban 5.15%, porcentaje que se mantiene para empleadas y empleadas de un salario mínimo, pero que aumentará progresivamente1 hasta llegar a 13.875% para el caso de quienes lleguen a ganar hasta 25 veces el salario mínimo (en México, apenas 2% de trabajadores asegurados ganan más de 18 veces el salario mínimo2). Esto es fundamental, no solo por el importante aumento en la aportación por parte del sector empresarial, sino también porque viene acompañado del visto bueno a pesar de ser equivalente a un aumento de impuestos para dicho sector.

Además, se anunció que la aportación del gobierno sería progresiva, ya que aportará 8.7% para trabajadoras y trabajadores de un salario mínimo, y disminuirá de manera progresiva hasta llegar a 1.8% al nivel salarial de 4 UMAs. Cabe destacar que 1 de cada 2 personas trabajadoras aseguradas ante el IMSS gana dos salarios mínimos o menos, por lo que el aumento del aporte del gobierno sería ampliamente redistributivo, pues beneficiaría a un amplio sector de la población que cuenta con menores ingresos laborales. Por último, de acuerdo con el anuncio del gobierno, los trabajadores seguirán aportando el mismo porcentaje.

Entre estos aspectos, también vale la pena mencionar que se anunció la disminución en las comisiones que cobran AFORES –que históricamente han sido abusivas en sus cobros–, así como el cambio en las semanas de cotización mínimas para obtener una pensión, pasando de 1,250 a 750.

Los pendientes: precarización laboral e informalidad vuelven a quedar en el olvido

Sin embargo, respecto a los cambios atrás mencionados, vale la pena profundizar en dos de ellos, que apuntan a los pendientes que deja esta iniciativa de modificación al sistema de pensiones. En primer lugar, se ha hablado de la posibilidad de que el mayor aporte del sector empresarial desincentive el empleo formal, debido al aumento de costos por las y los trabajadores que implicaría. Aquí habría que precisar que 9 de cada 10 personas trabajadoras aseguradas de micro y pequeñas empresas, y 8 de cada 10 en empresas de entre 51 y 250 personas aseguradas, ganan hasta 4 salarios mínimos (como se presenta en la gráfica que sigue).

Fuente: Elaboración propia con datos de CUBOS-IMSS.

Así, dado que el aumento del aporte empresarial será progresivo conforme al salario de las y los empleados, el sector de las MiPyMEs no debería preocuparse, pues sería marginal el cambio. Caso diferente sería para empresas grandes, quienes sí verían aumentar el costo de las y los empleados con altos salarios, pero normalmente estas empresas no pueden permanecer fuera del sector formal, por lo que no incentivaría la informalidad en términos agregados.

A pesar de lo anterior, es necesario mencionar que la iniciativa anunciada no plantea estrategia alguna para avanzar de manera progresiva a un nivel más alto de formalidad o para disminuir las amplias diferencias entre la protección social a la que acceden las y los empleados en el sector formal respecto del informal. Como se ha estudiado ampliamente, en gran medida las desigualdades sociales en el país se deben al régimen de bienestar dual que lo caracteriza que, en términos muy sencillos, implica que el acceso a provisión de bienestar por parte del Estado está atado en gran medida a la condición laboral formal, dejando al resto de la población con un pobre acceso a bienestar. En ese sentido, esta iniciativa simplemente ignora resolución alguna al respecto.

La falta de una estrategia de integración entre sector formal e informal implica que, posiblemente, no sean tan amplios los beneficios de la reducción de semanas de cotización mínimas para acceder a una pensión. Si bien la reducción del requisito es importante, la precarización laboral de la generación más joven, perjudicada por el aumento del outsourcing, el cual pasó 3.6 a 4.7 millones de trabajadores entre 2014 y 2019 y el “freelanceo” –muchas veces incentivado no sólo por el sector privado, sino también por el sector gubernamental–, complican para la mayoría de la población el alcanzar 15 años de cotización en empleos dentro del sector formal.

Por último, otro pendiente que deja la iniciativa es que apunta sólo a cambios en el llamado “pilar 2”, el correspondiente a las AFORES, pero no plantea modificación alguna para trabajadores que permanecen en esquemas de reparto, para quienes hacen ahorro voluntario ni para las pensiones no contributivas. Por lo anterior, el sistema de pensiones en su conjunto podría representar una presión aún más grave para las finanzas públicas en el futuro. De igual manera, queda fuera de la propuesta lo relacionado a las y los trabajadores del Estado. Sin duda, una reforma integral del sistema de pensiones debería incluir los aspectos mencionados.

Sin duda, la iniciativa de cambios en las pensiones del IMSS es positiva, puesto que atiende aspectos que habían sido ignorados por gobiernos anteriores, como la distribución de aportaciones entre sector empresarial y gubernamental, mínimo de semanas de cotización, y comisiones de las AFORES, pero es insuficiente para llegar a la meta de tener un sistema de pensiones sustentable, redistributivo y que asegure el bienestar y el retiro quienes sean adultos mayores en el futuro. Las acciones que sigan a esta iniciativa en años venideros serán fundamentales para alcanzar dicho objetivo.

* Máximo Ernesto Jaramillo-Molina (@rojo_neon) es investigador en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

 

 

1 En la conferencia del anuncio de los cambios, no se mencionaron detalles sobre el nivel de progresividad.

2 Según cálculos propios con base en CUBOS del IMSS.

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