¿Hasta cuándo las malas prácticas en las designaciones?
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¿Hasta cuándo las malas prácticas en las designaciones?
Vale la pena poner sobre la mesa la pertinencia de que sea el propio Poder Ejecutivo el que tenga la facultad de proponer a integrantes de órganos autónomos constitucionalmente, como lo es el INEGI, y más sin un procedimiento claro y abierto para ello.
Por Marcia Itzel Checa Gutiérrez
23 de junio, 2022
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En estos días se han retomado distintos procesos de designación a altas responsabilidades públicas a nivel federal. Uno de ellos es el relativo a un integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) –pendiente desde enero de este año– en el que el pasado 15 de junio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal, 1 donde propone a Mauricio Márquez, presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro más es la designación, el pasado 20 de junio, de Lilia Mónica López Benítez como consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por parte de las y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 2 Un último que corre es el de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) –en una primera etapa– y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en la definición final.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha referido de manera reiterada la importancia de que los procesos de designación se desarrollen a partir de principios y estándares como la igualdad de condiciones y no discriminación; la selección con base en el mérito y capacidades; la publicidad y transparencia, y la participación ciudadana, con la finalidad de “reducir significativamente el grado de discrecionalidad de estas decisiones, dar mayor certeza sobre la integridad e idoneidad de las personas designadas y brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad de los procesos”. 3

Sin embargo, en los casos aludidos inicialmente –y desafortunadamente, muchísimos más– se advierten prácticas alejadas de este conjunto de principios y estándares internacionales. Por ejemplo, la ausencia de una fundamentación y motivación de las propuestas realizadas por el Ejecutivo Federal; es decir, no se conocen cuáles fueron los criterios y cualidades que valoró para proponer a determinado perfil para dicha responsabilidad pública. Por lo que, esta enorme discrecionalidad y falta de rendición de cuentas deja grandes interrogantes sobre la idoneidad e independencia de los perfiles propuestos. Incluso vale la pena poner sobre la mesa la pertinencia de que sea el propio Poder Ejecutivo quien tenga la facultad de proponer a integrantes de órganos autónomos constitucionalmente, como lo es el INEGI, y más sin un procedimiento claro y abierto para ello.

Esta falta de justificación y transparencia no es exclusiva de los procesos donde participa el Poder Ejecutivo, lamentablemente el proceso de designación de una integrante del Consejo de la Judicatura Federal que llevó a cabo la SCJN se caracterizó por la opacidad, pues ni siquiera se hicieron públicos los expedientes de las 14 aspirantes registradas que cumplieron con los requisitos legales, y después de tres rondas de votación se declaró un receso “para acordar” fuera de la sesión pública la decisión que se materializó en la mayoría calificada requerida, pero sin que se expusieran abiertamente los criterios que guiaron su decisión. 4 Esto va en contra de resoluciones de la propia Corte, donde ha referido que en estos procesos debe privar la máxima publicidad al ser asuntos de alto interés público. 5

Si bien las etapas que condujo el Comité de Participación Ciudadana para el proceso de designación de la Secretaría Técnica de la SESNA han sido aceptables, presentan áreas de oportunidad, sobre todo en la última etapa en la que se encuentra, donde el Comité Coordinador 6 será quien tome la decisión final. En este sentido, vale insistir en que tanto el resultado como el proceso de las designaciones públicas son igual de relevantes.

Estos casos muestran que aún estamos lejos de buenas prácticas en las designaciones públicas, que se apeguen a principios y estándares que se traduzcan en perfiles idóneos. Por ello, se vuelve necesario avanzar en una política pública en materia de designaciones que permita contar con reglas claras, con requisitos de acceso orientados a la idoneidad de los perfiles de acuerdo con la responsabilidad pública de la que se trate, con nuevas institucionalidades y con mecanismos de control que permitan transformar estas prácticas hacia unas más democráticas.

#SinCuotasNiCuates

#PerfilesIdóneosYa

* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones).

 

 

 

1 Disponible en línea aquí.

2 A raíz del término de la responsabilidad de Jorge Antonio Cruz Ramos en noviembre de 2021.

3 Ver su informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, 5 de diciembre de 2013, disponible aquí.

4 En este hilo de Twitter, desde el Observatorio de Designaciones Públicas sintetizamos este proceso.

5 Ver SCJN. “Libertad de expresión. La injerencia en la vida privada de quienes participan en los procesos de selección para cargos públicos, no se limita a los documentos presentados por los propios contendientes” en Vida privada, privacidad e intimidad, disponible aquí, y la sentencia del expediente SUP-JDC-180/2020 por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano promovido por Guadalupe Gutiérrez Herrera.

6 Al respecto, ver aquí las consideraciones del colectivo Perfiles Idóneos ¡Ya!, del cual es parte el Observatorio de Designaciones Públicas.

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