¿Histórica fabricación de culpables?
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¿Histórica fabricación de culpables?
El video en el que aparece el exdirector de la AIC, Tomás Zerón, interrogando a un implicado en el caso Ayotzinapa pone en evidencia el uso de la tortura como un “método de investigación” por parte de las corporaciones policíacas y de procuración de justicia en México.
Por Natalia Cordero y Humberto Guerrero
16 de julio, 2020
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A inicios de esta semana se difundió un video donde se muestra al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, participando en un interrogatorio con indicios claros de ilegalidad e incluso utilización de tortura. La persona interrogada no se encontraba acompañada de un abogado defensor y aparece desnudo del torso y con los ojos cubiertos con lo que parece ser una camiseta. Asimismo, se encuentra rodeado de al menos cuatro personas, incluido Tomás Zerón, en un ambiente bastante coercitivo. La escena ha ganado notoriedad por darse en el contexto de la investigación del caso los 43 estudiantes de Ayotzinapa y porque evidencia la participación directa, en actos de tortura, por parte de un mando importante dentro de la estructura de la antigua Procuraduría General de la República. 

Dicha escena resulta controversial no sólo por el hecho de tortura en sí mismo, sino porque fue en el marco de la investigación del caso Ayotzinapa, lo que pone al descubierto una de las más viejas y terribles prácticas de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia del país, la utilización de la tortura como un “método de investigación” para ejercer presión en contra de personas para que proporcionen algún tipo de información que ayude a “conducir” una investigación penal. Lo preocupante de esta práctica es que:

1) Va en contra de la normativa nacional, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, e internacional vigente, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que explícitamente prohíben el uso de la tortura como método de investigación criminal, de intimidación, de discriminación, como castigo personal, como medida preventiva o para cualquier otro fin. 

2) Esta práctica da paso a la vulneración de otros derechos, como el derecho al debido proceso protegido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que busca garantizar, entre otras cosas, que todas las personas señaladas como probables responsables sean oídas ante una autoridad competente (en este caso un Ministerio Público o Juez penal) y en compañía de un abogado o defensor público; que nadie sea obligado a declarar bajo coacción; que nadie sea incomunicado en el marco de una investigación criminal. 

3) Finalmente, esta práctica demuestra la incapacidad de los cuerpos policiacos (desde su más alto nivel), de las agencias de investigación y de las instancias de seguridad pública para investigar a través de métodos legales, científicos, técnicos y éticos. Además de ir en contra de los principios constitucionales (artículo 21 constitucional) que deben regir la actuación de estas corporaciones, como los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Ahora bien, ver que la tortura estuvo presente en un caso tan relevante y visible como Ayotzinapa, inevitablemente nos debe llevar a la reflexión sobre lo que sucede en los casos de la cotidianidad de nuestro sistema de justicia. En el año 2015, Juan Méndez, el entonces relator especial para la tortura de las Naciones Unidas lanzó la advertencia a nuestro país: “la tortura en México es generalizada”. Para Juan Méndez lo anterior quería decir que la práctica de la tortura estaba normalizada en distintos niveles y ámbitos de la justicia mexicana. 

Hipótesis que también fue confirmada posteriormente por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en su Resolución número 500/2012 en donde condenó internacionalmente a México por incumplir con sus obligaciones como Estado parte de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en particular la de asegurar que ninguna declaración hecha bajo tortura pueda ser usada en un procedimiento penal.  Es decir, lo que evidencia el video que muestra a Tomás Zerón participando en un acto de tortura en el marco de la investigación del caso Ayotzinapa es en realidad una escena cotidiana en las investigaciones crimínales de nuestro país.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la tortura no sólo constituye una violación a los derechos humanos de la persona sometida a esta práctica, sino también de las víctimas de un hecho delictivo, ya que en ambos casos el derecho a la verdad y la justicia quedan truncos. La tortura no genera verdad ni para víctimas ni para imputados, y más bien genera investigaciones ficticias que, a veces, son muy difíciles de reconstruir. 

Por ello, para poder dar fin a este ciclo de impunidad propiciado por y a través del uso de la tortura es importante investigar y enjuiciar a los más altos mandos, pues como se muestra en el vídeo, la tortura es una práctica estructural cuyo ejercicio no se limita a los mandos medios o bajos, sino que llega a ser del conocimiento, propiciada, tolerada y hasta ocultada también por altos mandos. Y mientras se mantenga un alto número de denuncias por tortura frente a un bajísimo número de sentencias condenatorias (tan sólo en el año 2019 se iniciaron 2,283 denuncias por tortura a nivel federal frente a sólo 2 casos en los que se dictó sentencia condenatoria en el mismo año) será imposible erradicar esta práctica y, por lo tanto, será difícil asegurar el derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas.

* Natalia Cordero es investigadora y Humberto Guerrero es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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