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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Impunidad en el Gobierno, criminalización de los pueblos
La batalla que libra la Tribu Yaqui contra el Acueducto Independencia en Sonora es una muestra que retrata el lamentable panorama que prevalece en el país, con un Gobierno que viola leyes con total impunidad mientras el grupo indígena que defiende sus derechos es criminalizado.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
24 de julio, 2014
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Por: Edmundo del Pozo Martínez

En México hay una ecuación que no suele fallar: mientras el Gobierno viola las leyes con total impunidad, quienes defienden sus derechos son criminalizados. Estamos ante la ley de la selva donde impera la voluntad del más fuerte. La creencia liberal de un Estado de derecho al que todos se someten irrestrictamente es un sueño guajiro que se quiebra ante las realidades concretas de injusticia que afectan, en especial, a grupos históricamente discriminados como son los pueblos indígenas.

La batalla que libra la Tribu Yaqui contra el Acueducto Independencia en Sonora es una muestra que retrata el lamentable panorama que prevalece en el país. El megaproyecto fue impuesto ilegalmente por el Gobierno sonorense y avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien la autorizó sin haber llevado a cabo una consulta previa a las comunidades. Aunque la violación fue reconocida en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubo consecuencias severas para las autoridades, salvo reponer un proceso de consulta que llegó cuando el daño ya estaba ocasionado. En efecto, el despojo del agua de los territorios Yaqui ya se había perpetrado como resultado del trasvase del recurso vital a la ciudad de Hermosillo. La Corte, en un claro retroceso de su histórico fallo, lejos de detener este atropello y decretar la suspensión inmediata del Acueducto, justificó la operación ilegal del mismo en tanto se desahogara el proceso de consulta y sin importar que la obra no contara con Autorización de Impacto Ambiental.

Aun cuando la violación de fondo no fue resuelta por la sentencia del máximo tribunal, la Tribu Yaqui decidió respetar la resolución judicial y someterse al proceso de consulta en condiciones muy desiguales y adversas. Por un lado, han tenido que soportar el robo ilegal del agua delante de sus narices y, por otro, se enfrentan al poder mediático y coactivo del gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías. Los insultos y descalificaciones hacia las autoridades tradicionales de la Tribu son el pan de cada día en la prensa hermosillense. En otros casos, se les han retirado becas escolares a las niñas, niños y jóvenes Yaqui. Por si no fuera poco, para doblegar la lucha legal del pueblo, ahora la receta es la represión y la criminalización. Algunos líderes reconocidos como Mario Luna y Tomás Rojo están bajo órdenes de aprehensión como resultado de sus acciones de protesta civil en contra del acueducto. En días pasados penetró a Vicam, uno de los pueblos en resistencia, un operativo policial del Estado haciendo cateos en los hogares sin orden judicial.

Se trata, ni más ni menos, de conductas delictivas sancionadas en cualquier régimen donde impere el respeto a los derechos humanos. Cabe preguntarse, cuáles son las consecuencias legales de este tipo de actos cometidos por el Gobierno estatal, dónde están los verdaderos responsables. La única respuesta posible es que gozan de total impunidad. Mientras las dependencias federales involucradas en la consulta han tratado -no sin poca exigencia social- de encaminar este proceso y han reconocido el rol que juegan los líderes yaquis para sostener el diálogo, tienen por detrás a las estatales que les penaliza en un juego sucio y desafiante hacia la propia autoridad federal.

En este contexto perverso, no hay condiciones para generar una consulta libre y de buena fe como marcan los instrumentos internacionales. Varios de los pueblos Yaqui que llegaron a esta conclusión tomaron la firme decisión de suspender la interlocución con el Gobierno Federal y reivindicar sus derechos colectivos a través de la resistencia pacífica, sin que implique dejar a un lado su defensa legal. Cómo afirmó Mario Luna en una reciente entrevista “Son nuestros recursos, es nuestro derecho y los seguiremos defendiendo”.

Al parecer la protesta social es la única vía que queda para detener las ilegalidades de un Estado que no respeta sus propias leyes ni acata las decisiones judiciales. Las secuelas de casos como éste son funestas para la gobernabilidad y la paz social en el país. Al cerrarse el camino de las instituciones a los pueblos, están en todo su derecho de transformarlas a cualquier precio pues lo que está en discusión es su propia supervivencia.

 

@FundarMexico

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