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Justicia en nuestras mesas: un salario digno para las personas jornaleras agrícolas
La desigualdad y la invisibilización de su trabajo han colocado a las personas jornaleras en una situación de precariedad propicia para los abusos económicos, sociales e, incluso, físicos, por parte de diversos actores que participan en la cadena de producción y distribución de alimentos.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
29 de octubre, 2020
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La pandemia del COVID-19 ha sido una oportunidad para resignificar nuestras prioridades y redescubrir lo realmente importante. En la etapa más crítica del confinamiento se evidenció que, en realidad, los servicios más básicos son los que mantienen el funcionamiento de la vida. El acceso a la salud, la recolección de basura, el acceso al agua y, por supuesto, el acceso a la alimentación. Mientras ciertos sectores de la población tuvieron que poner en pausa sus actividades económicas, para otros eso nunca fue una opción y gracias a esas personas, por ejemplo, en millones de hogares mexicanos la comida nunca faltó. Detrás de cada alimento en nuestras mesas están las manos de millones de personas jornaleras, quienes, para sobrevivir, dejan atrás su hogar, sus familias y arriesgan su salud y su vida.

Como en otros temas en nuestro país, las cifras sobre las condiciones de las personas jornaleras agrícolas no son homogéneas. Las razones son diversas, se encuentran desactualizadas, o se trata de aspectos cuya medición no ha sido uniforme o las metodologías han sido poco claras, pero de acuerdo con algunas fuentes oficiales, se estima que en México casi tres millones de personas son jornaleras en los campos agrícolas y viven en condiciones de pobreza extrema, marginación y desigualdad social y económica: el 33.3% de las y los jornaleros gana un salario mínimo, y poco más de la mitad, el 54.5%, percibe más de uno y hasta dos1, lo cual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas en salud, educación, condiciones laborales, vivienda y seguridad social.

Asimismo, este año la pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad agravada a la que esta población está expuesta por las condiciones de desigualdad crónica en la que viven y por la falta de reconocimiento a su trabajo. Aunque este grupo representa aproximadamente el 4.2% de la población ocupada, y en términos de la población subordinada y remunerada significan un 6.1%2, su labor no ha sido tomada en cuenta en las políticas públicas y no es considerada como actividad vital para la cadena de distribución de alimentos; al contrario, continúa siendo invisibilizada, lo que provoca que las personas jornaleras y sus familias vivan una sistemática violación a sus derechos humanos. La desigualdad y la invisibilización de su trabajo han colocado a las personas jornaleras en una situación de precariedad propicia para los abusos económicos, sociales e, incluso, físicos por parte de diversos actores que participan en la cadena de producción y distribución de alimentos.

Ante este contexto, el 21 de octubre pasado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (RNJA), lanzamos públicamente la Alianza Campo Justo, por los derechos de las familias y personas jornaleras, la cual conjunta la experiencia en acompañamiento a grupos vulnerables y documentación de casos de estas organizaciones, con el fin de impulsar una estrategia amplia de lucha y exigencia de los derechos de las personas jornaleras agrícolas, en particular, la exigencia de un salario mínimo profesional digno.

Las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado revertir las desigualdades estructurales en las que laboran las personas jornaleras: 93.4% carece de contrato; 90.9% carecen de acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo, y 85.3% no cuenta con prestaciones laborales. Además, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, “sólo 3 de cada 10 mujeres que trabajan en el campo y 6 de cada 10 hombres reciben remuneración”.

Por todo lo anterior, para la Alianza es apremiante posicionar e impulsar un salario digno profesional en la discusión pública y generar un contexto de exigencia hacia las y los tomadores de decisión. La satisfacción de las necesidades básicas que el salario mínimo busca lograr conduce al goce de múltiples derechos humanos inherentes a la dignidad de las personas, y, por ello, un salario digno se trata de una cuestión elemental de justicia.

@FundarMexico

 

 

1 Comunicado 10/2020. CONASAMI. 3 de abril de 2020.

2 INEGI; ENOE, primer trimestre 2020

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