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Res Pública
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Justicia para Inés y Valentina, justicia para todos y todas
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
17 de marzo, 2011
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Por: Ximena Antillón, Investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana

 

En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió dos sentencias para los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Estas sentencias se refieren a los hechos ocurridos en el año 2002 y en ambos casos, la Corte determina que las mujeres indígenas Me`phaa fueron violadas sexualmente por elementos del ejército como una forma de tortura y establece una serie de medidas de reparación hacia las víctimas que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir.

 

La antropóloga Aída Hernández –perito cultural en ambos casos ante la Corte IDH–explicó el pasado 8 de marzo en el marco del Foro Justicia para Inés y Valentina, que el impacto de la violación sexual trasciende el nivel individual de las víctimas concretas y afecta a  la comunidad en su conjunto, de manera particular a las mujeres. Gamitú es la palabra en Me`phaa o tlapaneco para describir el susto –el término equivalente occidental podría ser trauma-, y bayú describe cómo el espíritu sale del cuerpo como producto del susto o de la experiencia traumática. Así, una de las consecuencias de la violación sexual para las mujeres fue la pérdida del espíritu y el miedo a andar solas por los caminos o simplemente a estar en su casa. Este daño sólo se podrá reparar cuando se haga justicia.

 

Inés y Valentina han enfrentado a lo largo de su proceso de denuncia y búsqueda de justicia múltiples obstáculos y amenazas contra ellas y sus familias, lo que ha tenido un impacto inhibidor en otras mujeres que han sufrido violencia sexual en las comunidades de la región. En ese sentido, Inés explica que “antes sí había mujeres dispuestas a denunciar por el coraje de que militares y gente del gobierno nos golpearan. Pero después de que denuncié, cuando vieron que el gobierno empezó con amenazas, dejaron de hacerlo” (testimonio recogido en el documental “Inés y Valentina: Dignidad y Justicia”, ganador del primer lugar en el Concurso de Video Documental “Género y Justicia organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación):

Así como el impacto de la violación sexual y de la impunidad trascienden a las víctimas, también la falta de cumplimiento de las sentencias tiene un impacto colectivo, no sólo en las comunidades de origen de Inés y Valentina, sino en la sociedad en general. En este sentido, lo que está en juego en el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH es la posibilidad de restablecer la confianza en las instituciones del Estado, el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, a participar políticamente y no ser consideradas “botín de guerra”. La reparación integral del daño, individual y colectivo, sólo será posible con el cumplimiento cabal de las sentencias.

 

El pasado martes 15 de marzo se instaló la mesa en la que participan Inés, Valentina, sus representantes, así como funcionarios del Estado mexicano para empezar a operativizar el cumplimiento de las diversas medidas de reparación que ordenan las sentencias. Esto representa un primer paso hacia el cumplimiento, pero persisten preocupantes señales de la falta de voluntad por parte del Estado mexicano para avanzar en ciertos aspectos de dichas sentencias. Por ejemplo, hasta ahora las investigaciones sobre los hechos permanecen en el fuero militar, a pesar de que la Corte IDH ordenó que se llevaran a cabo en el fuero civil. Además, en diciembre pasado el Estado mexicano presentó ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias en cuestión.

 

Para las víctimas y sus representantes, estas solicitudes cuestionan la participación de militares en los hechos del caso y son una forma encubierta de impugnación de las sentencias, pues “en ellas el Estado sostiene de nueva cuenta, como ya lo hizo durante el proceso contencioso, que no ha sido probado que fueron militares quienes cometieron los actos de violación sexual y tortura en perjuicio de ambas víctimas.” Este cuestionamiento es una nueva forma de revictimización en contra de Inés y Valentina.

 

Por lo expuesto anteriormente, desde Fundar consideramos que el cumplimiento de las sentencias de Inés y Valentina es del interés no sólo de las víctimas directas, sino de quienes queremos vivir en una verdadera democracia basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Si Inés y Valentina tuvieron que ir hasta la Corte IDH para hacer valer sus derechos, ¿hasta dónde tendremos que ir la sociedad civil para que el Estado mexicano cumpla las sentencias de la Corte IDH?

 

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Más información sobre los casos de Inés y Valentina en:

http://justiciaporinesyvalentina.wordpress.com/

 

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