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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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La buena voluntad no hace efectiva a la política pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
23 de abril, 2015
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Por: Miguel Moguel (@greenarrow10)

A nadie sorprende enterarse por los medios de un escándalo de corrupción y constatar que no se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país. Basta mirar las reseñas sobre hechos que han tenido lugar en Alemania, España, el Vaticano, Corea del sur  a los que se suman una larga lista de países para el anecdotario. La corrupción no hace distingos entre mundos de primera y de tercera, entre gobiernos democráticos o autoritarios, entre países de la Commonwealth o del Mercosur. Sin embargo, un elemento que distingue la corrupción en México es que la problemática va acompañada de impunidad.

Algunos sostienen que la corrupción es “la apropiación indebida de recursos públicos para un beneficio privado”. Sin embargo, esta definición resulta aún problemática, por ejemplo, cuando se trata de servicios públicos operados desde plataformas privadas o cuando trata de beneficios indirectos obtenidos a través de empresas privadas   vinculadas a los círculos de poder. Acá en México, a diferencia de muchos otros países en el mundo, la corrupción no se investiga, no se identifican los elementos que la configuran, ni mucho menos se sanciona a sus responsables.

Ayer el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto, el cual dará lugar a una reforma Constitucional para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. La pregunta que hoy sigue siendo válida es ¿de qué sirve un Sistema Anticorrupción si la simulación, los excesos en el ejercicio de poder, la discrecionalidad y opacidad siguen siendo temas urgentes de erradicar?

El contexto actual por el que atraviesa nuestro país es evidencia no sólo de graves retrocesos, sino de la ineficacia en los controles para fiscalizarlos y sancionarlos efectivamente. Los tres ámbitos de poder del Estado mexicano han abdicado hasta ahora de su responsabilidad de coordinar sus instancias para investigar los hechos, de aplicar la ley con rigor y criterio y de encontrar incentivos para revertir la práctica sistemática y sistémica de la corrupción.

No se necesitan leyes, ni reglamentos nuevos. Probablemente tampoco un Sistema ni la creación de una pesada burocracia a su alrededor para atenderlo. Lo que se necesita es aplicar la ley y contar con mecanismos efectivos –serios y confiables– de investigación y sanción.

La política pública no resuelve por sí sola una problemática de estas dimensiones, si no va acompañada del compromiso y la voluntad política de todos los actores involucrados para ser plenamente efectiva. Hoy más que nunca es urgente revertir el poderoso mensaje de impunidad detrás del ¡no pasa nada!

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Disponible aquí.

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