close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin... Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Fundar se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales. Síguelo en Twitter: @FundarMexico (Leer más)
La consulta previa y los malabares del gobierno
La implementación de la consulta previa a los pueblos indígenas por parte del Gobierno lejos de ser una garantía para la protección de los derechos de las comunidades se está convirtiendo en un ejercicio de simulación para legalizar el despojo de sus territorios y recursos naturales.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
16 de octubre, 2014
Comparte

Por: Edmundo del Pozo

Hace casi 25 años el Estado mexicano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y asumió la obligación internacional de consultar a los pueblos indígenas ante cualquier medida administrativa o legislativa que les afectara. Desde entonces, la regla ha sido desconocer esta responsabilidad o simular la realización de consultas en las que no se toma en serio la voluntad de las comunidades.

Ausencia de consultas

Más de dos décadas han transcurrido sin que el gobierno implementara procesos de consulta, lo cual implicó cientos de entregas de concesiones, permisos y autorizaciones que afectaron los recursos naturales y territorios de los pueblos sin que éstos fueran tomados en cuenta. La “justificación” para eludir el cumplimiento de este derecho fue la falta de una ley reglamentaria para garantizarlo. Sin embargo, la existencia de un tronco sólido de estándares internacionales que permiten dar un aterrizaje efectivo a la consulta hacen que ese argumento haya quedado superado. Por otra parte, la mayoría de países multiétnicos de la región no dispone de leyes en esta materia, ello no ha sido óbice para dar pasos importantes hacia la implementación de procedimientos apropiados de consulta. En este sentido, contar con un instrumento de consulta, aun siendo deseable, no es la fórmula mágica para solucionar una omisión histórica del Estado mexicano.

Simulación de las consultas

En el contexto de la Reforma constitucional en derechos humanos de 2011 ignorar la responsabilidad que emana de los Tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, comienza a tener alguna consecuencia para las autoridades gubernamentales, que hasta hace muy poco se saltaban la obligación de consultar con total impunidad. Así lo manifestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la Tribu Yaqui contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012), quien otorgó la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia, en Sonora, sin haber consultado adecuadamente a este pueblo indígena.

Por medio de este histórico fallo, de otras resoluciones judiciales y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le ha enviado señales claras al Ejecutivo de que no debe saltarse la barda de la consulta. Esto al menos ha traído consigo, que más de una dependencia haya tenido que entrarle al asunto y que estén elaborando diversos mecanismos y protocolos para reglamentar este procedimiento. No obstante, la receta de la protocolitis no ha brindado una respuesta satisfactoria en lo concreto. La implementación de consultas lejos de ser una garantía para la protección de los derechos de las comunidades se está convirtiendo en un ejercicio de simulación para legalizar el despojo de sus territorios y recursos naturales.

La evidencia más cercana es, justamente, el caso de la Tribu Yaqui en la que los principios sentados por la SCJN han sido violados uno por uno. No se ha llevado a cabo una consulta previa, de buena fe, informada, culturalmente adecuada y mucho menos libre. Hoy en día, varios de los representantes más visibles de la Tribu dentro del proceso de consulta, como Mario Luna, están en la cárcel por delitos fabricados por el Gobierno de Sonora. Esto sucede bajo la pasividad de las autoridades federales que nada han resuelto a fin de cumplir con el mandato de la Corte y que al mismo tiempo han mantenido operando el Acueducto Independencia durante la consulta sin Autorización de Impacto Ambiental.

Cada una de estas irregularidades ha sido denunciada sistemáticamente por organizaciones civiles  y redes internacionales como la RED-DESC, que un reciente comunicado llamó al Estado mexicano a acatar de forma urgente el fallo de la SCJN y detener las acciones de criminalización contra el pueblo Yaqui.

Desafíos para la implementación de consultas adecuadas

En las circunstancias de desarrollo neoliberal desenfrenado que vive el país y que se agudiza con la reciente Reforma Energética, resulta indispensable respetar y cumplir con el marco constitucional de derechos humanos. Aun cuando las leyes de hidrocarburos y de electricidad incluyeron la obligación de realizar consultas, ninguno de estos instrumentos fue consultado con los pueblos, siendo que incluyen figuras preferenciales para el acceso a los recursos y territorios a favor de las empresas. La Secretaría de Energía, a diferencia de otras dependencias, ciertamente está incorporando en su discurso y quehacer el enfoque de derechos humanos y los estándares internacionales sobre consulta previa, pero ante el embate de los actores privados no basta con tener buenos “Protocolos”. Debe existir un verdadero compromiso con la defensa y protección de las comunidades, en la que su decisión, por vía del consentimiento libre, previo e informado sea vinculante para las autoridades.

Tampoco basta con que un sector del gobierno avance por su lado, es fundamental disponer de una política nacional en el tema de la consulta que sea transparente y cuente con la participación de las comunidades y de la sociedad civil. Entre otros contenidos debería incluir reglas precisas para el actuar del gobierno en el marco de las consultas, criterios para definir las autoridades responsables y los sujetos que serán consultados, las materias a consultar, los alcances de éstos procedimiento y un presupuesto público para llevarlas a cabo.

La consulta llegó para quedarse. Algunos procesos no se han resuelto en favor de los pueblos como el ejemplo de la Tribu Yaqui, otros apenas están por comenzar como el de las comunidades de Tetela de Ocampo, en la Sierra Norte de Puebla, afectada por un proyecto minero a cielo abierto de Carlos Slim y la zapoteca de Juchitán, Oaxaca, en la que se pretende instalar por otra empresa mexicana un parque eólico de 132 aerogeneradores. Qué nos hace pensar que en estos casos la consulta no será otra práctica de simulación para saquear los recursos de estos pueblos, qué nos hace pensar que su voluntad será respetada por el Gobierno. Ojalá se nos permita soñar y sobre todo preservar la diversidad cultural de la que tanto gusta presumir el Gobierno mexicano.

 

@FundarMexico

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.