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Res Pública
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La corrupción: un pendiente de Peña Nieto
El ataque a la corrupción fue un tema recurrente en las plataformas de campaña de todos los candidatos y candidata en la contienda presidencial de 2012. La evidencia en otros países nos ha mostrado que el que exista un marco institucional y mecanismos anti-corrupción no asegura que el problema se resuelva si en el fondo no existe al menos voluntad política.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
23 de enero, 2014
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Por: Liliana Ruiz Ortega

El gobierno de Enrique Peña Nieto lleva en el poder un año y un mes. Desde su llegada, como ya es ampliamente conocido, la agenda política ha estado apretada. Si algo caracterizó a este primer año de gobierno fue la saturación de reformas estructurales en el Congreso: la educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal, la financiera, la energética y la político-electoral.

Aunque todavía queda la duda de si los temas mencionados se analizaron y decidieron adecuadamente, lo más preocupante es que a la fecha no termina de quedar claro los beneficios ni los costos de cada una de las reformas. A Enrique Peña Nieto y su equipo de gobierno les restan otros cinco años, y en este escenario vale la pena hacer un alto en el camino y preguntarnos qué ha pasado con una de los grandes faltantes después de estos primeros trece meses: la corrupción.

El combate a la corrupción es un pendiente fundamental e irresuelto, en donde hasta la fecha no hay avance palpable. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2013, México obtuvo una calificación reprobatoria de 34 puntos en una escala donde la peor calificación es cero y la mejor es 100. La misma nota se obtuvo en 2012. Transparencia Internacional (TI), el organismo encargado de calcular este índice, explica la magnitud de la corrupción con colores. En los tonos amarillos están los países más limpios, menos corruptos. En los tonos rojos están los casos de corrupción más críticos. Nuestro país se ubica en el naranja intenso, tan penetrante que se confunde con el rojo. Como lo menciona TI: “la corrupción debilita las instituciones, erosiona la confianza en el gobierno, desvía los recursos públicos de las prioridades, daña con mayor intensidad a los que menos posibilidades tienen de defenderse, destruye los esfuerzos para aumentar el desarrollo de un país, y, ante este contexto, lo más perturbador es que hay total impunidad para los corruptos”.

El actual gobierno presentó en el Congreso una reforma a la Constitución que entre otras cosas propone la creación de un organismo anti-corrupción. Hay muchas dudas aún sobre cómo se coordinará y operará esta estrategia con las instituciones y reglas ya existentes. La iniciativa se aprobó el año pasado en el Senado y ahora falta que los diputados la aprueben pues debe pasar por ambas cámaras. Lo que realmente preocupa es que las promesas se hagan realidad. El ataque a la corrupción fue un tema recurrente en las plataformas de campaña de todos los candidatos y candidata en la contienda presidencial de 2012. La evidencia en otros países nos ha mostrado que el que exista un marco institucional y mecanismos anti-corrupción no asegura que el problema se resuelva si en el fondo no existe al menos voluntad política.

Además, preocupa que el órgano anti-corrupción se convierta en un órgano de control político a través del cual el gobierno en turno pueda aprovechar para sancionar a las personas que le acomode, en lugar de servir para evitar y reducir la corrupción. Es por ello que según la Red de Rendición de Cuentas es indispensable que los auditores internos de dicho órgano no solo formen parte del servicio profesional de carrera, sino que los mecanismos para su designación garanticen su independencia del Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, se requiere continuar mejorando el marco jurídico para fortalecer las leyes y normas respecto al manejo del gasto público. Aquí algunas recomendaciones:

  • Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), sobre todo en lo que se refiere a la reducción del gasto corriente o de operación.
  • Mejorar la transparencia presupuestaria, especialmente en lo relacionado con la homologación de la información en los estados y municipios a través del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
  • Lograr una mejor conexión entre la evaluación de resultados y las políticas públicas; hasta ahora no queda claro cómo se incorporan las recomendaciones de las evaluaciones para mejorar los programas gubernamentales.
  • Fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como a las entidades de fiscalización en los gobiernos locales. Una manera de impulsar este tema es al aprobar las reformas constitucionales que amplían las atribuciones de la ASF (que ha permanecido sin aprobarse en el Senado).
  • El tema de las sanciones es relevante también pues es uno de los mecanismos principales para acabar con la impunidad que prevalece en nuestro país. Aunque la estrategia debe basarse en la prevención, es necesario que se castigue a quienes abusen y hagan un mal uso de los recursos.
  • Sería importante también que las decisiones de dicho organismo anti-corrupción sean públicas y puedan ser monitoreadas por los ciudadanos, pues esto daría legitimidad y credibilidad al mismo.

Es necesario entonces seguir trabajando para construir instituciones públicas más transparentes. La imposibilidad de tener información previene a los ciudadanos de monitorear las acciones del gobierno y les impide demandar soluciones adecuadas. Pero sobre todo, es fundamental fortalecer el sistema de rendición de cuentas que ya existe actualmente y considerar que cualquier organismo de nueva creación debe estar ampliamente justificado, con funciones delimitadas y claras, para evitar duplicidades y poder integrarse adecuadamente a este sistema. La corrupción destruye los esfuerzos por mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas, entre otros muchos daños. Así que esperamos ver cambios positivos en los próximos cinco años, porque hasta ahora el gobierno nos sigue debiendo.

 

* Liliana Ruiz Ortega es investigadora del área de Presupuestos y Política Pública de Fundar.

 



El IPC clasifica a los países de acuerdo a la percepción de corrupción en el sector público. En el 2013 el IPC incluyó 177 países. Fuente: International Transparency

En este blog se pueden encontrar ejemplos  de otros países donde las promesas anti-corrupción no se han cumplido a pesar de diversos mecanismos para erradicar este problema.

Esta iniciativa ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Esto sucedió en abril de 2012. Al día siguiente, el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Sistema Nacional de Fiscalización. La idea de esta reforma es aumentar y mejorar la fiscalización del gasto público.

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