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Res Pública
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La deuda pública de Tabasco: una raya más al tigre
Granier no registró ni declaró ante Hacienda un adeudo por 12,914 millones de pesos. ¿Cómo pudo endeudarse tres veces más de lo que registró? Es muy probable que la diferencia entre el monto reportado al gobierno federal y el que denunció Arturo Núñez se deba a la contratación de préstamos a corto plazo.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
28 de mayo, 2013
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Por: Oscar Arredondo Pico

El exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, tuvo que reconocer públicamente que estaba muy pasado de copas después de que se difundiera una grabación en la que fanfarroneaba con tener propiedades en Miami, así como un guardarropa con cientos de zapatos y trajes. Antes de que el exgobernador lograra sacudirse el escándalo, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco reportó el decomiso de 88 millones 560 mil pesos en una propiedad vinculada con quien fuera Secretario de Finanzas durante su gobierno, José Manuel Saiz Pineda.

Los escándalos recientes tienen relación con una lista considerable de irregularidades señaladas por el actual Gobernador, Arturo Núñez Jiménez, quien reveló, entre otras perlas, que la anterior administración contrajo una deuda superior a 17 mil millones de pesos con distintos bancos. Dicha cantidad no cuadra con los datos proporcionados por el anterior gobierno al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda, en el cual, hasta diciembre de 2012, se observaba que Tabasco debía 4,823 millones de pesos. Es decir, Granier no registró ni declaró ante Hacienda un adeudo por 12,914 millones de pesos. ¿Cómo pudo endeudarse tres veces más de lo que registró? Es muy probable que la diferencia entre el monto reportado al gobierno federal y el que denunció Arturo Núñez se deba a la contratación de préstamos a corto plazo.

Actualmente, el marco regulatorio para contratar deuda es muy flexible. Nuestra Constitución deja abierta la puerta a las legislaturas locales para determinar las condiciones, conceptos y montos de deuda que un estado puede contratar. En 2010, durante la administración de Andrés Granier, se reformó el artículo octavo de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco para facultar al Ejecutivo estatal a contratar financiamientos sin autorización del Congreso local, siempre y cuando su vigencia sea menor a un año. Cabe destacar que el Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal permite que no se registren ante la Secretaría de Hacienda las deudas no  garantizadas con participaciones federales, como es el caso de los créditos a corto plazo en dicha entidad.

Estos financiamientos, por su naturaleza, deberían ser extraordinarios —ya que deben ser pagados casi inmediatamente debido a sus altas tasas de interés y comisiones—. En ese sentido, la recurrencia en su contratación bien puede evidenciar un abuso por parte del entonces gobernador (es decir, la comisión del delito de peculado) o una absoluta falta de previsión en el ejercicio del gasto.

En México es muy común que las entidades federativas no incluyan en sus leyes de ingresos los préstamos a corto plazo. Y por supuesto, tampoco se prevé en el presupuesto de egresos el destino de estos recursos. Según la Constitución, la contratación de deuda pública debe aplicarse en obras o servicios que puedan considerarse inversiones productivas. Si la deuda de Granier se utilizó para ampliar su guardarropa, comprar casas en Miami o almacenar dinero en efectivo, las autoridades deberían fincar responsabilidades administrativas y penales. El abuso resultaría todavía más indignante si tomamos en cuenta que, según datos del Coneval, el 57.2% de la población tabasqueña vive en la pobreza.

Sin duda, la deuda tabasqueña con los bancos es un escándalo mayúsculo. Aunque para Granier es una raya más al tigre —dado el catálogo de abusos cometidos por él, su familia y sus colaboradores más cercanos—, este caso en particular pone énfasis en la urgente necesidad de encontrar soluciones al problema de la deuda subnacional.

Según la propia Secretaría de Hacienda, el monto total de deuda de todos los estados es de 434 mil millones 761 mil pesos. Esta cantidad podría ser mucho mayor si la contratación de créditos no garantizados con participaciones fuese una práctica común en el resto de los estados. Es fundamental entonces impulsar reformas al marco legal para armonizar y transparentar la información sobre cualquier tipo de endeudamiento. De igual forma, es importante que los gobiernos locales se apeguen a criterios más sólidos que acoten las posibilidades de endeudarse irresponsablemente. Y finalmente, habría que pensar en una mejor regulación para las instituciones financieras, que son parte importante en este problema.

 

* Oscar Arredondo Pico es investigador de Presupuesto y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

 

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