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La elección de ministros de la Suprema Corte y la crisis de derechos humanos en México: la última llamada
La duda sobre la funcionalidad de las instituciones mexicanas sigue flotando en el aire y es en este contexto que se dará la discusión sobre la designación de las nuevas ministras o ministros de la SCJN. El hecho no es menor, porque aun cuando se debe cruzar un largo camino para que un caso sea discutido y decidido por la Corte, ésta posibilidad representa la última línea de defensa para personas y grupos que no han encontrado protección y satisfacción de sus derechos a través de la actuación de los poderes ejecutivo, legislativo e incluso el judicial en sus niveles inferiores o en su dimensión local.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
13 de noviembre, 2015
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Por: Humberto Francisco Guerrero Rosales

La expectativa continúa y la tensión crece. El próximo 30 de noviembre quedarán vacantes dos puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Así, el ejecutivo deberá presentar, en próximos días, dos ternas para que el Senado elija a las personas que ocupen las posiciones que dejarán la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Meza. Esto ocurre cuando aún tenemos en la boca el sabor amargo de la designación de Eduardo Medina Mora. Más allá de la polémica sobre el cumplimiento de requisitos formales, la designación de Medina Mora nos dio en la cara con el recordatorio de que la esencia del autoritarismo priísta había regresado (o quizá nunca se había ido).

En medio de la crisis de Estado detonada por el caso Ayotzinapa, en marzo de 2015 se imponía la designación como ministro de alguien que no sólo reconocía carecer de las aptitudes técnicas para la función que se le encomendaba, sino que además contaba con un récord acreditable de violaciones a derechos humanos; todo ello en plena Décima Época, la llamada época de los derechos humanos de la SCJN, inaugurada a partir de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 y la resolución del expediente del caso Rosendo Radilla Pacheco. El mensaje fue desmoralizante, parecía inminente el inicio de un proceso de cooptación del poder judicial por parte del autoritarismo.

La crisis se seguía agudizando. Llegamos al último trimestre del 2015 y las alarmas se encendieron desde los organismos internacionales de derechos humanos; para éstos la crisis de México era evidente. Desde el punto de vista de estos organismos, el andamiaje institucional y legal de México es, incluso, modélico en ciertos casos, existen las condiciones para que México pueda ser un Estado democrático que funcione, donde los derechos se garanticen como regla general; sin embargo, existe una brecha abismal entre la realidad y la letra de la ley. De los mensajes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado es inevitable que surja entonces la pregunta: ¿qué pasa, por qué el país se desgaja en medio de una crasa violencia institucional y de una impunidad crónica y sistémica?

La duda sobre la funcionalidad de las instituciones mexicanas sigue flotando en el aire y es en este contexto que se dará la discusión sobre la designación de las nuevas ministras o ministros. El hecho no es menor, porque aun cuando se debe cruzar un largo camino para que un caso sea discutido y decidido por la Corte, ésta posibilidad representa la última línea de defensa para personas y grupos que no han encontrado protección y satisfacción de sus derechos a través de la actuación de los poderes ejecutivo, legislativo e incluso el judicial en sus niveles inferiores o en su dimensión local. La SCJN se convierte así en la oportunidad final para que la vacuidad de la ley se traduzca en vivencias tangibles de justicia.

Esta puede ser nuestra última llamada para evitar el colapso total del Estado. Exigir que se garanticen designaciones independientes, imparciales y con perspectiva de género no basta; quienes lleguen a la SCJN deben contar con el perfil y visión necesarios para afrontar el reto que representa el que la gente encuentre un nuevo sentido a la institucionalidad y la justicia. Para ello, la Suprema Corte debe, en primer lugar, dejar de dialogar para sí misma y abrirse a la discusión horizontal con otros actores: otras Cortes, sociedad civil, movimientos sociales, academia. Sus decisiones e interpretaciones deben bajar del pedestal y comprometerse con la realidad que pretenden normar. Ante la parálisis y falta de representatividad de los otros poderes, es momento de que la Corte asuma un papel protagónico en la corrección de las profundas asimetrías de poder que están desgarrando a este país y que son, al final de cuentas, el caldo de cultivo perfecto para las violaciones a los derechos humanos.

 

* Humberto Francisco González es coordinador del área de derechos humanos de @FundarMexico.

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