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La lucha es por la vida: el caso de Tecoltemi
El análisis de la SCJN sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera será fundamental no sólo para el caso de Tecoltemi, sino para todos aquellas comunidades indígenas y núcleos agrarios que han padecido sobre sus territorios la imposición de concesiones mineras y que ven sus vidas amenazadas debido a ello.
Por Itzel Silva Monroy
29 de julio, 2021
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El pasado 22 de julio se conmemoró el Día mundial contra la minería a cielo abierto, en este contexto, vale la pena retomar ahora el caso de la Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi, del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, que en 2015 acudió a la Justicia Federal –con el acompañamiento jurídico del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar–  para demandar en Juicio de Amparo a la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento, en beneficio de la minera canadiense Almaden Minerals.

Pero además de la entrega de las concesiones sin consulta ni consentimiento, Tecoltemi reclamó que la Ley Minera contiene diversos artículos (6º, 15 y 19 fracc. IV, V, VI y XII fundamentalmente) que violan de manera directa derechos de pueblos indígenas y de ejidos, pues su contenido contraviene abiertamente la protección que les otorga la Constitución y el marco internacional de los derechos humanos a dichos territorios. Por ello, Tecoltemi alegó la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad 1 de los artículos referidos.

Y es que el artículo 6 determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio; es decir, que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en el territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra. En esta lógica, el artículo 19 dispone que el solo hecho de tener una concesión minera otorga derecho a su titular para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como para aprovechar las aguas para las actividades mineras, e incluso para actividades más allá de la minera. Mientras que el artículo 15 fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual; es decir, la legislación pone a las comunidades, sus tierras y territorios y su vida, a disposición de las empresas mineras hasta por un siglo; un siglo de violaciones a derechos perpetuadas por la propia ley.

En abril de 2019, tras 4 años de juicio, el Juzgado de Amparo dictó una primera sentencia, en la que determinó la violación al derecho a la consulta y al consentimiento indígena, declarando ilegales las concesiones mineras, pero no entró al estudio respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera. Debido a ello, Tecoltemi decidió inconformarse específicamente respecto a la falta de análisis del contenido violatorio de los artículos de la Ley.

Se esperaba que el Tribunal Colegiado que conoció de la impugnación, llamado recurso de revisión, entrara al estudio de la Ley, sin embargo, en marzo pasado se declaró incompetente y decidió enviar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el análisis de la constitucionalidad de la Ley Minera corresponde al máximo tribunal.

El caso ya ha sido recibido por la SCJN. Así, adquiere en estos momentos una especial relevancia, pues la SCJN deberá analizar si los artículos mencionados de la Ley Minera son violatorios de derechos tanto de pueblos indígenas como de núcleos agrarios, es decir, deberá analizar los argumentos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad planteados por Tecoltemi tanto en su demanda inicial como en su recurso de revisión.

Hoy, la SCJN tiene en sus manos una oportunidad histórica, pues este análisis –que no se ha hecho antes– será fundamental no sólo para el caso de Tecoltemi, sino para todos aquellas comunidades indígenas y núcleos agrarios que han padecido sobre sus territorios la imposición de concesiones mineras y que ven sus vidas amenazadas debido a ello. Tecoltemi, las organizaciones que le hemos acompañado en la defensa legal, así como el resto de las comunidades de Ixtacamaxtitlán que se encuentran defendiendo el territorio de la minería, esperamos que la SCJN reconozca que el contenido de los artículos 6º, 15º y 19º de la Ley Minera es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y contribuya a eliminar las causas más estructurales de la violación a derechos en nuestro país.

* Itzel Silva Monroy es abogada litigante en @FundarMexico de casos de defensa de tierra y territorio de pueblos indígenas, incluyendo el caso de la Comunidad de Tecoltemi al que hace referencia este texto.

 

 

1 Es decir, contrario a los tratados o convenciones internacionales de derechos humanos.

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