La lucha por el reconocimiento pleno de los derechos indígenas sigue viva
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin... Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Fundar se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales. Síguelo en Twitter: @FundarMexico (Leer más)
La lucha por el reconocimiento pleno de los derechos indígenas sigue viva
A pesar de que el actual Gobierno está dando la batalla por echar abajo la reforma energética de 2013, ha dejado intacto el conjunto de disposiciones legales que permiten la usurpación de las tierra y territorios indígenas por considerar estas actividades de carácter preferente y de utilidad pública.
Por Edmundo del Pozo
7 de abril, 2022
Comparte

La lucha por la autonomía y la libre determinación la han dado históricamente los pueblos y comunidades, con independencia de su reconocimiento pleno por parte del orden jurídico mexicano.  Se trata de una causa permanente por hacer valer sus modos de vida y su diversidad cultural, primero frente a la conquista española, luego ante la imposición de un Estado nación único y también frente al modelo de saqueo y despojo capitalista sobre sus territorios y bienes comunes, exacerbado en las últimas décadas.

Sin embargo, la exigencia por el reconocimiento de los derechos colectivos ha sido parte importante de las estrategias de lucha de las poblaciones originarias con miras a contar con mayores garantías que les permitan un ejercicio efectivo de sus derechos humanos y una relación en condiciones de igualdad y no discriminación con el Estado mexicano. En este sentido, el hito que significó el levantamiento zapatista de 1994 y la firma de los Acuerdos de San Andrés fue un parteaguas para plasmar a nivel constitucional en 2002 derechos fundamentales que no habían sido reconocido por la carta magna mexicana.

A pesar de lo anterior, este esfuerzo quedó trunco, en primer lugar, por las restricciones propias de aquella reforma, que relegó a los pueblos a sujetos de “interés público”, bajo la lupa del Estado mexicano y sometió al control férreo de las entidades federativas el alcance de la libre determinación y la autonomía en cada Estado. Por otra parte, las modificaciones constitucionales y legales para favorecer las políticas neoliberales derivadas de la firma del TLCAN en las décadas de los noventa, derivó en un andamiaje jurídico que privilegió el acceso de los grandes planes y proyectos de inversión en los territorios indígenas por encima de los derechos y formas propias de vida y desarrollo de las comunidades.

Ejemplos representativos de este marco jurídico neoliberal constituyen: la Ley Minera, la Ley de Aguas, la Ley Agraria, la ley en materia ambiental, así como las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos, aprobadas durante el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto. Incluso, a pesar de que el actual Gobierno está dando una dura batalla por echar abajo la reforma energética de 2013, con el propósito de que el Estado y sus empresas recuperen la rectoría del sector, ha dejado intacto el conjunto de disposiciones legales que permiten la usurpación de las tierra y territorios indígenas por considerar estas actividades de carácter preferente y de utilidad pública, como mismo lo posibilita el marco legal minero. Este entramado normativo, que afecta de forma significativa el universo de derechos de pueblos y comunidades, ha sido discutido y aprobado –desde entonces y hasta la actualidad– sin el más mínimo respeto por la palabra y la decisión de los pueblos y, por tanto, pasando por encima de su consentimiento previo, libre e informado, lo que viene a sumar otra violación sistemática a sus derechos desde el proceso que ha dado luz verde a las diferentes iniciativas.

Debido a la preeminencia de este bloque legal de carácter colonial y neoliberal, que impiden el goce pleno de los derechos colectivos, los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas no han cesado en su batalla institucional, tanto en tribunales como en interlocución con los poderes ejecutivo y legislativo, para avanzar reformas que pongan en el centro el ejercicio de su libre determinación y autonomía y sus derechos a la tierra y el territorio. Un caso paradójico es de la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, promovida desde inicio del sexenio por la actual administración con el respaldo de una importante base social comunitaria, y que a pesar de ser presentada por las autoridades de la Tribu Yaqui al presidente López Obrador en agosto del pasado año, sigue atorada en las oficinas del gobierno sin aún ser presentada ante el Congreso.

La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), conformada por una representación nacional de pueblos, comunidades y organizaciones de 13 estados de la república, ha señalado una y otra vez a las diversas instancias involucradas con dicha propuesta la necesidad imperiosa de concretar la reforma. Ello resulta indispensable para saldar la deuda histórica de los Acuerdos de San Andrés, y que los pueblos originarios puedan ser reconocidos como sujetos verdaderos de “derecho público” y ejerzan el autogobierno indígena, sus propios presupuestos y el control de sus territorios sin cortapisas por parte del Estado, las empresas o de los grupos delincuenciales.

De la misma manera, desde la ALDEA, se ha respaldado la exigencia de organizaciones e instancias de pueblos indígenas del estado de Oaxaca, quienes han presentado ante el Congreso local una iniciativa ciudadana para brindar de protección los derechos territoriales de pueblos de esa entidad, como son los casos del Binnizá, Ikoots, Ayuuk, Ñuu Savi, entre otros, que han sido asediados en los últimos años por megaproyectos eólicos, mineros, por represas e hidroeléctricas, a lo cual se suma hoy el desarrollo del llamado corredor transístmico. Sin bien la entidad se ha caracterizado por llevar la vanguardia en la construcción de propuestas de ley que buscan ampliar el ejercicio de la autonomía, que se practica en gran parte de sus municipios, los derechos colectivos siguen siendo avasallados por la proliferación de megaproyectos de toda índole.

Urge por tanto que las diputadas y los diputados locales de esta legislatura prioricen la aprobación de la citada iniciativa en los términos propuestos por el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), que la ha promovido. Ello tomando en cuenta que la propuesta está sintonizada con la cosmovisión de sus comunidades y con los estándares internacionales más avanzados en la materia.

No solo está el juego la buena voluntad del poder legislativo del estado de Oaxaca de avanzar la iniciativa sino también el cumplimiento de una obligación constitucional e internacional que deben acatar. Como recomendara la Relatoría Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas al Estado mexicano en 2018:

“Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar los graves problemas (…), incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como: tierras, territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia (…)”. 1

Es hora en consecuencia de cumplir con este mandato y no dejarlo en letra muerta.

* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

 

 

 

1 A/HRC/39/17/Add.2, párr.94. Disponible aquí.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.