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La nueva etapa del caso Ayotzinapa
El nuevo fiscal del caso ha hecho apuestas arriesgadas, pero indispensables para romper las resistencias de quienes tienen interés en ocultar la verdad de lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por Humberto Francisco Guerrero Rosales
19 de noviembre, 2020
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Esta semana vincularon a proceso al capitán José Martínez Crespo, militar retirado y que perteneciera al 27º Batallón de Infantería del Ejército mexicano con sede en Iguala, Guerrero. Respecto de esta persona existen elementos suficientes para establecer su presencia y participación en los eventos de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como sus vínculos con grupos de la delincuencia organizada que operan en Guerrero.

La detención del capitán Crespo constituye un nuevo paso acorde a la nueva etapa en la investigación del caso Ayotzinapa, la cual empieza a romper resistencias históricas que impedían avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido realmente durante la noche del 26 al 27 de septimbre de 2014. En particular, esta detención rompe con una de las principales narrativas de la versión oficial defendida durante años por parte de la administración de Peña Nieto. Según esa narrativa, la desaparición forzada de los estudiantes se explicaba como parte de un contexto de asociación criminal entre autoridades municipales con la delincuancia organizada, sin que intervinieran autoridades de otros niveles de gobierno. Empieza a quedar claro que tal narrativa estaba muy alejada de la realidad.

Al respecto, cabe recordar que durante la primera etapa de la investigación, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se avocó a la fabricación de una versión oficial de los hechos que pretendía cerrar apresuradamente el caso, sin ningún sustento técnico y científico. Según dicha versión, conocida también como la llamada “verdad histórica”, todos los estudiantes habrían sido privados de la vida la misma noche del 26 al 27 de septiembre; habrían sido incinerados en un mismo lugar en un mismo tiempo; y posteriormente sus cenizas arrojadas al Río San Juan.

Conforme a la llamada “verdad histórica”, todos los eventos de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrieron en el marco de una dinámica criminal que se limitaba al ámbito municipal. Los vículos de la delincuencia organizada con el gobierno no rebasaban a unas cuantas corporaciones policiales de distintos municipios de Guerrero, las cuales habrían sido infiltradas por organizaciones criminales como Guerreros Unidos. Para fabricar su versión oficial, la administración de Peña Nieto se valió de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, detenciones arbitrarias, alteración de evidencia, y una campaña mediática que llegó, incluso, a estigmatizar a los jóvenes desaparecidos, a sus familias, y a las organizaciones que les acompañan.

De la fabricación, la PGR pasó a una fase de contención. Durante casi cuatro años el gobierno de Peña Nieto utilizó toda la fuerza del Estado para defender su versión oficial y desestimar cualquier indicio que indicara la posibilidad de que los hechos del caso Ayotzinapa puideran haber ocurrido de manera distinta. La PGR hizo todo lo posible por negar o minimizar la participación de autoridades federales en la desaparición de los muchachos; en particular, los militares. Así, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tuvieron que librar una larga batalla de resistencia para que sus dudas y su voz pudieran escucharse sobre la avasalladora narratva oficial. La ayuda internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue fundamental para evitar la imposición de la mentira construida desde la PGR y generó una fisura en la llamada “verdad histórica” que terminó por resquebrajarla por completo.

La investigación del caso es ahora dirigida por el Fiscal especial Omar Gómez Trejo. Con él, ha llegado una mirada renovada y un nuevo impulso a la investigación. El Fiscal ha hecho apuestas arriesgadas, pero indispensables para romper las resistencias de quienes tienen interés en ocultar la verdad de lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014. Tres son los pilares de su investigación: primero, evidenciar la manipulación de la investigación en sus etapas anteriores, la cual es una forma de participación en la desaparición forzada de los estudiantes; evidenciar la existencia de un contexto de macrocriminalidad en el cual autoridades de distintos niveles actuaron en asociación con grupos de delincuencia organizada, y la búsqueda de los estudiantes en escenarios distintos al basurero de Cocula o el Río San Juan.

Aún hay más preguntas que respuestas, pero las madres y padres de los 43 han sido contundentes: nunca más una solución apresurada y sin sustento; no más “verdades históricas”.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos de @FundarMexico.

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