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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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La opacidad contraataca
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
30 de junio, 2011
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Por: Ana Joaquina Ruiz Guerra, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar.

 

Podría parecer una necedad pero, ¿por qué las organizaciones de la sociedad civil insistimos en que las resoluciones de los órganos garantes -Institutos de Acceso a la Información- deben ser definitivas y obligatorias para los sujetos obligados (como las dependencias gubernamentales sujetas a la Ley de Transparencia)?

 

En realidad es una cuestión muy sencilla: los sujetos obligados por la Ley de Transparencia (es decir, todas las dependencias del Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos) deben hacer su trabajo en total transparencia. Otra vez, por ley, la información que estos sujetos emitan debe ser pública y accesible para los ciudadanos. Por supuesto, a la publicidad de la información se contemplan excepciones, como aquellos casos que contempla la propia ley y que comprometan la seguridad nacional, pongan en riesgo la estabilidad financiera o monetaria del país, o atenten contra la integridad de las personas y sus datos.

 

La premisa es que gracias a la transparencia se reducirán los niveles de corrupción, habrá un mejor manejo de las finanzas públicas, las instancias gubernamentales harán mejor su trabajo y los recursos que son para los ciudadanos, por vía de prestaciones sociales, llegarán a estos sin desvíos. En otras palabras, la acción del gobierno es pública (en el amplio sentido de la palabra), las consecuencias serán benéficas para la eficiencia del trabajo propio del gobierno. Dejaremos de lado aquí las cuestiones derivadas de la Rendición de Cuentas debido a que este es otro paso en la acción del gobierno, ya que constituye el salto entre la transparencia y que algo pase cuando se descubran las corruptelas e ineficiencias.

 

Este principio tan simple y fundamental parece resultar incómodo para diversas entidades gubernamentales e incluso servidores públicos, quienes no entienden que el carácter de su actividad es justamente público. En este sentido, les parece incómodo que su acción esté sujeta al escrutinio de los ciudadanos, medios de comunicación y otros actores políticos.

 

Ejemplo de lo anterior es el caso del Congreso Veracruzano, que pretende ahora quitarle la definitividad y obligatoriedad a las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Por increíble que parezca, después de un sinfín de golpes contra la transparencia propinados por actores políticos de todos los colores, este tipo de acciones son cada vez más frecuentes tanto a nivel federal como estatal.

 

Las razones tras la cultura del secreto no obedecen únicamente a la necesidad de ocultar actos de corrupción, también tienen que ver con la “necesidad” de resguardar el espacio de acción gubernamental de una forma patrimonialista. Es decir, que los servidores públicos no quieran dejar ver su trabajo por temor a perder su “espacio de poder”. O bien, tiene que ver con el temor a la crítica o a la represalia. También es justo mencionar que el problema de la falta de recursos humanos o personal para generar documentación o sistemas de información está presente en algunos casos.

 

Sin embargo, en un contexto democrático, el rol del gobierno implica un actuar transparente y limpio para beneficiar a la mayoría de los ciudadanos, quienes en teoría definen el rumbo de éste a través del ejercicio de su voto y del pago de impuestos para su manutención.

 

Si este principio es válido, ¿no debemos los ciudadanos seguir empujando por una mayor transparencia? Es alarmante que los gobiernos no comprendan que es necesario que como sujetos obligados deben cumplir con las resoluciones del órgano garante de un Derecho Humano fundamental, como lo es el Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esto se debe finalmente a que son justamente las dependencias gubernamentales, poderes y órganos autónomos quienes están obligados a cumplir con los principios de transparencia, no los ciudadanos –quienes por cierto podrían ampararse de creer que el órgano garante no está respetando su derecho fundamental.

 

Es decir, el Derecho de Acceso a la Información es un principio fundamental y un derecho de los ciudadanos en un contexto democrático. Si los ciudadanos son sujetos de este derecho, son los gobiernos quienes tienen que cumplirlo y los órganos garantes quienes se encargan justamente de garantizarlo. Así entonces, es sumamente preocupante que las Leyes de Acceso a la Información traten de impedir esta condición y que fomenten de nuevo, la cultura del secreto.

 

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