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Res Pública
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La paradoja de la seguridad
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
4 de agosto, 2011
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

 

Para atender el reclamo ciudadano ante la violencia y la inseguridad actual, el Gobierno federal ha implementado una estrategia de guerra que lejos de mejorar estas condiciones las ha empeorado, como muestra el creciente número de víctimas. Esta estrategia ha privilegiado el combate en las calles al desplegar a las fuerzas armadas y obligarlas a realizar tareas de seguridad pública.

 

Esta contradicción entre los medios empleados (la estrategia del combate a la delincuencia organizada) y el fin buscado (la seguridad) representa una paradoja que está en la raíz del fracaso de la propia estrategia. Tal y como plantea Hannah Arendt en su obra Sobre la violencia: “La verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medios-fin, cuya principal característica, aplicada a los asuntos humanos, ha sido siempre la de que el fin está siempre en peligro de verse superado por los medios a los que justifica y que son necesarios para alcanzarlo”. Claramente, en el caso de la lucha por la seguridad a través de la estrategia de guerra, los medios han superado al fin perseguido.

 

En este contexto fue que surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, convocado por Javier Sicilia, mismo que puso sobre la mesa las contradicciones de esta estrategia de seguridad y unió diferentes sectores de la sociedad civil bajo la consigna de “alto a la guerra”. A pesar de que este movimiento ha logrado importantes espacios de interlocución, el Gobierno federal no ha dado señales de estar cuestionando su propia estrategia.

 

Este es el caso de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que en estos momentos se discute. Esta reforma busca brindar un marco legal para que el Ejército continúe participando en labores de seguridad pública, lo cual conlleva en sí mismo un riesgo –ya que por su naturaleza, este órgano castrense no está preparado para asumir estas tareas–. Pero además, esta reforma a la ley introduce un marco conceptual, centrado en el concepto de seguridad interior que traslapa los ámbitos que atañen a la seguridad pública y a la seguridad nacional, que en lugar de determinar con precisión aquellas circunstancias que ameritarían la intervención de las fuerzas armadas, es tan vago que las deja al arbitrio del Ejecutivo. El presidente podría entonces hacer uso de las fuerzas armadas para enfrentar desde epidemias hasta conflictos sociales.

 

Es así que el proyecto de dictamen tal y como está redactado no sólo sostiene la continuidad de la estrategia de guerra hasta ahora implementada bajo una especie de estado de excepción –que sería la declaración de afectación a la seguridad interior– sino que pone en riesgo los derechos de la ciudadanía al no prever mecanismos de control civil que disminuyan las posibles afectaciones a los derechos civiles y políticos de la población.

 

La experiencia de casi un sexenio de combate a la delincuencia organizada nos muestra qué tan peligroso puede resultar el planteamiento exacerbado de la seguridad como un fin en sí mismo, en aras del cual hay que sacrificar incluso… ¡la seguridad!

 

El modelo de seguridad pública que privilegia la seguridad de las instituciones del Estado por encima de la población es un error que ha costado 50 mil vidas humanas. Los medios empleados se parecen demasiado al mal al que dicen combatir. Por eso no es suficiente “remendar” el pre-dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Es necesario construir un nuevo modelo de seguridad que supere la paradoja de la seguridad nacional a costa de la seguridad de la población –entendida como derecho a los derechos–. Sólo así será posible pensar una estrategia exitosa de combate a la delincuencia organizada y al mismo tiempo garantizar el pleno goce de los derechos humanos de todas y todos como marca nuestra Constitución.

*Visita el sitio Ciudadanía por la paz y justicia en México aquí

 

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