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Res Pública
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“La tarea” de la seguridad
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
1 de febrero, 2011
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana.

Hace poco menos de un año el presidente Calderón fue recibido en Ciudad Juárez por familiares de jóvenes asesinados y personas de la sociedad civil organizada con reclamos cargados de dolor e indignación en el foro “Todos somos Juárez – Reconstruyamos la ciudad”. En aquella ocasión, Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña, jóvenes asesinados el 31 de enero de 2010, se escabulló entre los elementos del Estado Mayor Presidencial y caminó hacia el presídium. Desde ahí confrontó al titular del ejecutivo: “Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos desde hace años y nadie ha querido hacer justicia. Juárez está de luto (…) Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia.”

En el mismo evento, Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, denunció: “vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, y exigió la salida del Ejército. Asimismo, Julia Monárrez, representante de la mesa social y reconocida académica y activista contra la violencia de género aseveró que en Ciudad Juárez hay un juvenicidio generalizado.

Desde entonces muchas cosas han pasado. En menos de un año hemos visto como crecen (a la par de las cifras de hombres y mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y en todo México) las declaraciones oficiales que defienden esta “guerra –ahora lucha– contra la delincuencia organizada”, y otras que exaltan los golpes asestados a las organizaciones criminales a través de la captura o “abatimiento” de varios de sus líderes y miembros. Basta escuchar las declaraciones vertidas recientemente por Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública y vocero de Seguridad, en el sitio web de la Presidencia.

El mismo Poiré afirmó que en 2010 ocurrieron 15,273 asesinatos relacionados con el crimen organizado, pero defendió la estrategia del gobierno federal con el argumento de que se ha debilitado a los diferentes cárteles y “se ha hecho la mitad de la tarea al detener o abatir a 51% de los líderes criminales más peligrosos”.

El mensaje que logro leer entre líneas como “beneficiaria” de la Estrategia Nacional de Seguridad es que “estamos ganando la guerra contra la delincuencia, lo que pasa es que no se nota con tantos muertos”. Frente a este panorama me pregunto: ¿con qué indicadores evalúa el gobierno federal el impacto de su lucha contra el crimen organizado?, ¿no debería ser el ejercicio pleno de todos los derechos –empezando por el derecho a la vida– la medida del éxito de una estrategia de seguridad? Las muertes de miles de personas, aunadas a las violaciones de los derechos humanos contra la población civil cometidas por militares y justificadas como “daños colaterales” en este conflicto armado contra la delincuencia organizada, demuestra el fracaso de una política totalmente alejada de la ciudadanía y centrada en la vía policial y militar.

En la práctica, esta guerra ha generado la devaluación de la vida humana. Si, como afirma Poiré, “se ha hecho la mitad de la tarea” y esto nos ha costado más de 15,000 en el último año, ¿cuántas vidas más costará terminar con esta faena?

Frente a la deshumanización, la voz de la sociedad civil es fundamental para afirmar el valor de la vida y, como Luz María Dávila frente a Calderón, dignificar la memoria de las víctimas, para desde ahí, redefinir las políticas de seguridad. De lo contrario, ¿qué más podemos hacer los ciudadanos?

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