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La tortura que persiste en México
La participación de policías estatales en la masacre de migrantes en Tamaulipas pone de relieve que estos crímenes atroces no han cesado y mucho menos la complicidad que existe entre miembros del crimen organizado y autoridades de los distintos niveles de gobierno para hacer posible la comisión de estas violaciones graves a derechos humanos.
Por Natalia Cordero
4 de febrero, 2021
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De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR), al 31 de diciembre del año 2019 la Fiscalía Especializada para Investigar el Delito de Tortura tenía 3,942 averiguaciones previas (sistema penal inquisitivo) de las cuales en 232 se determinó concluir la investigación por falta de elementos que acreditaran el delito, es decir, se determinó el no ejercicio de la acción penal y únicamente fueron llevados a juicio cinco expedientes en el periodo comprendido del 2018 al 2020; también se iniciaron 722 carpetas de investigación (sistema penal acusatorio) en las que en 107 se decidió no ejercer la acción penal, y sólo dos fueron judicializadas en el 2019 y dos más en el 20201.  Esto quiere decir que, en ambos sistemas penales menos del uno por ciento (0.1% y 0.5% respectivamente) de los casos ha sido llevado ante las instancias de justicia competentes, muchos de los cuales tienen que esperar largos años de investigación para poder lograrlo, lo que ha implicado dejar al desamparo de la justicia a miles de víctimas, negándoles además la posibilidad de acceder a una reparación integral.

Pese a lo revelador que resultan estos datos y la marcada impunidad en el tema, la narrativa oficial sigue negando la existencia de la tortura en México; basta recordar el discurso del presidente durante la entrega del Segundo Informe de Gobierno en septiembre del año pasado donde afirmó que en nuestro país “ya no hay torturas, desapariciones y masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea”. Nada más alejado de la realidad. Según una investigación basada en fuentes periodísticas recopiladas durante el año 2020 se reportaron 944 actos de tortura; 709 episodios de descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 672 masacres, y 519 casos de personas calcinadas.

Incluso, este año inició dando la nota roja pues el pasado 22 de enero se dio a conocer el hallazgo de una masacre ocurrida en el estado fronterizo de Tamaulipas, donde se encontraron 19 cuerpos de personas calcinadas, de quienes se ha señalado que hay una alta probabilidad de que pertenezcan a personas migrantes provenientes de Guatemala. A la fecha, de acuerdo con declaraciones del Fiscal General de la entidad, se ordenó la detención de 12 policías estatales por su probable participación en los hechos; por su parte el gobierno federal indicó el cese de un grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración ante sospechas de encontrarse también involucrados en este caso, hecho que pone de relieve que estos crímenes atroces no han cesado y mucho menos la complicidad que existe entre miembros del crimen organizado y autoridades estatales de los distintos niveles de gobierno para hacer posible la comisión de estas violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, estos sólo son algunos de los casos que salen a la luz dentro de los muchos contextos en los que se cometen actos de tortura y malos tratos en México.

Por ello, el próximo martes 09 de febrero a las 9:00 am diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura, la Red TDT y Fundar, estaremos en una mesa redonda titulada “Tortura y Crisis Sanitaria: Acciones urgentes para cumplir los compromisos internacionales y garantizar la integridad personal en tiempos de COVID-19”, la cual se realizará en el marco de la Misión Virtual de Seguimiento del Comité contra la Tortura (CAT) que actualmente se está llevando a cabo, en alcance a las recomendaciones realizadas en torno a las Observaciones Finales del Séptimo Informe periódico de México (CAT/MEX/7). El espacio tiene como objetivo abordar los obstáculos que han surgido en el marco de la pandemia y las medidas urgentes que deberían adoptar las autoridades nacionales para proteger a las personas y colectivos en riesgo; así como, abordar los desafíos que aún existen en torno al estado de implementación de la Ley General en Materia de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes a nivel local y federal, con especial énfasis en los grandes pendientes de esta Ley: la publicación del Programa Nacional para Prevenir la Tortura y del Registro Nacional de Víctimas de Tortura, y la aplicación adecuada del Protocolo de Estambul.

De igual manera, se hará referencia a las actuales propuestas de reforma a la Ley de la FGR y a la Ley General de Tortura, las cuales pretenden eliminar la competencia federal para conocer de casos que sean de la competencia local pero que cuenten con una recomendación de algún organismo internacional de derechos humanos, o que por la ineficacia de la investigación a nivel estatal las víctimas puedan solicitar la atracción al fuero federal, lo cual de aprobarse como está planteado implicaría un retroceso en el derecho de las víctimas a una instancia que investigue sus casos de manera independiente e imparcial.

La mesa redonda pretende acercarse a los distintos contextos en los que las organizaciones de la sociedad civil han documentado actos de tortura, tales como abuso policial y protesta social, así como contra personas privadas de la libertad y personas migrantes. El espacio busca compartir, visibilizar y generar insumos que serán enviados al CAT como parte del monitoreo de la situación de la tortura en México, y evidencia de que esta grave violación a derechos humanos sigue cometiéndose en nuestro país; y, sobre todo, como un llamado a las autoridades a dejar de negar la existencia de la tortura desde la narrativa oficial, pues mientras se siga ocultando en el discurso, poco podrá confiarse en el compromiso hecho en papel por parte del gobierno mexicano para erradicarla, más aún cuando en la práctica continúan diversos pendientes en torno a la implementación normativa y de políticas públicas, y el presupuesto sigue siendo deficiente.

*  Natalia Cordero (@NataliaCordero9) es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

 

 

1 Datos obtenidos de la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada “El combate a la tortura en México”, llevada a cabo el 4 de diciembre del 2020. Disponible aquí.

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