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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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La verdad como un derecho de las víctimas y de toda la sociedad
La persistencia de patrones sistemáticos que han permitido la comisión de violaciones de derechos humanos y abusos, donde los propios agentes del Estado mexicano se han visto comprometidos, muestra la dimensión más profunda y grave de una crisis de derechos. En el marco de dicha crisis, caracterizada entre otros fenómenos por la desaparición forzada de miles de personas, prevalece la deuda de justicia y verdad para las víctimas.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
21 de mayo, 2015
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Por: Miguel Moguel

Al hablar de la verdad y referirse a ella como un derecho, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos le ha descrito como la expectativa de conocer la veracidad sobre violaciones manifiestas a los derechos humanos –y violaciones graves al derecho internacional humanitario– de la manera más completa posible (en particular la identidad de los autores, las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron aquéllos).

En este sentido, la titularidad del este derecho es clara: asiste a las víctimas –así como a sus familiares–, pero también es un derecho de la sociedad en su conjunto en tanto que se encuentra vinculada con las obligaciones y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos. El reconocimiento y goce pleno del derecho a la verdad manda un poderoso mensaje que reitera la prevalencia del Estado de derecho por encima de la impunidad. Lo cual sólo es posible con investigaciones prontas y eficaces, con recursos efectivos y disponibles para todos y todas, con la sanción a los responsables y con la reparación integral del daño a las víctimas.

La persistencia de patrones sistemáticos que han permitido la comisión de violaciones de derechos humanos y abusos, donde los propios agentes del Estado mexicano se han visto comprometidos, muestra la dimensión más profunda y grave de una crisis de derechos. Esto lo podemos constatar en casos como los de Iguala o Tlatlaya. En el marco de dicha crisis, caracterizada entre otros fenómenos por la desaparición forzada de miles de personas, prevalece la deuda de justicia y verdad para las víctimas.

En días pasados el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un mecanismo designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asistir técnicamente al gobierno mexicano en torno a la búsqueda e investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. En su informe, el Grupo planteó una serie de recomendaciones que no sólo urgen al gobierno mexicano de avanzar en líneas de investigación que hasta el momento han sido ignoradas, sino además de motivar la acción inmediata de las autoridades y en especial, de retomar la búsqueda de los normalistas desaparecidos y que fuera suspendida inmediatamente después de que la Procuraduría General de la República (PGR) diera a conocer la verdad histórica de los hechos del 26 y 27 de septiembre.

En su afán por dar una respuesta –motivada principalmente por la presión política y mediática sobre el tema–, la PGR difundió una versión de los hechos que llamó “verdad histórica”, fundada principalmente en la confesión de los detenidos para el caso (sin siquiera mencionar el valor probatorio que pudieran tener las declaraciones de los presuntos inculpados en tanto que existe la presunción de que fueron obtenidas bajo tortura). Esta versión ofrece otras dificultades. La principal de ellas es que da por concluida una investigación que, como lo han señalado otros grupos incluyendo al GIEI, aún tiene muchas líneas de investigación posibles y que podrían despejar no sólo la realidad de los hechos, sino también la responsabilidad de agentes del estado mexicano.

La verdad, la justicia, la reparación y la garantía efectiva para que hechos como los de Ayotzinapa no se repitan en el futuro. Si bien en el horizonte intermedio la búsqueda de aquellos valores apunta hacia el reconocimiento del dolor de las víctimas, también guarda un componente pedagógico que tiene que ver con la reconstrucción de la confianza en las instituciones y en el estado de derecho. La verdad no sustituye el vacío de la ausencia de nuestros desaparecidos y desaparecidas, pero da elementos para empezar a transformar la realidad de nuestras instituciones y de sus prácticas que provocan y producen el daño.

 

@FundarMexico

 

OEA, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06) “El derecho a la verdad”.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) (2014), Derecho a la verdad en América. OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2 13 agosto 2014. Original: Español.

Recordemos que, en su momento, el Equipo Argentino de Antropología Forense y los representantes de las víctimas de los hechos de Ayotzinapa señalaron también una serie de inconsistencias y la falta de evidencia científica que sustentara la versión oficial de los hechos presentados por la PGR.

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