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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Las desapariciones y el papel del Estado
El Estado es el responsable de investigar, identificar y castigar a los responsables de la desaparición de miles de personas en México. Se lo debe a las víctimas y a sus familiares, además de una adecuada y necesaria reparación. Tienen presupuesto, ¿dónde están los resultados?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
28 de junio, 2013
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Por: Miguel Moguel 

Las desapariciones en México son, por mucho, una de las facetas más dolorosas de nuestra realidad contemporánea. Una realidad que comparten tristemente miles de familias en búsqueda de justicia y de verdad. Madres, padres, hijos, hermanos, amigos, todas ellas víctimas de la incertidumbre y del sufrimiento, enfrentan a menudo la insensibilidad e incapacidad de las instituciones que no logran articularse eficazmente para dar una respuesta mínimamente adecuada a sus demandas.

En este contexto, en mayo de 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la instalación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo objetivo principal es el de acelerar las búsquedas y favorecer mecanismos para que los familiares de las personas desaparecidas tengan acceso a la información y participen en la búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, el contenido de su mandato no se demuestra en los hechos, ya que el trabajo de la Unidad plantea grandes retos que atañen a la urgente necesidad de reforzar sus capacidades investigativas y de definir con claridad las funciones de ésta —más allá de la mera tarea de coordinación—, por mencionar algunos aspectos. Esto, antes de que las oportunidades se conviertan en amenazas dado el contexto y las tensiones que enfrenta con motivo de la problemática y del fenómeno que atiende.

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse qué le corresponde hacer a cada autoridad en materia de protección y garantía de los derechos humanos. Quizá debamos traer a cuenta la reforma Constitucional de derechos humanos que tuvo lugar en 2011, ya que representa un importante avance en la materia. Con lo cual podríamos superar los obstáculos que durante décadas han impedido, por un lado, el reconocimiento, la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país y por el otro, dificultado el cumplimiento de los compromisos que el Estado mexicano ha contraído frente a la comunidad internacional. En consecuencia, la reforma Constitucional supondría la incorporación del contenido y de los principios de derechos humanos en la norma secundaria y por tanto, en las prácticas y las lógicas institucionales.

El centro sobre el cual gravita esta reflexión —y sobre el cual se deposita este llamado urgente a la acción y a la proactividad—, se encuentra en las miles de personas desaparecidas en los últimos años en nuestro país y frente a las cuales, el Estado mexicano —es decir, todo el aparato público en su conjunto— es responsable. Ya que “en un Estado constitucional y democrático de derecho, […] los Estados están obligados a establecer las medidas necesarias para prevenir dichas violaciones, pero una vez vulnerados los derechos, se deben investigar e identificar a los responsables e imponer las sanciones pertinentes y asegurar a las víctimas una adecuada reparación”.

En el pasado reciente de la historia de nuestro país, podemos encontrar casos que ejemplifican los pocos alcances de estos nuevos estamentos burocráticos: este fue el caso de la FEMOSPP, la Fiscalía Especial creada para investigar las desapariciones durante la “guerra sucia” en México, donde fueron evidentes los obstáculos que enfrentó para acceder a documentos confidenciales resguardados en el Archivo General de la Nación pero en especial, a la falta de cooperación de la Justicia Militar —y a la escasa voluntad del gobierno federal— para el esclarecimiento de estos hechos. O también el de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas, cuya labor deja mucho que decir del trabajo del Estado para lograr prevenir y combatir la violencia contra periodistas. A la lista se puede añadir el de la FEVIMTRA, que ha sido incapaz de articular acciones efectivas que permitan el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, como fue el caso de Lydia Cacho y el de las mujeres denunciantes de tortura sexual en el caso de Atenco. En todos estos casos, además del uso del presupuesto público que representa su creación y operación, no acaban por lograr resultados satisfactorios en términos de coordinación efectiva para la investigación de delitos y de graves violaciones a derechos humanos.

Hay un innegable deber del Estado mexicano de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de desaparición y sus familiares, ante quienes habrá de dar cuenta de los resultados y de su trabajo en aras de una mayor protección y garantía de sus derechos.

 

Miguel Moguel es investigador del área de Derechos Humanos de fundar.



Obligaciones determinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C, núm. 4 (1988), párrafo 174.

 

 

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