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Res Pública
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Ley general de tortura, ¿fin de la tortura en México?
Aun y cuando la Ley contempla como uno de sus principios el de transparencia y rendición de cuentas, así como un registro nacional de víctimas de tortura, actualmente no existe una base de datos pública y oficial que de manera sistematizada permita conocer el estado actual de la implementación de la LGT.
Por Natalia Cordero
14 de noviembre, 2019
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México es un país abundante en leyes. De hecho, en los últimos años muchas de las leyes especializadas en materia de derechos humanos han ido adoptando algunos de los criterios más progresistas contenidos en el cuerpo normativo y la jurisprudencia internacional; sin embargo, ello no necesariamente se ha traducido en la efectiva implementación de las leyes en el ámbito nacional, ni mucho menos en una reducción considerable de los casos de violaciones a derechos humanos, como ocurre con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGT) promulgada en junio de 2017 con el fin de combatir la práctica generalizada de la tortura en nuestro país, así constatado por el ex relator Juan Méndez en su visita a México en el 2014.

Aun y cuando la Ley contempla como uno de sus principios el de transparencia y rendición de cuentas, así como un registro nacional de víctimas de tortura, actualmente no existe una base de datos pública y oficial que de manera sistematizada permita conocer el estado actual de la implementación de la LGT. Por esta razón, las organizaciones de la sociedad civil Centro ProDH, CEPAD, CMDPDH, Documenta y Fundar, con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, conjuntamos esfuerzos para construir la plataforma “sintortura.org”.

Dicha plataforma muestra a partir de 10 indicadores1 los avances, obstáculos y pendientes en el combate y erradicación de la tortura a nivel federal y en las 32 entidades federativas, a partir de un análisis comparativo del periodo que corresponde del año 2014 al 2018, con el fin de tener un amplio panorama previo y posterior a la promulgación de la LGT.

Las cifras son escalofriantes. Sólo por mencionar algunos ejemplos, de las 9,988 investigaciones iniciadas por el delito de tortura en el fuero federal del 2014 a 2018, tan sólo se emitieron 33 sentencias por parte del Poder Judicial de la Federación; es decir, apenas el 0.33% de las víctimas logran acceder a la justicia. En el mismo periodo, sólo fueron registradas 513 víctimas ante el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sólo 100 de ellas obtuvieron una reparación por parte de dicha institución, lo que significa que el 1% de las víctimas recibió solo una indemnización de tipo económica, ya que de los datos obtenidos por la CEAV no se advierte que la reparación haya sido integral.

Estos datos dan muestra de que la impunidad sigue imperando en nuestro país, particularmente cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos. Por ello, esta iniciativa de la sociedad civil es fundamental, pues es una herramienta que permite monitorear la actuación de las distintas autoridades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura en México, y con ello entender el fenómeno y su consecuente impunidad; además busca ser un insumo para la creación de estrategias que permitan hacer presión desde la ciudadanía para una mejor implementación de la LGT, pero sobre todo para erradicar esa terrible práctica.

Para conocer más no dejen de visitar sintortura.org

* Natalia Cordero es investigadora del programa de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad de Fundar

 

1 Los 10 indicadores son: 1) Investigación del delito de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (TPCID); 2) Sentencias del delito de tortura y TPCID; 3) Creación de instancias especializadas del delito de tortura y TPCID; 4) Peritajes médicos y psicológicos sobre tortura y TPCID; 5) Registro del delito de tortura; 6) Exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos; 7) Atención a víctimas y reparación del daño 8) Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; 9) Quejas y recomendaciones de organismos público de derechos humanos por tortura y TPCID; y, 10) Indicadores de transparencias y acceso a la información sobre tortura y TPCID.

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