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Res Pública
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Leyes de la Reforma Energética deben ser consultadas
De acuerdo con la propuesta de Ley de Hidrocarburos, el gobierno podrá obligar a los propietarios y poseedores de los terrenos, como pueden ser la comunidades indígenas, a ceder sus tierras ancestrales bajo una forma de despojo edulcorada, al que han denominado “servidumbre legal” o inclusive a través de la “expropiación”, para la explotación de combustibles fósiles.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
3 de julio, 2014
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Por: Edmundo del Pozo

Los pueblos indígenas deben ser consultados sobre cualquier medida administrativa o legislativa susceptible de afectarles. No se trata de un favor a las comunidades, sino de una obligación constitucional del Estado mexicano, cuyo incumplimiento tiene consecuencias legales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en los fallos recientes de la Tribu Yaqui y de los comuneros de Cherán así lo ha confirmado, y le está enviando señales claras al Gobierno de que no habrá impunidad ante la violación a este derecho. En pocas palabras, la consulta previa se ha vuelto un tema sumamente relevante en el país y los afectados indígenas recurren cada vez más a las instancias judiciales para demandar su defensa.

En este contexto, las iniciativas secundarias de la Reforma Energética que están a debate en el Legislativo pueden traer consigo graves impactos a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. La propuesta de Ley de Hidrocarburos, por citar un caso, otorga prioridad al desarrollo de esta industria sobre cualquier otro uso de los territorios. De esta manera, el gobierno podrá obligar a los propietarios y poseedores de los terrenos, como pueden ser la comunidades indígenas, a ceder sus tierras ancestrales bajo una forma de despojo edulcorada, al que han denominado “servidumbre legal” o inclusive a través de la “expropiación”. En este supuesto caben actividades como la explotación del gas shale -uno de los renglones que la Reforma impulsa con mayor fuerza– que ocasiona graves daños a la salud y al ambiente, a los que se sumaría el desplazamiento de los pueblos indígenas.

Por otra parte, la inclusión de “procedimientos de consulta” en la Iniciativa del Ejecutivo refuerza el criterio de que las disposiciones establecidas en este cuerpo legal pueden afectar a las comunidades indígenas. Además, la regulación misma de la consulta es un tema de principal interés para estos grupos. En suma, estamos ante una medida legislativa que debe ser consultada con los pueblos, de conformidad con los estándares internacionales aceptados por el Estado mexicano.

En este escenario, el Congreso está en la obligación de abrir un proceso de participación y consulta con las poblaciones indígenas antes de dar luz verde a este paquete legislativo. Sin embargo, como sucedió con la aprobación de la Reforma Energética, todo parece indicar que se continuará con una negociación a puerta cerrada entre los partidos políticos. De ser así, a los pueblos nos les quedará otra opción que la impungación judicial y la protesta.

 

* Edmundo del Pozo es investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

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