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Militarización: ¿cambiar o repetir la historia?
¿Acaso no hay una contradicción en el hecho de calificar el caso Ayotzinapa como crimen de Estado e impulsar la implementación del esquema militarista que vulneró a los estudiantes?
Por Alejandra Ramírez
22 de septiembre, 2022
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La tradición de los oprimidos nos enseña entretanto que

el “estado de emergencia” en que vivimos, es la regla.

Walter Benjamin,

Tesis de Filosofía de la Historia (fragmento, Tesis VIII).

 

El próximo 26 de septiembre se conmemora el octavo aniversario del ataque y desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Después del tiempo transcurrido, la transición del gobierno priista con Enrique Peña Nieto, al morenista con López Obrador, las y los familiares y la sociedad mexicana seguimos sin conocer la verdad y sin saber el paradero de quienes siguen en condición de desaparecidos. Esto a pesar de que el pasado 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en una conferencia diera a conocer el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa donde calificó lo sucedido como crimen de Estado.

Lo anterior se enmarca en el crucial momento que atraviesa el país en términos de seguridad con la reciente aprobación de la Cámara de Diputados de las reformas a la ley que permiten la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Situación ante la cual diversos colectivos de víctimas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, incluida Fundar, hemos fijado nuestra postura de rechazo a la militarización de la seguridad pública.

¿Acaso no hay una contradicción de raíz en el hecho de calificar un caso paradigmático como crimen de Estado, al tiempo que se impulsan las reformas para que se implemente el esquema militarista que vulneró a los estudiantes? El acontecimiento Ayotzinapa se inscribe en procesos de violencia político-militar más amplios y de larga data, tanto en la región de Guerrero como en otros estados del país, principalmente, en zonas empobrecidas, habitadas por población indígena y campesina que viven condiciones de exclusión y marginación social derivado de violencias estructurales históricas, situación que colegas antropólogas han documentado. 1

Desde una mirada histórica, el papel del Ejército en la producción de prácticas de violencia y graves violaciones a los derechos humanos se remonta a procesos del pasado que siguen abiertos debido a que los hechos no han sido esclarecidos y a la continuidad de la impunidad. Un periodo parteaguas que abrió los márgenes de la violencia sociopolítica en México se sitúa en la intersección que se dio durante la década de los 70 durante la denominada guerra sucia, como una estrategia contrainsurgente hacia disidentes políticos y con el enquistamiento y progresiva expansión del narcotráfico que desembocó en la denominada guerra contra el crimen organizado, como una estrategia de seguridad nacional de combate al narcotráfico. Los estragos sociales y los daños psicosociales en las víctimas de ambos contextos bélicos siguen vigentes, así como la permisibilidad-complicidad de algunas instituciones de seguridad y funcionarios públicos con redes criminales.

En ese sentido la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, como política nacional para hacer frente a la situación de violencia que atraviesa el país, es la implementación de un modelo militar como forma de gobierno para la administración de la (in)seguridad bajo un esquema de relación-continuidad entre prácticas de temor y control social 2 que, sin un esquema eficaz que garantice los derechos humanos –pues, al acreditar a las fuerzas armadas para realizar tareas civiles se normaliza la excepción y es justo esta condición la que de entrada permite la suspensión de garantías individuales– se traducirá en la producción de violencia y el tratamiento desigual de la misma.

Esto principalmente hacia sectores de la población que, por códigos étnicos, de clase y género, quedarán expuestos a formas de criminalización al constituir cuerpos y subjetividades que, como hilan los casos de Ayotzinapa, las víctimas de los 70 y otras poblaciones mestizas, además de compartir condiciones de precariedad y experiencias de violencia, no se ciñen al modelo político-económico establecido, sino que tienen otras formas de reproducción de la vida que parten de lógicas comunitarias o autónomas.

En ese tenor y en particular en lo referente a la desaparición forzada de personas, mientras no sean esclarecidos casos emblemáticos como Ayotzinapa, las detenciones-desapariciones de los años 70, y los casos contemporáneos donde las víctimas han señalado la participación de agentes de seguridad estatal, la contradictoria apuesta del Ejecutivo por el escenario bélico como vía para pacificar al país plantea una delgada y peligrosa línea que abre nuevos márgenes en la continuidad de la violencia a través del uso y abuso del poder por parte de las fuerzas armadas donde la sociedad en su conjunto, pero sobre todo la población más vulnerable quedará desprotegida. Esta situación lejos de favorecer procesos que abonen a cambiar la trágica historia en la que sigue sumergido el país, se perfila a ser repetida.

* Alejandra Ramírez (@AllejandraRam) es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

 

 

1 Los diversos trabajos de Aída Hernández y Mariana Mora, permiten comprender las graves violaciones a los derechos humanos en Guerrero, recomendamos Ayotzinapa: ¿Fue el Estado? Reflexiones desde la antropología política en Guerrero.

2 Para leer más, sugerimos el libro de Esteban Rodríguez Alzueta (2014) Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno, Editorial Futuro Anterior.

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