close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin... Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Fundar se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales. Síguelo en Twitter: @FundarMexico (Leer más)
Oaxaca: donde la violencia toca tierra
No es necesario estar a favor o en contra de las demandas magisteriales para darse cuenta de que en realidad, y en este país, las violaciones a los derechos humanos existen, y usualmente de manera grave.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
15 de julio, 2016
Comparte

Por: Andrés Marcelo Díaz Fernández 

La violencia toma tantas formas: se disfraza de justificación cuando se le aplica a personas y colectivos supuestamente “dañinos” para la sociedad; se esconde detrás de los discursos de quienes hablan de paz y orden, y se vive como rayo fulminante que cae en regiones específicas. Muchas y muchos podrán ver sólo un rayo lejano, podrán adivinar sus causas y sus lugares de caída, pero sólo quienes resienten el golpe podrán contar de ello de mejor manera.

La violencia estructural que se vive en México es una violencia que se nutre de la que se genera al reprimir personas y sus derechos. El poder que sirve para controlar la disidencia toma su cara más agresiva cuando se trata de hechos que han ido creciendo conforme se administran los conflictos. Hablo del pasado 19 de junio y la represión por parte de la Policía Federal que vivieron comunidades y maestros en Oaxaca.

 

Hace ya casi un mes, el movimiento magisterial en Oaxaca decidió emprender acciones de bloqueo de carreteras como parte de su estrategia de lucha en contra de la reforma educativa, tal como ha sucedido en Chiapas, Michoacán o Nuevo León, por decir algunas entidades. Aunque el gobierno federal es experto en administrar conflictos como este –es decir, llevar la intensidad a niveles sostenibles sin resolver el problema de fondo–, la presión realizada por una parte de la población para que el Estado tomara “acciones que pusieran orden” fue bien escuchada. Lejos de discutir la reforma educativa o abrir reales canales de diálogo sin condiciones extremas, pues el Estado tiene la obligación de dialogar con todos los sectores de la población, se envió a la Policía Federal para tratar de contener los bloqueos y manifestaciones a fin de que se dejaran de ocasionar daños a terceros. El resultado, como casi siempre en acciones similares, fue trágico: al menos 8 personas muertas y un gran número de personas heridas, muchas de ellas sin atención.

La mayor parte de las personas afectadas fue gente de las colonias aledañas que en algunos casos observaron las agresiones de la Policía y apoyaron al repliegue y en otros casos fue de manera fortuita. Como suele pasar también en estos operativos, las detenciones ilegales estuvieron a la orden y por desgracia, como ha sido ampliamente documentado en otras situaciones, mujeres fueron víctimas de abuso sexual durante el período de detención.

En un reciente informe preliminar sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en varios puntos del conflicto, el día 19 de junio de 2016 varias organizaciones de derechos humanos pudimos documentar que la Policía Federal sí llevaba armas desde el inicio; que las agresiones ese día fueron iniciadas por la misma institución; que algunos de los policías fueron quienes incendiaron algunos vehículos e incluso contribuyeron al saqueo de mercancías; que diversos helicópteros de la policía que sobrevolaban la zona aventaron una gran cantidad de bombas de gas lacrimógeno no solamente en los espacios donde se desarrollaba el conflicto sino dentro de las casas de la población de colonias aledañas, causando miedo general y acentuado en la población infantil; que la mayor parte de las mujeres detenidas entrevistadas fueron abusadas sexualmente de alguna u otra manera; que las detenciones fueron ilegales y se tuvieron que realizar distintas estrategias jurídicas para liberar a la gente lo más pronto posible. Que el conflicto avanza y su solución se estanca.

Como hace 10 años, Oaxaca volvió a resentir el conflicto y la tragedia. No es necesario estar a favor o en contra de las demandas magisteriales; no es necesario que se tenga un amplio y detallado conocimiento del complejo problema, y no es necesario creer lo que se dice en la prensa para darse cuenta de que en realidad, y en este país, las violaciones a los derechos humanos existen, y usualmente de manera grave. ¿A quién pertenece el derecho de privar de la vida a otra persona, de aterrorizar a la población, de detener arbitrariamente a personas y de abusar sexualmente de ellas? Eso no está escrito en nuestro derecho positivo, es decir, en los códigos, reglamentos y circulares. Está escrito, sobre todo, en una historia que se sigue repitiendo en tanto los canales de diálogo son fallidos o inexistentes.

 

* Andrés Marcelo Díaz Fernández es investigador del área de Derechos Humanos de @FundarMexico.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.