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Mal de muchos, consuelo de tontos #PanamaPapers
No podemos determinar la ilegalidad de las actividades de Mossack Fonseca con sus clientes mexicanos. No obstante, la desconfianza que provoca es enorme y pone en duda la fortaleza y la capacidad de las autoridades mexicanas de detectar la evasión de impuestos, el lavado de dinero o el desvío de recursos a través de compañías secretas extraterritoriales.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
6 de abril, 2016
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Por: Oscar Arredondo Pico

Aún no se puede conocer la dimensión del escándalo #PanamaPapers, pero se puede empezar por revisar la complejidad de las operaciones de la firma Mossack Fonseca, sus servicios y el sustento legal de la relación que tiene con las empresas Offshore y los personajes internacionales que podrían estar relacionados con la evasión fiscal, el lavado de dinero o el desvío de recursos, como recientemente se menciona en medios y redes sociales.

En lo individual todos los involucrados podrían tener uno o varios argumentos legales que los exima o justifique de cualquier responsabilidad, sin embargo las suspicacias de que políticos, empresarios, deportistas y hasta narcotraficantes converjan como clientes en un solo despacho en Panamá, el cual maneja una red de sociedades en otros países, nos muestra la eficacia de una firma en la labor casi artesanal de ocultar y habilitar fortunas.

Las operaciones reveladas dejan un estigma claro de corrupción e irregularidades fiscales tan evidente que sus consecuencias políticas y jurídicas se reflejaran, aún sin llegar al fondo de los asuntos, en dimisiones, pesquisas, reformas así como en la renovación de estrategias fiscales para quienes continúen en el negocio de ayudar a evadir impuestos o esconder riquezas.

Es común la utilización de figuras legales con fines ilícitos para desviar recursos públicos, lavar dinero y evadir o eludir impuestos. El entramado es complejo de revelar, pues implica la apertura de fideicomisos y la realización de actos corporativos y financieros en todas partes del mundo, en particular en paraísos fiscales. Ante el escándalo es casi imposible dejar de ver la otra cara de la moneda: la injusticia distributiva y fiscal del mundo. Mientras un puñado de personas mueve a escondidas montos económicos monumentales con el fin de esconderlos de las autoridades tributarias o fiscalizadoras, hay 2,200 millones de personas, según cifras del Banco Mundial, que subsisten con apenas tres dólares diarios.

Las revelaciones dadas a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de forma simultánea en distintos países, pueden hacernos perder el enfoque local, pues el drama de esta novela alcanzó a personalidades de todo el orbe como la estrella del fútbol Lionel Messi o a jefes de estado como el Presidente Ruso Vladimir Putin o de Argentina Mauricio Macri.

Sin embargo en México, muchos de los nombres que se mencionan han sido vinculados anteriormente con otros escándalos que no tuvieron consecuencias en el terreno judicial. Sin presumir su responsabilidad, es curioso que los relacionados con los #PanamaPapers han estado vinculados con investigaciones o hechos en los que se presumieron irregularidades o actos de corrupción. O se trata de coincidencias, o los personajes y empresas señalados tienen un comportamiento recurrentemente propenso a lo irregular. En México las investigaciones periodísticas difícilmente detonan el actuar de las autoridades, es común que la ventilación de escándalos no trascienda a los medios de comunicación y se atiendan de forma efímera hasta que otro evento sustituye el interés del público.

Litigar en medios de comunicación ante coyunturas noticiosas hace previsible la dinámica de que los involucrados argumenten ante la opinión pública su inocencia y la legalidad de sus actos, sin que esas declaraciones se den en el marco de investigaciones formales. No podemos determinar la ilegalidad de las actividades de Mossack Fonseca con sus clientes mexicanos, no obstante la desconfianza que provoca es enorme y pone en duda la fortaleza y la capacidad de las autoridades mexicanas de detectar la evasión de impuestos, el lavado de dinero o el desvío de recursos a través de compañías secretas extraterritoriales.

Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que actualmente se discuten en el Congreso deberían de atender el actuar de las autoridades en temas de corrupción frente a investigaciones periodísticas con evidencias, a fin de que en realidad se detonen exhaustivas indagaciones a partir de la divulgación de hechos concretos, en particular si estos se relacionan con proveedores de infraestructura en el gobierno, funcionarios o exfuncionarios públicos y demás personas relacionadas directa o indirectamente con políticos y servidores públicos.

La situación hace apremiante insistir en la importancia de que se presenten y hagan públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de los servidores públicos. La publicidad de dichas declaraciones sería un instrumento dentro de un sistema más complejo, que puede ayudar a limitar y detectar este tipo de anomalías, aunque es importante señalar que no las resuelve si no hay investigaciones profundas por parte de las autoridades que tienen esa función.

Por lo pronto el mayor problema que se asoma junto a la noticia, es la legalidad de las operaciones con el despacho en Panamá, justificación que no puede dejarse pasar, pues el mayor triunfo de la corrupción es llevar lo ilegítimo, lo injusto y lo inmoral al terreno de la legalidad. Ante esta advertencia no debemos bajar la guardia con el argumento de que la evasión de impuestos, el lavado y el desvío de recursos son cosas que pasan hasta en los países más desarrollados, recordemos que mal de muchos es consuelo de tontos.

 

* Oscar Arredondo Pico es investigador de @FundarMexico

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