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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Por el derecho a conocer nuestros derechos
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
6 de julio, 2011
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Por: Diego de la Mora Maurer, Investigador del Área de presupuestos y políticas públicas de Fundar.

 

El derecho a recibir información implica que las y los ciudadanos tienen que ser informados en donde viven y puedan enterarse de los asuntos relevantes para su vida cotidiana ¿Será el caso de un mexicano que vive en una zona rural a la que no llega la televisión o las radios tradicionales? ¿Y si este mexicano no habla ni entiende el español, cómo se entera de las políticas y programas que le atañen? ¿Cómo pueden ejercer sus derechos las personas que no los conocen?

 

La respuesta es, en la mayoría de los casos, que los ciudadanos a los que no se les informa sobre sus derechos no los pueden ejercer. Si uno no sabe que tiene derecho a afiliarse al programa Oportunidades o al Seguro Popular, o que puede sacar su credencial para votar y ejercer su derecho a elegir quién le gobierne, queda excluido de la posibilidad  de acceder a las políticas y programas de las que depende el ejercicio de sus derechos humanos.

 

Este escenario está lejos de la comprensión de quienes vivimos en las grandes ciudades: tenemos acceso a una gran cantidad de medios de comunicación y podemos enterarnos de nuestros derechos en la televisión, la radio, los periódicos, el cine, etc. Pero lo anterior no ocurre en muchas de las comunidades rurales de nuestro país por diversas razones: en algunos casos la situación geográfica hace que las personas no puedan acceder a la información más básica porque los medios de comunicación comerciales no llegan hasta donde viven. En otros, no existen medios de comunicación que hablen el idioma de las personas…

 

Existen mejores escenarios: una radio comunitaria llega a esos lugares remotos y difunde sus programas en la lengua indígena de esas comunidades. Tal es el caso de La Voladora, una radio comunitaria que está en Amecameca, en la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Sin embargo, no puede promover información básica para que sus radioescuchas ejerzan sus derechos humanos.

 

El año pasado La voladora solicitó a la Secretaría de Salud (SSA) que le asignara publicidad oficial. La SSA negó dicha solicitud con el argumento de que “busca medios de amplia cobertura”  y que La Voladora no cubre las expectativas que tiene la SSA para difundir sus programas. La radio se amparó ante el Poder Judicial y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en dónde hoy se juzga este caso que tiene implicaciones importantes no sólo para La Voladora, sino para el derecho a la información de todas las y los mexicanos.

 

El derecho humano a la información es importante por dos cosas: porque es un derecho acceder, difundir y recibir información, pero también porque nos permite o impide acceder a otros derechos. En otras palabras, si una persona no sabe que tiene el derecho a la salud, que es su derecho acceder al más alto nivel posible de salud física y mental y que el Estado tiene la obligación de garantizarle este derecho hasta el máximo de sus recursos disponibles, es difícil que pueda ejercer ese derecho.

 

En 2010, se gastaron en México casi 5,000 millones de pesos en publicidad oficial. Esta forma de comunicación social o gubernamental es una de los canales más directos que tienen los gobiernos para promover los derechos humanos y las políticas públicas que implementan para que las personas puedan ejercerlos.  Ni uno solo de esos pesos se asigna a las radios comunitarias.

 

Las audiencias que sólo tienen acceso a estos medios de comunicación alternativos están siendo discriminadas de recibir información gubernamental básica para ejercer sus derechos humanos. La sentencia de la SCJN puede ser una directriz para que la publicidad oficial se asigne de manera clara y transparente, sin discriminar y vulnerar el derecho de información de las audiencias de La Voladora. Además, puede contribuir a que los poderes ejecutivo y legislativo incorporen las mejores prácticas a nivel internacional en el marco normativo y en las políticas públicas para asignar publicidad oficial.

 

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