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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Por el derecho a la diferencia
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
3 de mayo, 2011
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Por: Ximena Antillón, Investigadora del Área de derechos humanos y seguridad ciudadana

 

Para la cátedra de derecho penal

En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas.  Allí encontró a un indio tzotzil, que había degollado a su padre y había sido condenado a treinta años de prisión. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles, cada mediodía, a su hijo encarcelado. Aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena

paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada parricidio.

Eduardo Galeano

La situación descrita por Galeano ha cambiado poco o nada desde entonces. A pesar de que el Estado mexicano cuenta con un marco normativo que reconoce la composición pluricultural de la nación, en la práctica estamos muy lejos de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.  El racismo y la discriminación perviven y se muestran con toda su fuerza en las dificultades que enfrentan las personas indígenas, individual o colectivamente, para acceder plenamente a la justicia.

En el Informe sobre el estado que guardan los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en el sistema de procuración y administración de justicia en Oaxaca”, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), con la colaboración de Fundar Centro de Análisis e Investigación, realizó un estudio sobre la evolución normativa que han tenido los derechos lingüísticos de los indígenas y el nivel de garantía con el que cuentan en la práctica.

El CEPIADET plantea en este documento un cambio de paradigma de la mirada asimilacionista que ha influido las políticas indigenistas en México, hacia el enfoque de derechos. En este sentido, el informe señala:

“El enfoque del presente informe trata a las personas indígenas como ciudadanos con derechos específicos, cuya legitimidad viene de la historia político-cultural de nuestro país y no de su condición social marginal. Es por eso que abordamos los derechos lingüísticos no como un problema de comunicación de las personas indígenas que deriva en una necesidad institucional, sino como efectivamente un derecho que tienen las personas que hablan una lengua reconocida por el sistema jurídico nacional ante sus instituciones”.

Desde esta perspectiva, en lugar de responsabilizar a los pueblos indígenas de las dificultades que enfrentan frente al sistema de procuración y administración de justicia por no saber español y tener sistemas normativos diferentes (en última instancia, por ser indígenas), CEPIADET se ocupa de analizar la labor de diversas instituciones federales y estatales, y de los funcionarios concretos, encargados de implementar mecanismos para el respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. En sus propias palabras, “los problemas relacionados con la diversidad lingüística no parten de la condición de los sujetos indígenas, sino de la visión de los funcionarios y de la estructura de las instituciones”.  En concreto, la interpretación y traducción en espacios judiciales no es sólo una condición para garantizar el debido proceso, sea cual sea el carácter procesal de las personas indígenas involucradas (indiciados, procesados, demandantes, testigos, denunciantes o víctimas), sino un derecho del sujeto hablante de lengua indígena en un país que constitucionalmente se reconoce como pluricultural.

A través de una amplia revisión del marco normativo nacional e internacional,  171 solicitudes de información, 29 entrevistas con funcionarios públicos y operadores de justicia a nivel federal y estatal y 17 entrevistas a traductores e intérpretes en 5 regiones de Oaxaca, CEPIADET logra dar cuenta la inobservancia de estas disposiciones. No sólo eso, el informe además explica que esta carencia obedece a diversos factores, entre ellos una estructuración inadecuada de las instituciones públicas que no han asumido el carácter pluricultural del país, lo que a su vez genera indolencia y falta de voluntad política de los funcionarios públicos cuyas conductas que, a pesar de ser incongruentes con las leyes, definen el rumbo de las instituciones.

Ante esta realidad se hace indispensable un cambio sustantivo en la mentalidad de jueces y otros funcionarios así como una consistente política pública que implique recursos, acciones y coordinación. Esto permitiría transformar un sistema de justicia obsoleto y discriminatorio en un verdadero modelo de justicia intercultural que responda a las necesidades de una sociedad diversa.

 

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