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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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¿Puedes guardarme un secreto?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
29 de junio, 2012
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Por: Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas.

 

En 2007, la Secretaría de Hacienda anunció la cancelación de $73 mil 960 millones de pesos en Créditos Fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno Federal decidió suspender el cobro de contribuciones que tenía derecho a percibir por parte de los contribuyentes beneficiados con esta medida.

Cancelar créditos fiscales no implica dar por saldada la deuda, en este caso se suspenden las acciones que pudiera ejercer la autoridad tributaria para exigir el pago de contribuciones. No se condona la obligación, queda abierta la posibilidad de que un día de suerte el deudor llegue de buen ánimo a Hacienda y salde su adeudo, cosa que parece difícil pero no imposible.

De acuerdo con la información oficial que ha sido publicada, de esos casi $74 mil millones de pesos, el gobierno dejó de cobrar 15 créditos que van de 100 a 500 millones de pesos. A 166 contribuyentes se les canceló el cobro de créditos que van de los 25 a los 100 millones; a mil 729, se les canceló el pago de adeudos que oscilan entre los 5 y 25 millones de pesos; y 8 mil 843 créditos, que van de 1 a 5 millones.

Si bien es cierto que la Ley de Ingresos para 2007 contempló la posibilidad de suspender el cobro de los créditos fiscales cuando le resulte incosteable o imposible, lo es también que no ha sido posible conocer las razones por las cuales el SAT los consideró así. ¿Porqué tomó esa decisión?

La negativa del SAT por dar a conocer la información ha sido reiterada a más de una peticionaria de 2009 a la fecha, bajo al argumento de que se trata de información protegida por el llamado secreto fiscal contemplado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Para Fundar, esa resistencia significó la oportunidad para interponer un amparo en contra de la autoridad tributaria por considerar que el secreto fiscal viola el principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 6 constitucional y el principio de transparencia en el ejercicio del gasto público. La concepción holgada que dispone el artículo 69 del CFF sobre lo que debe de entenderse por “secreto fiscal” se opone precisamente al derecho de acceso a la información y al principio de máxima publicidad consagrados en la Constitución.

Esa opacidad genera condiciones adversas a la transparencia y la rendición de cuentas, como puede ser el escenario indeseable de que a través del secreto fiscal se pueda proteger el abuso de poder, la negligencia o la corrupción en el gobierno, o que aducirlo impacte en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y por ende, afecte al gasto público.

El amparo fue negado en primera instancia, por lo que acudimos ante un tribunal colegiado para solicitarle que remitiera el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues buscamos que ésta declare la inconstitucionalidad del artículo 69 del CFF.

Consideramos que el secreto fiscal es una institución normativa necesaria, no obstante debe de modificarse para que la reserva de la información sea la excepción y no la regla. Pues su aplicación, lejos de servir a los contribuyentes, se puede convertir en una barrera impenetrable que nos impida conocer la razón de las decisiones de la autoridad tributaria, decisiones que impactan en las finanzas públicas y por lo tanto afectan a toda la población. Nos interesa insistir en que el conocimiento de estos beneficios fiscales es un asunto de interés público.

Nuestro marco normativo contempla otros secretos como el bancario y el fiduciario. Su concordancia con el principio de máxima publicidad, tanto en su definición normativa como en su interpretación y aplicación, debe de estar garantizada.

Nadie pone en duda, por ejemplo, la pertinencia de que el órgano de fiscalización electoral pueda conocer la información comúnmente protegida por los secretos bancario, fiduciario o fiscal cuando se trata de realizar investigaciones relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos y candidatos. Como puede verse en este caso se pone por encima el interés público que el derecho a que otorga la ley de mantener protegida información específica.

Mientras se libra la batalla legal, el pleno del IFAI ordenó al SAT (ya por cuarta ocasión) que informe sobre los beneficiados, los motivos de la generación y cancelación del crédito fiscal y el monto del crédito. A esto se le suma que la SCJN tiene ya en su agenda el tema y tendrá que resolverse en poco tiempo.

Así bien, a pesar de la negativa del gobierno, hay esperanzas de que el interés público prevalezca y se determine, en consecuencia, que la información que se ha solicitado no es susceptible de estar protegida por el secreto fiscal. Además, mantenemos aún la esperanza de que un día de suerte el deudor beneficiado con la cancelación de su crédito fiscal de 500 millones de peso, llegue de buen ánimo a las oficinas de hacienda y salde su adeudo.

 

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