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Qué celebrar en el día de los pueblos indígenas
La 4T generó ciertas expectativas de avanzar en una relación distinta con los pueblos indígenas. Sin embargo, promesas como la Reforma Constitucional que propone un mejor piso para el disfrute de derechos colectivos sigue sin ver la luz.
Por Edmundo del Pozo
7 de agosto, 2020
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En víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el próximo 9 de agosto, merece la pena repasar los grandes pendientes del Estado mexicano para hacer efectivos los derechos de las poblaciones indígenas en nuestro país. Diversos mecanismos internacionales, comunidades y organizaciones han puesto datos rojos sobre el tema y han recomendado cambios sustanciales en las siguientes cuestiones:

Paternalismo de Estado, discriminación legal y extractivismo

Aunque la constitución vigente pareciera agrupar un conjunto importante de derechos en materia indígena, lo cierto es que subsisten serios problemas de fondo, planteados desde los Acuerdos de San Andrés. Uno de los más reiterados ha sido considerar a los pueblos sujetos de interés público, por lo que se mantiene una visión tutelar del Estado y de minoría de edad hacia éstos que les impide ser sujetos con capacidad legal plena para efectuar actos como cualquier persona moral y colectiva. En esta misma línea, el reconocimiento como pueblo indígena y los alcances de sus derechos como la libre determinación y la autonomía quedan supeditados al arbitrio de las entidades federativas produciendo una suerte de discriminación legal, como advirtiera el intelectual mixteco Francisco López Bárcenas.

La legislación secundaria es reflejo, además, de un conjunto de políticas neoliberales lesivas a los derechos de las comunidades. Dos casos emblemáticos son la Ley Minera y las leyes de la Reforma Energética, actividades consideradas de “carácter preferente” sobre otros usos de los territorios, incluyendo labores de subsistencia y de reproducción de la vida comunitaria. Ello posibilita, a su vez, la aplicación de mecanismos de ocupación superficial de sus territorios, como la “expropiación” y “servidumbres legales” para asegurar la operación de proyectos aun en contra de la libre determinación de las poblaciones.

Otro tema de actualidad versa en torno a la regulación de la consulta indígena, debido a un fallo reciente de la SCJN que ordenó al poder legislativo promover una ley en la materia, así como por otras iniciativas que se cocinan en la Cámara de Diputados. El llamado derecho a la consulta previa ha sido por mucho el más visible de la agenda indígena de los últimos años, al punto de desplazar la centralidad de derechos claves como la libre determinación, la autonomía y al territorio, y a razón de la feroz agenda neoliberal esparcida por territorios indígenas. En este sentido, pretender paliar los atropellos del modelo económico en contra de las comunidades regulando un “buen” procedimiento de diálogo donde se terminen por validar proyectos que ya han sido decididos, como indica la experiencia mexicana, no parece ser la mejor receta.

Violencia estructural, redes de corrupción y criminalidad

A las falencias de la normativa se suma la falta de acceso a derechos básicos como agua, salud, educación, trabajo, alimentación y vivienda. La mayoría de los municipios con población indígena se encuentra en situación de pobreza extrema. El panorama se agudiza con la pandemia que comienza a cobrar vidas al interior de las comunidades. En algunos casos hasta obligadas a ponerse en aislamiento voluntario, o por el contrario a tener que seguir trabajando para susbsistir.

El contexto de violencia estructural se agrava con la invasión de proyectos de “desarrollo”, las agresiones y asesinatos en contra de defensores y defensoras del territorio, y los ataques en contra de los sistemas normativos y las estructuras de toma de decisión tradicional de los pueblos. En estos fenómenos se entrelazan gobiernos, empresas, y crimen organizado formando redes criminales de corrupción e impunidad. Para botón de muestra basta mencionar los trágicos hechos de San Mateo del Mar que dejaron en luto al pueblo Ikoots del Istmo de Tehuantepec ante una total desatención del conflicto y de medidas mínimas de protección por parte del Estado en todos los niveles. Si se miran las causas reales del drama que aún viven, se develan todos los factores antes mencionados.

Indefensión ante la justicia

La discriminación se perpetúa ante la ausencia de una justicia pronta y efectiva cuando las comunidades acuden a defender sus derechos. Pasa desde lo inasequible que resulta costear una buena asistencia legal –a veces compensada por el apoyo de organizaciones y abogados solidarios–, hasta la injusticia manifiesta de sentencias que palidecen ante el poder político y económico donde no se les garantizan sus derechos fundamentales. En el mejor de los casos se les termina ofreciendo una consulta que a la postre es incumplida por las autoridades, como bien ejemplifican los fallos de la Tribu Yaqui vs el Acueducto Independencia o del pueblo Maya vs la soya transgénica de Monsanto. En las peores versiones llegan incluso a validar simulaciones de consultas como las de Eólica del Sur en la comunidad zapoteca de Juchitán aunque fuese contraria a tratados internacionales.

La 4T y la deuda pendiente

En medio de este crudo escenario, la 4T generó ciertas expectativas de avanzar en una relación distinta con los pueblos. Sin embargo, algunas de sus promesas centrales como la Reforma Constitucional promovida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que propone un mejor piso para el disfrute de derechos colectivos, sigue sin ver la luz, mientras la puesta en marcha del Tren Maya y el corredor Transístmico avanzan aun en tiempos de pandemia y mediante prácticas que no distan mucho de las pasadas administraciones.

En contrapartida es justo señalar que los tres o cuatro megaproyectos de la 4T en menos de dos años de la gestión de López Obrador han adquirido más celebridad que los más de 800 proyectos mineros y las grandes porciones del territorio mexicano entregada a las corporaciones en los periodos neoliberales para construir represas, hidroeléctricas, parques solares y eólicos, complejos turísticos y actividades de agroindustria extensiva, que a la fecha siguen vulnerando derechos de las comunidades sin haber tenido nunca ese foco de atención pública. De igual forma, si bien la Reforma Energética sigue intacta en la ley, en los hechos se ha dado un cambio de orientación trayendo consigo la cancelación de las rondas de licitación en hidrocarburos y las subastas de energía eléctrica, además de intentar ponerle un freno al modelo de renovables de gran escala que tanto despojo y violencia ha dejado en territorios indígenas del Istmo o de la península de Yucatán.

A pesar de estos matices, se continúa impulsando un modelo extractivista fósil, si bien ahora desde una lógica desarrollista-nacionalista. Dicho enfoque está lejos de traducirse en una relación de nuevo tipo hacia los pueblos Indígenas. La “brecha de implementación”, denunciada en vida por Rodolfo Stavenhaguen, sigue abierta y sangrando, y por tanto la concreción de un auténtico Estado Pluricultural. En medio de la turbulencia las comunidades mantienen sus luchas cotidianas e históricas por hacer valer su libre determinación.

* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

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