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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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¿Quién se esconde detrás de las cifras?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
9 de mayo, 2012
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Por: Justine Dupuy, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar

“De acuerdo a datos publicados por Fundar, entre el 2005 y el 2010, el gobierno del Estado de México gastó en Comunicación Social 646.6 millones de pesos“. Esta fue una de las frases que leyó Carmen Aristegui en su noticiero matutino de MVS Radio durante la emisión del 7 de mayo. Se trataba del extracto de un documento llamado “Sobre la acusación de Andrés Manuel López Obrador hacia el candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto y la supuesta relación con los medios de comunicación” que el equipo de campaña de este candidato entregó a la periodista para justificar los gastos en publicidad oficial del entonces gobernador. Sobre este documento, como responsable del proyecto de Publicidad Oficial en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, considero conveniente hacer algunas precisiones.

Primero, me gustaría contarles la historia completa de este proyecto para poner fin al manoseo de los números. En 2010, dos organizaciones de la sociedad civil, Fundar y Artículo 19, emprendieron un proyecto conjunto con la finalidad de mostrar y denunciar los abusos que algunos gobiernos hacen con recursos públicos destinados a comunicación social y publicidad oficial en el país. La información generada por el equipo de trabajo de estas organizaciones busca promover el debate público sobre el impacto del mal uso de la publicidad oficial y cómo afecta esto al acceso a la información y la libertad de expresión de la ciudadanía.

Pues bien, entre julio y noviembre del 2011, el equipo de Fundar y Artículo 19 empezamos la segunda fase del proyecto (la primera fue el gasto del gobierno federal): realizamos un diagnóstico sobre el acceso a los gastos de publicidad oficial en los estados a través de la sistematización de datos obtenidos vía solicitudes de información. Aquí se pueden consultar los resultados.

En el caso que nos toca, el del Estado de México, el equipo de Fundar realizó una solicitud de información, la 00025/CGCS/IP/A/2011, a la Coordinación General de Comunicación Social de aquella entidad para conocer sus gastos en publicidad oficial. Dicha coordinación respondió el 23 de agosto de 2011 y entregó seis documentos en formato PDF que detallan los gastos de comunicación social por proveedores y por tipo de medios. Estos archivos fueron integrados sin modificaciones a la página Publicidadoficial.com.

Es decir, toda la información disponible en esta página se nutre directamente de los datos oficiales que se obtuvieron a partir de solicitudes de información. Ninguna de estas bases de datos o cifras fueron modificadas o alteradas de manera alguna por parte del equipo para su presentación. En otras palabras, la cifra de 646.6 millones de pesos se obtuvo directamente de la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de México.

En otras palabras, la autenticidad y veracidad de los datos es responsabilidad única y exclusivamente de las entidades federativas que entregaron dicha información. Ahora bien, ya sabemos quien es la fuente oficial de estas cifras pero quedan algunas dudas: ¿Para qué sirvió este dinero? Y, ¿son estas cifras realmente confiables?

Lamento decirles que no tengo la respuesta, solo reflexiones propias y algunas evidencias de especialistas en el tema. Tomemos por ejemplo el caso de las afirmaciones de Jenaro Villamil en el artículo “Manipulación Informativa, Negocio Publicitario” publicadas en el semanario Proceso el 24 de octubre de 2005. Según este periodista, dichas cifras son solo la punta del iceberg. Al investigar sobre el tema, Villamil se basó en un plan de trabajo elaborado por especialistas de TV Promo para difundir la siguiente información: “tan solo durante el primer año (2006), el erario del Estado de México le destinará a Televisa, a través de TV Promo y Radar, 742 millones de pesos, de los cuales 691 millones serán para spots y para la compra de espacios en sus noticieros y en programas de espectáculos”. Lo menos que se puede decir es que las cifras oficiales y las de Jenaro Villamil no concuerdan.

Por otro lado, Fundar y Artículo 19 pudimos comprobar que existe un verdadero problema estructural común a todos los estados en materia de gasto en comunicación social. El ejercicio de estos recursos es invariablemente opaco y existe una ausencia total de regulación. En efecto, el resultado del diagnóstico que hicimos es poco alentador: un tercio del total de los estados del país no entregó ningún tipo de información, otro tercio entregó solo el total de los gastos ejercidos por año sin ningún tipo de desglose, y solo diez entidades entregaron información desglosada del gasto en comunicación (con una especial mención para Colima y Sonora, dos estados que obtuvieron cinco estrellas, la mejor calificación).

En el caso del Estado de México, a pesar de una respuesta amplia, no podemos saber bajo qué concepto se gastó este recurso. Entonces, significa que somos incapaces de saber si este dinero sirvió para informar a los mexiquenses de sus deberes y derechos o si se usó para ensalzar los logros del entonces gobernador Peña Nieto. La única información que nos puede dar un poco de luz sobre el tema es la lista de campañas que nos proporcionó la misma entidad.

Esto nos lleva a afirmar que urge que los estados transparenten y regulen el uso de los recursos destinados a la publicidad oficial. Sin transparencia y sin marco normativo adecuado, se corre el riesgo de que esta bolsa de dinero multimillonaria (17 entidades se gastaron en este rubro un total 2,518.4 millones de pesos solo en 2010) se use para influir en el contenido de los medios de comunicación. Es decir, los gobiernos en turno condicionan la entrega de la publicidad oficial a las líneas editoriales de los medios.

Este grave problema ha llegado incluso a organismos internacionales: durante su visita oficial a México en 2010, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión recomendaron regular la asignación de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno en México. A dos años de estas recomendaciones, ninguna iniciativa de ley ha sido dictaminada ni aprobada.

Es así que desde Fundar hacemos un llamado a los candidatos para que, en lugar de bombardearnos con una guerra de las cifras y acusaciones sobre gastos excesivos en publicidad oficial, integren en sus propuestas de gobierno la regulación y la transparencia de los gastos en comunicación social y publicidad. Así acabamos con estas inercias y malas prácticas, y evitamos que en el futuro los políticos se escondan tras sus propias cifras.

 

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