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Res Pública
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Reflexiones sobre los impuestos condonados
Dejar de cobrar, y en su caso eximir del cobro a una persona física o moral, debería responder a razones claras y específicas (la quiebra o la muerte del contribuyente, apoyar a un sector productivo de la sociedad o después de un desastre natural con el fin de apoyar la economía de la zona afectada). Pero no debería perdonarse el pago de impuestos por razones inciertas o atribuibles simplemente a la incapacidad recaudatoria de la autoridad tributaria.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
16 de enero, 2014
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Por: Óscar Arredondo Pico

En la reforma hacendaria del año pasado se modificó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación a efecto de que se pudieran conocer diversos datos relacionados con los contribuyentes incumplidos y su situación ante la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, a partir de este 1° de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer en su página de internet el nombre, RFC y razón social de contribuyentes con adeudos firmes; los que no han pagado o garantizado su deuda; los imposibles de localizar en su domicilio; los sentenciados por delitos fiscales, y los que emiten facturas apócrifas.

Sin embargo, el SAT omitió publicar una relación: la de los contribuyentes cuyos créditos fiscales han sido objeto de cancelaciones o condonaciones. La autoridad señaló que esta última lista se comenzaría a elaborar a partir de 2014. La razón que el SAT argumentó para no revelar a los beneficiados de esta política fue no aplicar la nueva disposición hacendaria retroactivamente en perjuicio de los particulares que están en ese supuesto. Dicho argumento es tan debatible que la propia Procuradora de la Defensa del Contribuyente se ha pronunciado en distintos medios de comunicación para que estas listas se publiquen de la misma forma en la que se dieron a conocer los otros casos.

Saber a quién se perdona un crédito fiscal es trascendente para la ciudadanía, ya que supone una pérdida en los recursos del gobierno, se afecta el interés público y se priva al Estado del derecho de obtener ingresos legales por parte de contribuyentes incumplidos en perjuicio de quienes sí pagamos impuestos. Por ello es mucho más importante conocer a los que se encuentran en este supuesto y las razones por las cuales se decidió beneficiarlos, que, por ejemplo, conocer la lista de a quiénes no pudieron encontrar en sus domicilios fiscales.

Dejar de cobrar, y en su caso eximir del cobro a una persona física o moral, debería responder a razones claras y específicas (la quiebra o la muerte del contribuyente, apoyar a un sector productivo de la sociedad o después de un desastre natural con el fin de apoyar la economía de la zona afectada). Pero no debería perdonarse el pago de impuestos por razones inciertas o atribuibles simplemente a la incapacidad recaudatoria de la autoridad tributaria. Esto genera grandes suspicacias y hace aún más relevante la necesidad de transparentar la información de los créditos cancelados y los condonados. El gobierno habría de preguntarse si las meras dificultades de cobro son razón suficiente para relevar del pago a los deudores.

El Plan Nacional de Desarrollo señala que “En 2012, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó 34 mil actos de auditoría, que representaron sólo el 0.3% del universo obligado a declarar y el 1.1% de los declarantes efectivos. Del universo de contribuyentes obligados y no obligados a declarar, estos actos representan el 0.1%. En el segmento de grandes contribuyentes, los países desarrollados tienen una presencia fiscal cercana al 50%, mientras que en México es de sólo 7.3 por ciento“. Aunado a lo anterior la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, señaló que el SAT disminuyó la eficiencia en el cobro de créditos fiscales, con lo que incumplió su objetivo estratégico de “disminuir la evasión, la informalidad y elusión”.

La opacidad en la información relacionada con la cancelación de créditos fiscales ha motivado acciones jurisdiccionales, como el amparo que presentó Fundar a efecto de que el SAT dé a conocer información sobre los créditos fiscales cancelados en 2007 por una cantidad de 73,960.4 millones de pesos. La sentencia confirmó que las autoridades del SAT realizaban una interpretación incorrecta del llamado “secreto fiscal”: el dar a conocer nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de créditos fiscales siempre será de interés público. Es importante recordar que estos créditos ya no pueden ser cobrados: conforme al artículo 146 del Código Fiscal, los créditos fiscales se extinguen por prescripción en el término de cinco años a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido.

Ahora bien, al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación de 2013 (LIF 2013), el Poder Legislativo también fue participe de esta afectación al erario público al determinar causales de condonación distintas a las previstas en el propio Código Fiscal de la Federación. Hay que recordar que en el artículo tercero transitorio de dicha la Ley se establece todo un catálogo de supuestos de condonación, posteriormente regulados por el SAT con el programa “ponte al corriente”.

Un caso paradigmático de este complejo problema es el de Televisa. A esta empresa se le perdonó el pago de 3 mil millones de pesos de impuestos de manera “legal”. La televisora únicamente quedó obligada a cubrir el 10% correspondiente al total de sus créditos fiscales. Televisa logró este beneficio al desistirse de un juicio de nulidad promovido contra el fisco en 2011. Ante este tipo de condonaciones, que no responden al interés público, es pertinente preguntarse si no hubiera resultado menos costoso para el SAT contratar al mejor despacho fiscal de México para litigar contra dicha empresa y poder recuperar la friolera de 3 mil millones de pesos.

Así como Televisa, existen muchas personas físicas y morales a quienes se les ha perdonado el pago de impuestos (ya sea porque prescribió el cobro por virtud del tiempo, porque lo decidió el SAT en términos del Código Fiscal o porque se han apegado a los beneficios del programa de condonación). Los datos de esos contribuyentes se mantienen en el terreno de la opacidad. Este tipo de prácticas, lejos de lograr recuperaciones, pueden terminar por legitimar enormes pérdidas para el país. Muchas propiciadas por la incapacidad recaudatoria o causas ajenas al interés público, por otro lado genera incentivos perversos para que sigan pagando justos por pecadores en el anonimato.

 

* Óscar Arredondo Pico es investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.

 

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