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Reformas a la Fiscalía: legislar también es un modo para no operar
No es la primera vez que se quieren hacer cambios mayores a la Fiscalía General de la República o bien, que dicha institución manifiesta de manera pública su malestar al trabajo conjunto específicamente en materia de desaparición de personas.
Por Ángel Ruiz
10 de diciembre, 2020
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En los últimos días estaba por discutirse en el Senado de la República una iniciativa presentada a inicios de octubre que expedía la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) –abrogando la actual Ley Orgánica de la FGR (LOFGR)– además de diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD). Dicha iniciativa causó gran controversia de cara a su posible aprobación, dado el carácter regresivo principalmente en materia de desaparición de personas, pues proponía –entre otras cosas– la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la subordinación de distintas instituciones a la misma Fiscalía en escenarios donde antes se establecía coordinación. Es decir, la iniciativa pretendía quitar responsabilidades a la Fiscalía al mismo tiempo que le otorgaba un mayor poder de decisión sobre otras instituciones.

Dado lo anterior, surgieron importantes críticas por parte del movimiento de víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, e incluso de la Secretaría de Gobernación. Al momento de escribir este texto, el Senado de la República había comunicado su decisión de aplazar dicha discusión para el siguiente periodo legislativo, a fin de tener tiempo para discutir de manera amplia y profunda las implicaciones de estas propuestas. Sin embargo, existe un problema de fondo pertinente de discutir, pues no es la primera vez que se quieren hacer cambios mayores a la Fiscalía General de la República o bien, que dicha institución manifiesta de manera pública su malestar al trabajo conjunto específicamente en materia de desaparición de personas.

La procuración de justicia en nuestro país está atravesada por un fenómeno delictivo altamente complejo, aunado a un diseño institucional pensado por un país centralizado en todos los sentidos. La realidad violenta del país que ha aumentado cualitativa y cuantitativamente en década y media desde que se ha militarizado la seguridad pública no ha hecho más fácil el acceso a la justicia, más bien al contrario.  En este sentido, la construcción de marcos normativos es tan sólo una condición de posibilidad para tener un horizonte de salida a la crisis que vivimos, no la panacea que cada nueva construcción de una ley vende para posicionarse.

Así, lo más relevante para poder tener una procuración eficaz de justicia es implementar las leyes existentes, creando institucionalidad e instrumentando y replicando prácticas que hacen efectivo el acceso a la justicia: ese es el reto más importante de las actuales leyes de la Fiscalía (LOFGR) y en materia de desaparición (LGMD), y así lo han hecho notar la misma Comisión Nacional de Búsqueda y los movimientos de víctimas, principalmente el de personas desaparecidas. No es que no existan cuestiones perfectibles en los instrumentos legales –existe aún una serie de elementos quedaron en el tintero con la LOFGR– o bien, que haya cuestiones pertinentes a largo plazo que no funcionan aún porque la cultura política tarda en cambiarse –como que la autonomía de la Fiscalía es una buena idea, aunque en este momento se utilice políticamente. Pasa que legislar no es la única manera de gobernar, menos si es de modo regresivo.

El gran reto de la actual administración federal con sus contrapartes del Poder Legislativo y Judicial es si lograrán romper la inercia de la reforma legislativa como simulación de política pública que vende mucho y opera poco, o bien, si apostarán por una transformación a mediano y largo plazo de las instituciones y prácticas para el acceso a la justicia, que no será visible hasta que sea vivida.

* Ángel Ruiz es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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