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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Rescates humanitarios que violan derechos
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
20 de enero, 2012
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Por: Rodolfo Córdova, investigador del proyecto de Migración de Fundar.

 

El pasado 9 de enero, el Instituto Nacional de Migración (INM) repatrió a 71 de las 221 personas guatemaltecas asentadas en Nuevo Progreso, en el Municipio de Tenosique, Tabasco. Estas personas se habían asentado ahí desde que fueron desalojadas de su comunidad en el Petén, Guatemala, en agosto de 2011. El desalojo en aquella ocasión, por parte de la Policía Nacional y el Ejército guatemalteco se realizó con el argumento de que estas familias estaban ubicadas en una reserva de la biósfera. Desde entonces, el grupo de desplazados estaba negociando con el gobierno de Guatemala su reubicación en condiciones dignas, por lo que no aceptaron el estatus de refugiados en México.

Según expuso el INM en un boletín de prensa con fecha de 9 de enero de 2012, se trató de un “rescate humanitario” porque estas personas “vivían en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos como agua, drenaje y luz en completo abandono y carentes de calidad migratoria vigente desde el pasado 23 de agosto de 2011”. Esto, a pesar de que el propio boletín afirma más abajo que “desde el momento en que arribaron a territorio nacional, autoridades de México (Grupo Beta-INM y Gobierno de Tabasco) proporcionaron ayuda humanitaria a estas personas”.

El boletín antes citado manifiesta que “el personal del INM realizó la revisión migratoria de estas personas con pleno respeto a los derechos humanos y preservando la unidad familiar de las familias guatemaltecas”. En el operativo participaron “[…] 110 funcionarios del INM, […]; 3 Ministerios Públicos Federales; 169 elementos operativos de la Policía Federal, así como 38 funcionarios del Gobierno del estado de Tabasco[…]”. Además, el INM destaca la presencia de “elementos femeninos”. Para demostrar que el operativo se realizó con respeto a los derechos humanos, el INM publicó un video en donde muestra la interacción de algunas personas, sobre todo de mujeres del INM, con las personas de Guatemala, pero no muestra el desempeño de la Policía Federal o de las otras autoridades involucradas.

Sin embargo, diferentes organizaciones de derechos humanos que cuentan con una larga trayectoria defendiendo a migrantes entrevistaron a las personas que permanecieron en el ejido Nuevo Progreso en Tenosique y documentaron que, previo al desalojo, no fueron informadas sobre el objetivo del operativo. Además, las personas no fueron trasladadas de manera voluntaria. Incluso, constataron que las autoridades aplicaron la fuerza a quienes se resistieron y cometieron tratos crueles, inhumanos y degradantes al detener a los niños y niñas para obligar a los padres y madres a entregarse. De igual modo, los testimonios que han trascendido a la prensa muestran que el desalojo se realizó con uso de la fuerza y no como lo mencionan las autoridades mexicanas.

Más grave aún es el hecho de que el mismo día del desalojo, dos líderes comunitarios guatemaltecos fueron detenidos por la Policía Federal y presentados a la Procuraduría General de la República en donde se les notificó que había una denuncia anónima en donde se les acusaba del delito de tráfico de personas. Al parecer, dentro de los presuntos responsables se encuentra el defensor Fray Tomás González. Cabe destacar que de confirmarse esta denuncia, sería la segunda vez que se acusa a Fray Tomás –paradójicamente la primer denuncia fue interpuesta por el ex delegado del INM en Tabasco, Jorge Luis Mendoza Cruz, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por el delito de abuso sexual de una niña–. Además, no sería la primera ocasión en que se realiza una denuncia en contra de un defensor de derechos humanos. Dos han sido presentadas contra el presbítero Alejandro Solalinde, una de ellas realizada por el ex delegado del INM en Oaxaca, Omar Heredia Mariche, quien actualmente busca una Diputación Federal Plurinominal por el Partido Acción Nacional.

Al analizar esta información surgen por lo menos las siguientes preguntas:

 

1.    ¿Cómo el desalojo ayuda a resolver las necesidades humanitarias de las personas guatemaltecas?
2.    ¿Por qué las autoridades interrumpieron el proceso de negociación en marcha entre la población guatemalteca y el gobierno de su país en torno a la reubicación?
3.    ¿Por qué se necesitaron 317 elementos para realizar este operativo, tan sólo entre el INM, la Policía Federal y el gobierno de Tabasco?,
4.    ¿Por qué la presencia de tres Ministerios Públicos Federales, si la población guatemalteca no estaba cometiendo ningún delito?

 

Desde Fundar expresamos nuestra preocupación por el deterioro evidente de la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y las acciones en contra de las y los defensores de sus derechos. Mientras las organizaciones hemos mostrado un ánimo de colaboración con las autoridades, como ha sucedido en el proceso del Reglamento a la Ley de ‘Migración’, la respuesta desde las autoridades es de violencia y criminalización de sus miembros. Condenamos rotundamente estos hechos y nos sumamos a las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil de cesar la criminalización de los defensores de derechos humanos y de personas migrantes y que se esclarezcan los hechos en el desalojo de las 71 personas de Guatemala asentadas en Tenosique. Al final de cuentas, nuestras autoridades están para garantizar los derechos humanos de todos las personas, sean mexicanos o extranjeros, y no para arrojarlas a mayores niveles de vulnerabilidad.

 

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