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Res Pública
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¿Se gastará mejor en 2014?
Con más dinero, el gobierno mexicano seguramente está más contento. Quedan sin embargo algunas dudas: ¿los ciudadanos debemos estar igual de alegres? ¿Aumentará con esto la calidad y eficiencia del gasto?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
21 de noviembre, 2013
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Por: Liliana Ruiz Ortega

Para bien o para mal, finalmente se aprobó el paquete económico 2014. También se ratificaron las reformas fiscales que implicarán un aumento en diversos impuestos. El gasto aprobado por la Cámara de Diputados para el próximo año asciende a 4 billones 467 mil 226 millones de pesos. En otras palabras: se trata del presupuesto más grande de la historia de nuestro país; un 8.8% más en términos reales que lo aprobado en 2013. Así, con más dinero, el gobierno mexicano seguramente está más contento. Quedan sin embargo algunas dudas: ¿los ciudadanos debemos estar igual de alegres? ¿Aumentará con esto la calidad y eficiencia del gasto? 

Principales acciones en la ley

Dentro del paquete económico se incluyeron algunas previsiones que podrían contribuir a que se gaste mejor. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se incluye en el artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); ahí se establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán generar ahorros del 5% durante el próximo año en la partida de sueldos al personal de mandos medios y superiores. Las mismas medidas aplicarán en lo que se refiere al gasto de operación del gasto corriente estructural que no esté relacionado a programas de atención a la población.

En principio, es muy buena noticia que se establezca el ahorro como una obligación legal; pero, ¿no debería tratarse de una práctica común de los organismos que integran el gobierno? Aunque los resultados de estas acciones se deberán reportar en los informes trimestrales —lo cual es positivo— nos hubiera gustado conocer a priori y con precisión el monto que van a implicar estos ahorros, así como el destino para el cual serán utilizados. Es decir, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué tan significativos serán? Y, por otro lado, ¿no creen que si se tomaran más en serio el ahorro, la transparencia y la eficiencia del gasto nos hubiéramos ahorrado la pena de subir los impuestos?

En lo que se refiere a la recaudación de impuestos, la LFPRH establece que en los informes trimestrales se deberán incluir indicadores en materia de eficiencia recaudatoria. Por ejemplo, datos sobre el avance en el padrón de contribuyentes, información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscal, así como avances en materia de simplificación fiscal y administrativa. Esto es relevante pues nos permitirá observar si realmente se incrementó el número de personas —tanto físicas como morales— que pagan impuestos, así como si verdaderamente se está volviendo más fácil pagarlos. Esperemos que esta información nos ayude a contestar preguntas como si el gobierno también está haciendo su parte para aumentar los ingresos o si sólo somos los contribuyentes los que cooperamos. Los ingresos y los gastos tienen una relación directa. Si los contribuyentes vemos que aumenta la eficiencia recaudatoria quizás podríamos sentirnos más motivados a cooperar.

Asimismo, la ley incluye modificaciones en materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios. Los ejecutores de gasto deberán ser más cuidadosos con estos rubros. Por ejemplo, en cuestión de vehículos, sólo podrán adquirirse unidades nuevas cuando éstas sean indispensables; es decir, que se destinen en forma exclusiva para uso oficial, para prestar servicios directos a la población, para actividades de seguridad pública y nacional o para actividades productivas. A ver, ¿exclusivas para uso oficial? ¿Actividades productivas? Al final todo gasto se justifica dentro de actividades productivas. ¿Podrían nuestros funcionarios utilizar esta amplitud de término para adquirir vehículos que no sean indispensables? Esperemos que no, pero ya veremos los resultados durante y al final del ejercicio 2014.

Respecto a bienes y servicios, los ejecutores de gasto deberán racionalizar el consumo de los servicios de telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable. Asimismo, deberán promover la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y otros bienes cuando esto implique ahorros y mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. Llama la atención el término “indispensable”, pues lo que es mínimamente necesario para uno no lo es para otro. Especialmente cuando se trata de recursos públicos y funcionarios gubernamentales.

Finalmente, y entre otras previsiones, la ley establece que el Ejecutivo Federal establecerá los criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Federal. Lo anterior con el propósito de reorientarlos al logro de objetivos, evitar duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, procurar la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades, así como de reducir los gastos de operación. Dichas acciones deberán encaminarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir su progreso anualmente. ¿Quién puede estar en contra de esto?

Como conclusión

El plan de reducción del gasto corriente se ve muy bonito en papel. Las previsiones están en las leyes, así como las buenas intenciones. Ahora sólo falta que los entes públicos las cumplan, lo cual no es un tema menor. Esperemos que los gobiernos de las entidades federativas y municipios, cuando sea el caso, apliquen el mismo principio y se sumen a la práctica del ahorro, la eficiencia y la austeridad gubernamental. El presupuesto aumenta cada año y hemos visto con preocupación cómo la inercia de gastar por gastar es difícil de romper en la práctica. Ojalá la transparencia presupuestaria y la eficiencia en el gasto no fueran acomodaticias —para quedar bien— y se aplicaran en todos los rubros, no sólo en los que le convienen al gobierno en función.

* Liliana Ruiz Ortega es investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar

 

 


Fuente: comunicado de prensa, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 14 de noviembre de 2013.

El gasto corriente estructural es una nueva definición y figura que se incluye en la LFPRH y básicamente se refiere al gasto neto total del gobierno menos gastos que no se pueden evitar (costo financiero por la deuda, recursos no condicionados y para libre uso de los estados y municipios —participaciones—, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pago de pensiones, entre otros).

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