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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Seguridad sí, pero ciudadana
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
14 de junio, 2011
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

El pasado domingo 5 de junio, alrededor de las 20:00 horas, más de 20 elementos de la Policía Federal irrumpieron en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Según testigos, los policías rompieron los candados y los vidrios para introducirse al lugar; revisaron expedientes y equipo de cómputo, mientras otras patrullas rodeaban la cuadra (ver boletín 07/2011 de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas).

 

En un comunicado posterior, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que el ingreso a este Centro de Derechos Humanos tuvo como finalidad detener a un presunto narcomenudista. El 8 de junio, trascendió que el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson, informó que al menos veinte elementos fueron suspendidos y arrestados luego del allanamiento, y que se está a la espera de que los abogados de dicho centro presenten la denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se abra una investigación contra los agentes que catearon el inmueble sin orden judicial.

 

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es una organización de la sociedad civil que trabaja con víctimas de violaciones de los derechos humanos desde hace diez años y forma parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”. Además, este centro participa en la organización del Pacto Nacional Ciudadano que se firmó en Ciudad Juárez el  10 de junio y en la #CaravanaMX por la Paz con Justicia y Dignidad que acompañó al poeta Javier Sicilia.

 

Es importante recordar que los defensores y defensoras de derechos humanos en muchas regiones de México, y en particular en Ciudad Juárez, realizan su labor en un contexto de alto riesgo para su vida y su integridad. Desgraciadamente las amenazas contra defensores de DDHH en Ciudad Juárez se han cumplido, y han cobrado vidas y han obligado a familias enteras a desplazarse.

 

Desde Fundar vemos con preocupación no sólo la irrupción de la Policía Federal en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, sino la posterior versión de las autoridades sobre el operativo (argumentaron que ocurrió en el contexto de la persecución a un narcomenudista). En cuanto a este desafortunado episodio, consideramos que envía un mensaje intimidatorio que busca inhibir la participación de la sociedad civil organizada en un tema que nos concierne directamente: la seguridad ciudadana. Por otro lado, aunque valoramos que las autoridades se ocupen de dar una respuesta ante el cuestionamiento de la sociedad civil frente a este operativo, consideramos que ésta es insuficiente y difícil de creer. Pero sobre todo, se inscribe dentro de una tendencia a criminalizar a las organizaciones de derechos humanos al vincularlas de formas más o menos directas con la delincuencia.

 

El operativo de la Policía Federal que terminó en el allanamiento de las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte debe ser analizado en el choque de dos paradigmas de seguridad. Por un lado, el paradigma de seguridad pública que se centra en la persecución a la delincuencia, desde el cual las autoridades se han ocupado de construir una falsa disyuntiva entre derechos humanos y seguridad. Por otro lado, un paradigma de seguridad ciudadana que busca generar la participación consciente de la ciudadanía. Para ello es necesario, tal como afirma Alessandro Baratta, deconstruir el sentimiento de inseguridad y la demanda de pena, y reconstruir la demanda de seguridad “como contenido actual y potencial de la ‘comunicación política de base’”. Este proceso ha sido detonado por las movilizaciones encabezadas por Javier Sicilia.

 

Desde Fundar nos sumamos a la denuncia de estos hechos y estaremos pendientes de los resultados de las investigaciones para esclarecerlos. Asimismo, exigimos al Estado que cumpla con su deber de proteger a los y las defensoras de derechos humanos. Además, reiteramos que una verdadera política integral de seguridad debe incorporar a la sociedad civil. En ese sentido, el Estado debe trascender su discurso polarizado de “Derechos Humanos vs. Seguridad” y comprender que las organizaciones civiles de derechos humanos constituyen un aporte en la lucha por la seguridad y no un obstáculo.

 

 

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