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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Sobre “aquellos-que-no-quieren-el-desarrollo”
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
10 de febrero, 2012
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

 

Existe una corriente que se ha dedicado a reflexionar críticamente sobre el modelo de desarrollo hegemónico, entendido no sólo como un proyecto socio-económico sino también como una producción simbólica sostenida por percepciones y mitos que moldean la realidad. Desde esta postura, autores como Andrea Cornwall señalan de manera mordaz la evolución de un léxico del desarrollo, en el que las palabras mutan y se vacían de sentido.

La manera en que el modelo de desarrollo impulsado por organismos internacionales y financiadoras son aceptadas e incorporadas de manera automática y sin reflexión por los actores locales de los países empobrecidos (gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, etc.) implica la especialización en lo que irónicamente llama el “developmentspeak” (la “jerga del desarrollo”). En este campo es importante tanto aprender a hablar de manera fluida este idioma y a la vez dejar notar cierta posición que insinúa que no se acepta del todo, sin tener que llegar a explicitar qué o porqué. Ejemplo de ello es el caso de “no me convence el término empoderamiento” y a continuación se sigue utilizando.

Este fenómeno tiene consecuencias políticas, pues al acatar un modelo de desarrollo limita de manera automática la producción de uno propio, enraizado en las necesidades de la gente, y obviamente prescinde de la participación de la sociedad afectada por dicho modelo, para bien o para mal. Sin embargo, es conocido que muchas comunidades reivindican su derecho a ser consultadas y a decidir frente a proyectos que no sólo no les benefician directamente, sino que además amenazan su modo de vida y su medio ambiente. Es previsible entonces que el Estado necesite invertir cierta energía en contener o reprimir la participación de las comunidades que cuestionan este modelo de desarrollo. Esta inversión no es solamente física sino también simbólica.

Ahí es dónde surge el aporte local al léxico del desarrollo: la categoría de “aquellos-que-no-quieren-el-desarrollo”. Este término es frecuentemente formulado como una acusación de parte de diferentes actores, en particular por algunos funcionarios del Estado, contra cualquiera que se oponga o cuestione cualquier proyecto concreto “de desarrollo”. Además, funciona como un estereotipo y como tal, agrupa otras características –en este caso peyorativas– que son atribuidas al objeto de la percepción: la irracionalidad, la violencia, la intransigencia, la pereza, la obstaculización, entre otros.

Al mismo tiempo, este término nos permite asomarnos no sólo a la percepción de algunas autoridades sobre las comunidades y poblaciones afectadas, sino también a su percepción del propio modelo de desarrollo como algo que “hay que querer”, aceptar y no cuestionar. Por último, esta modesta contribución a la “jerga del desarrollo” muestra la manera en que el Estado entiende su papel, pues cuando los funcionarios formulan esta acusación se ven a sí mismos como “agentes del desarrollo” e impulsores a toda costa de este modelo y no como representantes de la voluntad popular, obligados por instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos. En algunos casos, se asumen como “mediadores” cuando los proyectos son impulsados por terceros –como las empresas–.

Estas batallas simbólicas tienen consecuencias concretas en la vida de cientos de personas. Este es el caso de las comunidades de Santa Úrsula y Paso Canoa del municipio de Tuxtepec y la comunidad Cerro de Oro del municipio de San Lucas Ojitlán, en Oaxaca, que se negaron a aceptar el proyecto alternativo de conversión de la presa Cerro de Oro en hidroeléctrica, impulsado por las empresas Comexhidro, Electricidad de Oriente y la norteamericana Conduit Capital. Las comunidades plantearon que no cuentan con información suficiente, independiente y confiable sobre las posibles consecuencias del proyecto para su seguridad y el medio ambiente. Las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el caso buscaron esta información por todos los medios disponibles y sólo encontraron información parcial y evasivas que alimentaron las dudas de las comunidades. Sin embargo, tanto la posición de las comunidades y de las organizaciones ha sido desestimada por algunos funcionarios públicos y por los propios empresarios interesados.

Desde Fundar, consideramos que es urgente desmitificar “el desarrollo” y poner sobre la mesa los diferentes modelos al ponderar sus ventajas y desventajas; pero sobre todo, es indispensable respetar plenamente el derecho de las comunidades y la sociedad a la información, a la consulta y a la participación en la definición de su propio modo de vida.

*Para más información de este tema dar clic aquí.

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