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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Telecomunicaciones: el jugador de la sombra
¿Por qué tarda tanto el gobierno en presentar su propuesta de regulación a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuando desde enero el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que tenían lista la ley? ¿Será una estrategia de desgaste?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
7 de marzo, 2014
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Por: Justine Dupuy

Ocho meses después de que se aprobara la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, seguimos presenciando una pelea intensa entre los principales actores del sector. En un ambiente cada vez más crispado, Televisa, Dish, América Móvil y TV Azteca, entre otros, están dando jaloneos para que las leyes en construcción sirvan a sus propios intereses.

El tema es que los principios vertidos en esta reforma constitucional, por muy avanzados y prometedores que sean, no servirán si no están acompañados de leyes secundarias que vayan en el mismo sentido. Los monopolios están tratando de proteger sus privilegios y han iniciado una lucha frontal con el nuevo órgano autónomo regulador —el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)— para poner en duda su legitimidad. Han lanzado también una intensa campaña para que los poderes Ejecutivo y Legislativo presenten y aprueben leyes secundarias a modo.

¿Y si lo importante no está bajo la luz de los reflectores? ¿Se nos estará escapando al escrutinio uno de los jugadores más determinantes? En este escenario tan agitado existe un gran ausente: el Poder Ejecutivo. El gobierno federal se toma su tiempo y simplemente no envía su propuesta de regulación. Según las fechas plasmadas en la reforma constitucional, el 9 de diciembre del año pasado se vencía el plazo para aprobarlas. En consecuencia, el IFT trabaja ahora sin un marco regulatorio y se encuentra en la delicada situación de ser un árbitro obligado a pelear por su legitimidad.

Desde el año pasado, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el PRD, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), entre otras, presentaron varias propuestas pero no se discutieron en el Congreso. Sin la propuesta del gobierno federal, los debates parlamentarios están congelados a la espera de la señal presidencial.

¿Por qué tarda tanto el gobierno cuando desde enero el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que tenían lista la ley? ¿Será una estrategia de desgaste? Las discusiones se están dando de forma accidentada, cuando una ley de esta envergadura necesita un debate transparente, plural, con propuestas claras y con tiempo para los acuerdos y el análisis de las letras chiquitas. Legislar en la urgencia es una táctica política. Muchos hemos asociados las amenazas de retrocesos con los actores dominantes del sector. Pero podrían muy bien provenir del gobierno, el mismo actor que empujó los avances. Esta oportunidad histórica podría fácilmente transformarse en la expresión de una cultura política autoritaria con tendencia al control y la centralización del poder.

Por ejemplo, el viernes pasado, el periódico El Financiero publicó parte de un borrador de propuesta del gobierno federal. La AMEDI reaccionó con un boletín donde mencionaba que el proyecto era pobre y contradictorio porque le quita facultades al IFT y concentraba poderes en la Secretaría de Gobernación (“para que vigile todos los contenidos audiovisuales, de programación ordinaria e incluso los electorales”).

En Fundar compartimos también estas preocupaciones. El IFT, concebido como un órgano regulador autónomo, es la piedra angular de la nueva arquitectura normativa propuesta desde el año pasado. Esta institución se creó justamente para que exista un árbitro independiente del Poder Ejecutivo. A estas alturas, limitar sus facultades y reforzar el poder de la Secretaría de Gobernación es un gesto casi esquizofrénico que pone en riesgo el éxito del proyecto.

En una muy interesante “comparación transnacional y transideologíca” publicada en el número 249 de la revista Nueva Sociedad, la periodista Mónica Almeida analiza la regulación de medios desde el 2010 en Ecuador y Hungría. La especialista alerta sobre medidas legislativas que en algunos países responden en apariencia a una agenda democratizadora, pero que después de un examen detallado han dejado mucho que desear e incluso corren el riesgo de “crear nuevos monopolios y nuevas censuras más temibles que los que caracterizaban la situación anterior”.

Si no se consolidan o si se desvirtúan los avances logrados en la Constitución, este diagnóstico podría muy bien aplicarse a México en un par de años. Pero no nos perdamos en conjeturas ni predicciones. El país está en una encrucijada porque estos meses son cruciales para determinar el modelo de telecomunicaciones que requiere el país. Y el Gobierno Federal debe mandar fuertes señales para garantizar el nuevo papel del IFT y no renegar de los objetivos iniciales de esta reforma. Se necesita una solución para construir un marco normativo que asegure el pluralismo informativo, menos monopolios y más competencia para caminar hacia una mejor democracia.

 

 

* Justine Dupuy es investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar.

 

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