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Transparencia en contratos públicos: desde Pegasus hasta las vacunas
Divulgar información relacionada con la adquisición de bienes, servicios o herramientas en donde están involucrados derechos humanos son asuntos del más alto interés público y deben regirse por la máxima publicidad.
Por Sarahí Salvatierra
5 de agosto, 2021
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La semana pasada un grupo de periodistas dio a conocer que durante 2016 y 2017 se intervinieron más de 15 mil teléfonos a través del programa “Pegasus”, un software de espionaje que en la administración de Enrique Peña Nieto generó un gran escándalo porque dentro de las intervenciones se incluían a personas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto no sólo constituyó una violación a su derecho a la intimidad, sino que también incrementó el riesgo de vulnerabilidad en el que ya se encontraba este grupo de personas por el contexto de violencia en nuestro país, poniendo en peligro su integridad física y hasta su vida.

Dicha situación trajo consigo la exigencia a esta nueva administración de tomar cartas en el asunto, comenzando por la transparencia y divulgación de los contratos con el fin de conocer qué otras entidades públicas adquirieron este software, qué servidores y servidoras públicas estuvieron involucradas, por qué motivos los adquirieron, durante qué periodo estuvo vigente el programa “Pegasus” en México y qué cantidad de recursos públicos se ejercieron, así como las posteriores investigaciones por el uso ilegal de esta herramienta.

La transparencia de estos contratos no solo es relevante para esclarecer los hechos de espionaje que afectaron los derechos humanos de distintas personas, también lo es para la sociedad, porque el fin de las contrataciones públicas es poder utilizar las mejores herramientas, bienes y servicios a favor del interés público y de la garantía derechos, no para violentarlos, como fue en este caso.

Si bien existen situaciones en donde podría limitarse la total publicación de información sobre los contratos que celebra el Estado, esta limitación sólo puede aplicarse como una excepción y no como la regla general. Recordemos que, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la información referente a contrataciones y convenios del Estado es una obligación de transparencia activa y debe divulgarse sin que medie una solicitud de información para ello.

Aunque resulta un primer paso positivo que el gobierno haya mandatado la publicación de información general, más no exhaustiva ni suficiente, sobre los 31 contratos que identificó respecto a este software, y creado un micrositio “Transparencia Pegasus”, aún quedan pendientes otras interrogantes que deberían también divulgarse, como los procedimientos de contratación, los anexos de los contratos o la operación de estos, conforme a lo señalado por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Artículo 19.

El caso de los contratos de Pegasus es muestra de un problema más generalizado de falta de transparencia de contratos que son de interés público. Un claro ejemplo de ello son los contratos para adquirir las vacunas Sputnik V y AstraZeneca contra COVID-19, respecto de las cuales, tanto el gobierno como la Suprema Corte de Justicia de Nación recientemente frenaron su apertura bajo el argumento de reserva por seguridad nacional. Dichos contratos revestían de importancia para la sociedad interesada en conocer las condiciones y precios en que el Estado mexicano ha estado adquiriendo las vacunas para el manejo de la pandemia.

La exposición pública o el escándalo de un caso como Pegasus no debería ser el motivo para divulgar información sobre los contratos que celebra el gobierno. Tener información amplia y precisa de las contrataciones que realiza el gobierno es elemental para la rendición de cuentas y el escrutinio social sobre las condiciones bajo las cuales las autoridades contratan y utilizan los recursos públicos. Además, dicha divulgación fortalece la confianza de la ciudadanía en la toma de decisiones y previene la posible comisión de actos de corrupción. Divulgar información relacionada con la adquisición de bienes, servicios o herramientas en donde están involucrados derechos humanos son asuntos del más alto interés público y deben regirse por la máxima publicidad. Por ello, como sociedad, seguiremos exigiendo la publicidad de los contratos de Pegasus, las vacunas y aquellos que sean de interés público.

* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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