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Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Una comunidad indígena lleva a juicio a la ley minera
A través de la ley minera, el Estado Mexicano viola derechos ya reconocidos a los ejidos y a los pueblos indígenas como es el caso de 16 comunidades de la Sierra Norte de Puebla, que desde 2015 se ampararon en contra de la Secretaría de Economía, el Congreso y el presidente por las concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden Minerals.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
3 de abril, 2019
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Por: Itzel Silva Monroy (@ItzelSilvaM)

Un importante yacimiento de oro y plata fue detectado por la empresa canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Para 2009, la empresa contaba con dos concesiones mineras sobre el municipio, que la Secretaría de Economía le dio sin considerar a las 16 comunidades indígenas en ese territorio. Economía no realizó el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que sus obligaciones internacionales en materia de pueblos indígenas le imponen; no tenía, por tanto, el consentimiento de las comunidades para otorgar los referidos permisos mineros.

Entre las comunidades afectadas se encuentra Tecoltemi, perteneciente al pueblo Nahua, y cuyo territorio es en buena parte ejidal. En 2015, Tecoltemi, acompañada por Fundar y por el Consejo Tiyat Tlali, demandó en juicio de amparo a la Secretaría de Economía por la violación de su derecho a la consulta y al consentimiento, pero también al derecho al territorio, pues sus tierras fueron puestas a disposición de la minera.

Pero Tecoltemi demandó también al Congreso de la Unión y al Presidente de la República, pues el fundamento para la entrega de las concesiones es la Ley Minera, emitida en 1992 por esas instancias. Entre otras cosas, esta ley establece en su artículo 6º que las actividades de exploración, explotación y aprovechamiento de los minerales son de utilidad pública y por tanto preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno; es decir, de haber un yacimiento de oro debajo de una propiedad -que podría ser la de usted-, por ley, la autoridad debe preferir dar ese terreno en concesión, antes que seguir permitiendo que usted viva o realice alguna otra actividad ahí, pues la ley considera que esta extracción nos beneficia a todos.

El 90 % del oro se usa para joyería, lingotes, monedas y reservas de los bancos centrales, y sólo un 8.6 % para tecnología; en el caso de la plata, el 40.5 % va para monedas, barras, joyería, e incluso cubiertos y vajillas. ¿Esa es su “utilidad pública”?  Hay que añadir que la minería metálica de oro y plata no trae bienestar a aquellos lugares donde se realiza, por el contrario, la minería a cielo abierto con la que se extraen estos metales consume millones de litros de agua, devasta los territorios y puede generar afectaciones de salud a la población debido a las sustancias que utiliza, como el cianuro.

México ocupa el 9º lugar en producción de oro a nivel mundial y el 1º en plata y sin embargo, de los 28 los municipios mineros que producen estos metales, casi el 50 % de los que producen oro, viven en la pobreza y casi 10 % en pobreza extrema (1). De los municipios que producen plata, casi el 54 % viven en pobreza y 13 % en pobreza extrema. Cabe sumar que en 2017, según datos de la Secretaría de Hacienda, la recaudación neta proveniente de la minería equivalió al 0.35% de los ingresos del gobierno federal (2). La ley minera, ¿para quién es entonces? ¿A quién beneficia?

Pero además, a través de la ley minera, el Estado Mexicano está violando derechos ya reconocidos a los ejidos y a los pueblos indígenas. De acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales, el Estado Mexicano tiene obligación de respetar, proteger y garantizar la propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento de las tierras y territorios de dichos pueblos y núcleos agrarios; el artículo 27 constitucional es claro en ese sentido. También lo son instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como su jurisprudencia al referirse a los territorios indígenas. Las autoridades del Estado Mexicano, simplemente deben cumplir con ello.

El artículo 6º de la ley minera es, por tanto, contrario a esta protección y garantía que brinda la Constitución y el marco internacional. Al determinar la preferencia de la minería, el legislativo estableció una disposición violatoria de esos derechos ya reconocidos, a fin de beneficiar a las empresas mineras. La Comunidad de Tecoltemi pide no sólo la cancelación de las concesiones que le afectan, sino que este y otros artículos de la ley que vulneran sus derechos sean analizados por el Juzgado de Amparo y reconocida su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Tras casi cuatro años de juicio, en los que Almaden Minerals intentó diversas estrategias jurídicas para evitar que se dictara sentencia y se analizara el caso y la ley minera, finalmente se llevó a cabo la audiencia de cierre el pasado 5 de marzo. Tecoltemi ha logrado llevar a juicio a la ley minera, pues ahora el juzgado debe resolver el caso y dictar sentencia, la cual es relevante no sólo para la comunidad, sino también para otros pueblos originarios y ejidos del país que están defendiendo la vida de sus comunidades ante la imposición de megaproyectos mineros. Esta es una oportunidad histórica para que el Poder Judicial Federal se pronuncie por las violaciones de la ley a contra los derechos de pueblos indígenas y de los núcleos agrarios. Tecoltemi, confía en ello.  Si quieres sumarte a la causa de esta comunidad, puedes firmar esta petición.

 

@FundarMexico

 

1. Anuario estadístico de la minería mexicana 2016. Edición 2017 e Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 (Sedesol).

2. Anuario 2017.  Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio. Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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