close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin... Fundar es un Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Fundar se dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales. Síguelo en Twitter: @FundarMexico (Leer más)
Vientos de cambio en el combate a la corrupción
La percepción de que muchos servidores públicos y empresarios se han enriquecido descontroladamente con el erario tuvo efecto en los resultados electorales. Hoy en día, frente a los desmedidos privilegios de fortunas hechas al amparo de los recursos públicos, se acentúa la más grave consecuencia de la corrupción: la enorme desigualdad y la precariedad en la que vive la mayoría de la población.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
30 de junio, 2016
Comparte

Por: Óscar Arredondo Pico

Uno de los principales resultados de las pasadas elecciones es que hubo alternancia en los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas, entre otros estados, y en la mayoría de los casos la promesa de campaña que movió al electorado fue el castigo a la corrupción.

La sociedad -motivada por la rabia y la demanda de justicia- aplicó un voto de castigo, no se trató de un voto nulo, tampoco un voto útil, ni de irse por la opción de los independientes. Se trató de un voto de castigo. Y es que la percepción de que muchos servidores públicos y empresarios se han enriquecido descontroladamente con el erario tuvo efecto en los resultados electorales. Hoy en día, frente a los desmedidos privilegios de fortunas hechas al amparo de los recursos públicos, se acentúa la más grave consecuencia de la corrupción: la enorme desigualdad y la precariedad en la que vive la mayoría de la población.

Es indiscutible que la corrupción afecta en el ánimo de los votantes. Antes parecía que lo mermaba hasta el desaliento, lo que podría explicar los altos índices de abstención a los que estamos acostumbrados, pero ahora el ánimo fue otro; quizá la discusión pública del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el Congreso, y todo el debate que generó la iniciativa ciudadana #Ley3de3, despertó esperanza en que los abusos puedan castigarse. Esa esperanza pudo impulsar al ciudadano a acudir a las urnas.

La impunidad descansa en la incapacidad de las instituciones y las leyes para reaccionar y aplicarse. En nuestro país el marco jurídico parecía hecho deliberadamente para que resultase inoperante. Así, con leyes débiles que no facultaban a las instituciones a actuar, se preparó un terreno fértil para que la corrupción echara raíces y se enquistara en las estructuras del Estado. Ahora, con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todas las leyes se fortalecen, las instituciones se coordinan, y se dotan de amplias facultades. Es cierto, muchos de los problemas nacionales se pretenden resolver con reformas, la constitución se enmienda varias veces cada año, y en ocasiones sin justificación plena. No es el caso de la corrupción, donde es posible afirmar la urgente necesidad que había de legislar en la materia.

Las leyes que le darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción aún se están ajustando para expedirse. El panorama actual es desolador, no se le permite a la Auditoria Superior de la Federación revisar el destino de la deuda, el uso de participaciones, auditar instrumentos financieros, menos si son manejados por particulares, hablarse con otras instancias, realizar investigaciones o coadyuvar en ellas, informar de las irregularidades que detecta con oportunidad. Todo el mecanismo legal es inocuo frente a la corrupción, de hecho, la incapacidad del estado de controlar los recursos públicos fomenta los malos manejos. Sin duda ese panorama cambiará pues el Congreso aprobó una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de la que casi nadie habla, pero supone grandes cambios que habrá que detallar en otra entrega.

Actualmente las responsabilidades administrativas varían de estado en estado; la posibilidad de investigar irregularidades, probarlas y llevarlas a un juicio justo, es casi imposible porque el andamiaje legal está completamente desarticulado. La corrupción se investiga y castiga desde la perspectiva de la individualización de la conducta, cuando la realidad es que se articula en redes y estructuras.

En nuestros días la facultad de castigar se delega a un subordinado del propio titular del presidente o cualquier gobernador. ¿Recuerdan a Virgilio Andrade, actual secretario de la Función Pública exculpando a su jefe? Ahora imaginen esa acción repetida en 32 escenarios con distintos personajes. La impunidad tiene garantía en el propio marco jurídico, insisto. Este panorama también se podría disipar con la correcta aplicación de las nuevas leyes aprobadas.

Por otro lado, es importante señalar el constante abuso de las adjudicaciones directas, las invitaciones restringidas y las excepciones a la licitación pública, así como los recursos públicos que se usan en instrumentos financieros o fideicomisos privados que se logran escapar de cualquier control, y dolosamente se aplica el secreto bancario al dinero del estado. En este sentido la debilidad de las leyes es el caldo de cultivo de la corrupción.

El cambio que viene es urgente. Las nuevas leyes y las reformas para construir el Sistema Nacional Anticorrupción se aprobaron en el Congreso aunque el ejecutivo las devolvió para ajustar detalles relacionados con la publicidad de las declaraciones patrimoniales. El SNA como todo es perfectible, pero tiene muchas y muy claras ventajas, como por ejemplo: las instituciones de combate a la corrupción se articularán para trabajar de manera coordinada en una instancia que podrá crear políticas públicas para combatir la corrupción y expedir recomendaciones; se crea un Sistema Nacional de Fiscalización con un importante potencial para detectar e investigar el mal uso de los recursos públicos; se armoniza todo un proceso de responsabilidades en todo el país, se fortalecen las instancias de investigación y sanción como es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, y de este modo, los castigos ya no estarán en manos de subordinados del presidente.

Es un hecho que falta un camino largo. No obstante este es momento de festejar, de trazar un antes y un después de las leyes que le darán vida al Sistema Anticorrupción, y de aprovechar los vientos del cambio para exigir justicia.

 

* Óscar Arredondo Pico es investigador del área de presupuestos y políticas públicas de @FundarMexico.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.