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Res Pública
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Violaciones graves a derechos humanos y seguridad nacional: pendientes de la transparencia
Desde 2002 hemos avanzado en materia de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, uno de los grandes retos no ha podido ser resuelto: acceder a información en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
17 de septiembre, 2015
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Por: Renata Terrazas (@renaterra_zas)

México decidió subirse al tren de la transparencia desde que en 2002 aprobara la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Desde entonces, se ha buscado fortalecer los marcos normativos que garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI) en los ámbitos federal y estatal.

El avance en materia de transparencia no ha carecido de obstáculos, ya fuera por la negativa de gobiernos y dependencias de entregar la información, por incluir regresiones en las leyes o por simplemente obstaculizar el derecho de las personas de acceder a la información.

La reforma de 2014 buscó atender la mayoría de los grandes retos a los cuales nos hemos enfrentado para garantizar el DAI, al establecer principios que posteriormente fueron desarrollados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAI) y dotar de autonomía al instituto de transparencia federal (INAI).

Sin embargo, uno de los grandes retos no ha podido ser resuelto: acceder a información en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Los lamentables hechos de San Fernando en 2010, en donde 72 migrantes fueron asesinados, evidenció, entre tantas cosas, la imposibilidad de hacer efectiva la cláusula que prohíbe reservar información en casos de violaciones graves a derechos humanos.

La ley no contempla quién es la autoridad para determinar qué se presume de violaciones graves, por lo cual, cuando el recurso de revisión ante la negativa de PGR de entregar las averiguaciones previas de San Fernando llegó al INAI, éste se declaró incompetente para resolver si era información relacionada con violaciones graves.

Para el gobierno federal, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que debe determinar si se trata de violaciones graves o no; el problema es que, por años, la CNDH era todo menos una institución de garantía y defensa de los derechos humanos. Además, el pronunciamiento de la CNDH tiene efectos más amplios que el que tendría el INAI, el cual resolvería para efectos de apertura de información, exclusivamente.

Con la finalidad de dar claridad sobre el tema y establecer un proceso que permita hacer válida la cláusula sobre la reserva de información ante violaciones graves a derechos humanos, en la discusión de la LGTAI se sugirió que el INAI tuviera dichas facultades, pero la respuesta fue negativa. La argumentación vino, sobre todo, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y desde entonces, sigue siendo un pendiente.

El tema sigue siendo relevante frente a los últimos hechos que en México siguen evidenciando violaciones graves de derechos humanos derivados de asesinatos masivos por parte de fuerzas militares o policíacas.

La crisis de legitimidad de las instituciones en México se ha acentuado al grado de dudar de la veracidad de prácticamente cualquier comunicado que éstas hagan o funciones que realicen. Hoy tenemos una Procuraduría General de la República (PGR) con una credibilidad deteriorada por sus investigaciones deficientes, por sus inadecuadas formas de comunicar, y, habría que sumarle, por las sospechas de comisión de delitos. Tenemos también titulares de ejecutivos con una imagen dañada por escándalos de corrupción que permanecen en la impunidad, y al ejército y la marina cayendo en la confianza de la ciudadanía por crecientes sospechas de violaciones a los derechos humanos.

Si bien el fortalecimiento del marco normativo e institucional de la transparencia permite caminar hacia la construcción de legitimidad, seguir controlando la apertura de información desde la visión de los Arcana Imperii nos está dando otro mensaje.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha jugado el papel de Mr. Hyde en la transparencia al mostrarse como el vigilante de la legislación en la materia que no permite que se avance demasiado. Cabe recordar que la LGTAI, una vez que fue presentado el dictamen por el Senado, intentó ser modificada por recomendaciones de la Consejería Jurídica, con el objetivo de aminorar el avance en la garantía del DAI.

Desde entonces arrastramos dos grandes manchas en la transparencia; la dificultad de abrir información cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos y el recurso de seguridad nacional que quedó en la LGTAI como facultad del Consejero Jurídico para no obedecer las resoluciones del INAI si considera que atentan la seguridad nacional.

Actualmente se está discutiendo la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (LFTAI), la cual, al regular ambos temas, presenta la oportunidad de quitar ambas manchas. Es necesario reconocer al INAI como autoridad para determinar posibles violaciones graves a los derechos humanos y obligar la apertura de información, y de diseñar un proceso que dote de todas las garantías posibles al solicitante de información ante el Recurso de Seguridad Nacional.

En la audiencia pública del 7 de septiembre de 2015 que organizó el Senado para escuchar las observaciones de la sociedad civil y los comisionados del INAI al proyecto de ley, ambos temas fueron mencionados. Es de esperar que las comisiones dictaminadores aseguren que ambos temas serán atendidos en aras de la transparencia.

 

@FundarMexico

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