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Res Pública
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¿Y el petróleo seguirá siendo de la Nación?
Las contribuciones que las empresas privadas pagarán por la explotación de los hidrocarburos será definida en cada contrato por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En otras palabras, será una negociación a puerta cerrada entre particulares respaldada en un simple acto contractual y no en un instrumento legal de carácter público.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
21 de mayo, 2014
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Por: Aroa de la Fuente

Desde hace varias décadas y hasta el día de hoy, los ingresos petroleros (es decir, los ingresos procedentes del pago de derechos e impuestos de Pemex) han supuesto de media el 30% de los ingresos totales del sector público. Esto quiere decir que uno de cada tres pesos que el gobierno destina a la provisión de servicios públicos —salud, educación, transporte público y servicios sociales, entre otros— procede de la explotación de los hidrocarburos.

Pese a que esta dependencia tiene riesgos que no hay que obviar —por ejemplo, una caída en el precio del petróleo puede poner en peligro el gasto público—, es importante remarcar que la contribución de la actividad petrolera al presupuesto nacional responde al hecho de que los hidrocarburos son bienes públicos. Es decir, como señala el artículo 27 constitucional, el gas y el petróleo son propiedad de la Nación mexicana y por lo tanto, su explotación debe beneficiar a todos y todas las mexicanas. Una manera para ello, aunque matizable debido a la existencia de serias deficiencias en la gestión de los recursos públicos —corrupción, uso discrecional, opacidad—, es a través de su contribución al financiamiento del gasto público.

Ante este contexto, cabe preguntarse cómo la Reforma Energética aprobada en diciembre pasado afectará a los ingresos petroleros. La propuesta de leyes secundarias recientemente presentadas por el gobierno permite hacerse una idea del futuro de este tema y el panorama no es nada alentador. Como ha sido anunciado a bombo y platillo, la reforma permite una mayor participación de la iniciativa privada en la industria petrolera mexicana. Esto se hará, como señala la propuesta de Ley de Hidrocarburos, en contratos de utilidad y producción compartida, de licencias y de asociaciones de las empresas con Pemex, además de los ya existentes contratos de servicios. Esto, en términos fiscales, quiere decir que ya no será únicamente Pemex quien pague al Estado por la explotación de sus recursos petroleros, sino que también lo harán una serie de actores privados.

Lo anterior de por sí complica el control público de estas contribuciones, pero lo más grave es que la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos determina que la contraprestación que las empresas —incluida Pemex— recibirán por sus “servicios” será definida en cada contrato por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En otras palabras, será una negociación a puerta cerrada entre particulares respaldada en un simple acto contractual y no en un instrumento legal de carácter público. A esto se suma el hecho de que dicha iniciativa no obliga a la publicación de los contratos, por lo que los acuerdos fiscales alcanzados quedarán sujetos a la opacidad o, en su caso, a la pericia de las personas que tenga el tiempo y los recursos para solicitarlos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Aunque la ley establece un porcentaje fijo en concepto de regalías sobre el valor de la producción, este es mínimo. Por poner sólo unos ejemplos: en el caso de que el precio del petróleo esté por debajo de los 60 USD la regalía aplicable será únicamente del 5%; mientras, en el caso del gas no asociado se exenta el pago de regalías cuando el precio esté por debajo de los 5 USD el millón de BTU —lo que lleva varios años pasando—. En contraste, Pemex ha venido pagando el 71.5% del valor de los hidrocarburos extraídos. De esta manera, los ingresos que reciba el Estado dependerán en buena medida de las decisiones que tome la SHCP en la firma de cada contrato. Esto, además de resultar extremadamente riesgoso, supone que el Poder Legislativo verá mermada significativamente su participación en la definición de los ingresos públicos y, por lo tanto, se afectará al tan necesario equilibrio entre Poderes en esta materia.

Un agravante que viene a sumarse a esta situación es que todos los recursos generados por los contratos —y también por las asignaciones— serán gestionados a través de un fideicomiso denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Al tratarse de recursos obtenidos por la explotación de bienes de la Nación, no parece que un fideicomiso sea lo más adecuado (cuando en México este tipo de figura ha mostrado ser un espacio de opacidad y discrecionalidad en la gestión de los recursos públicos).

Todas estas novedades introducidas por la Reforma Energética generan dudas sobre la verdad detrás del eslogan abanderado por el gobierno de que, con la reforma, el petróleo seguirá siendo de las y los mexicanos. Más allá de una frase en la Constitución, la propiedad de los hidrocarburos por parte de la Nación se determinará por la medida en que la población se vea beneficiada por su explotación y cuente con información para participar más activamente en las decisiones públicas en la materia. Las propuestas de leyes secundarias van claramente en sentido contrario, por lo que es importante que este tema sea abordado durante la discusión legislativa de las mismas. Claro, si es que en esta ocasión dan el tiempo y la apertura para ello.

 

 

* Aroa de la Fuente es investigadora del proyecto de Extractivas de @FundarMexico

 

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