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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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¿Y la CNDH apá?
El día de ayer, 3 de junio, venció el plazo establecido por la Constitución para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ordenamiento Social aprobada por el Congreso de Quintana Roo, que pretende regular la libertad de expresión y la protesta social en la entidad contraviniendo estándares internacionales sobre derechos humanos en el contexto de las manifestaciones. Por ello no se explica la negativa de la CNDH para actuar como el órgano garante que es.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
4 de junio, 2014
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Por: Miguel Moguel (@greenarrow10)

La CNDH es, por mandato Constitucional, uno de los órganos garantes de los derechos humanos que existen en nuestro país. El objetivo esencial de este organismo se circunscribe a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano —pero también, el de los tratados internacionales en la materia de los que el EstadoMexicano es parte—.

En este sentido, la propia Ley le confiere facultades para el máximo cumplimiento de dicho mandato y que son, en efecto, una potestad otorgada para ejercerlos ampliamente a favor de la protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país.

Es importante subrayar que, al igual que otras instituciones encargadas de velar por el interés público, dichas facultades habrán de ejercerse de forma obligatoria. Es decir, no se trata de un ejercicio discrecional o arbitrario sino que se encuentra claramente descrito en los supuestos normativos establecidos en el propio texto Constitucional. De lo que podría inferirse que cualquier omisión —es decir, cualquier manifestación de una voluntad tendente a su no ejercicio o ejercicio limitado de facultades— da elementos para suponer que no sólo está abdicando al mandato conferido sino que, además, viola flagrantemente otros derechos con motivo del incumplimiento de su deber general de brindar protección y garantía a los derechos humanos.

El día de ayer venció el plazo establecido por la Constitución (Art. 105, párrafo II) para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ordenamiento Social aprobada por el Congreso del estado de Quintana Roo y que pretende regular la libertad de expresión y la protesta social en la entidad. Dicha ley, aprobada el pasado 2 de mayo de 2014, contraviene —como la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y algunas organizaciones de sociedad civil señalaron—, estándares internacionales sobre derechos humanos en el contexto de las manifestaciones.

De ahí que la CNDH, en cumplimiento de sus obligaciones de protección y garantía, estaba llamada a activar todos los recursos necesarios —en este caso concreto me estoy refiriendo al mecanismo de control de constitucionalidad de leyes que activaría mediante el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad— para cumplir debidamente con su responsabilidad de órgano garante.

El mandato de la CNDH le confiere un enorme potencial a sus funciones en tanto que le permite identificar problemáticas de derechos humanos en el país y resolverlas, promoviendo todo tipo de acciones para que el gobierno mexicano tome medidas y les dé una solución efectiva.

Partiendo de lo anterior, no puedo sino concluir que la negativa de la CNDH de presentar una acción de inconstitucionalidad el día de ayer, se trata de una muestra más de la falta de voluntad y de compromiso con los derechos humanos de la institución y de quien la dirige. No se trata de un problema de límites en su mandato, puesto que como ya vimos, es amplísimo; tampoco a sus facultades legales —con las cuales cuenta—, ni a la escases de recursos presupuestales que actualmente ascienden a una cifra cercana a los mil quinientos millones de pesos, ni a la falta de recursos humanos. El problema sigue estando en la visión y la convicción que permean las políticas y las prácticas institucionales.

Concluyo subrayando que, en otras condiciones, la CNDH podría jugar un papel protagonista y con ello, mejorar la situación de los derechos humanos en México; pero como hemos podido constatar el día de ayer, hasta el momento ha renunciado a hacerlo. Algo nada sorprendente para muchas y muchos de nosotros.

 

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