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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Ya no hablemos de leyes, ¿dónde está el dinero?
Nos encontramos ante el riesgo de que la afamada reforma constitucional de transparencia quede trunca por una inadecuada implementación y falta de voluntad.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
15 de septiembre, 2016
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Por: Renata Terrazas (@renaterra_zas)

Pocas cosas son tan frustrantes como tener un resultado negativo previsible que nadie quiso ver o atender y que de pronto es una realidad que mina los avances realizados hasta el momento. En materia de transparencia, después de los avances normativos hoy nos encontramos con un problema bastante significativo en la implementación de las reformas y su cumplimiento.

Las bases para la garantía del derecho de acceso a la información (DAI) se encuentran con una dificultad gigantesca para ser aplicadas dada la poca voluntad política de los actores gubernamentales y errores en el desarrollo de las herramientas que facilitarían el acceso a la información.

La ley general de transparencia (LGT) amplió la información que debe hacerse pública de manera proactiva y pretende dar certeza en el ejercicio del DAI mediante la creación de una plataforma en donde se concentrará la información que forma parte de las obligaciones de transparencia y desde la cual se realizarán las solicitudes de acceso a la información a cualquier dependencia del territorio nacional.

La utilidad de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) resulta clara además de urgente para dar certeza en el procedimiento de acceso a la información, ya que en algunos estados no se contaba con mecanismos de acceso a la información electrónicos o no se incluía a todos los sujetos obligados.

Sin embargo, esta útil herramienta, pieza fundamental de las reformas en transparencia, se encuentra operando con dificultades y no para todas las entidades del país. Tanto errores de los creadores de la plataforma, como obstáculos en la homologación de los sistemas, nos han costado cuatro meses de operación limitada.

Si bien la plataforma debiera estar operando desde hace meses y la tardanza en que opere de manera óptima no beneficia a la transparencia, la realidad es que nos encontramos frente a una problemática mayor que elementos técnicos fallidos de la PNT.

Sabemos que México se distingue por ser un país con extraordinarios diseños normativos que no impactan la realidad porque no son implementados de manera correcta, ya sea que no se diseña una forma adecuada de hacerlo o que se topan con prácticas nocivas para su implementación en donde los poderes políticos y las burocracias mexicanas optan por hacerse de la vista gorda.

En este momento nos encontramos ante el riesgo de que la afamada reforma constitucional de transparencia quede trunca por una inadecuada implementación y falta de voluntad.

De manera muy acertada, hace más de una década se crearon los primeros organismos garantes de la transparencia que desde entonces se han convertido en los guardianes del derecho de acceso a la información pública. Algunos mejores que otros, los organismos garantes son la última autoridad en materia de transparencia; los locales en su propio estado, el INAI para todo el país.

Las obligaciones que señala la ley general de transparencia, y con ella todas las estatales y la federal, implican un esfuerzo mayúsculo por parte del Estado mexicano para garantizar su efectiva implementación y consolidación de un régimen de transparencia.

Este esfuerzo comprende, por supuesto, una asignación presupuestal que permita que tanto los organismos garantes cumplan con sus funciones y responsabilidades, como que las dependencias públicas cuenten con los recursos suficientes para cumplir con los cambios institucionales y los de generación, archivo y publicación de la información.

En muchos estados el presupuesto destinado a los organismos garantes de la transparencia es tan reducido que éstos se mantienen con la estructura mínima y desempeñando limitadas funciones. Ejemplo de ello es el presupuesto para 2016 del organismo garante de Baja California Sur el cual es de menos de 7 millones de pesos; cantidad que, de repetirse para el siguiente año, no permitirá que cumpla con las funciones mínimas contenidas en su ley de transparencia.

Como este estado encontramos otros, en donde esperamos que los congresos locales comprendan la gravedad del asunto y refrenden su compromiso con la transparencia con asignaciones presupuestales adecuadas para los garantes del DAI. De no garantizar un presupuesto adecuado para cumplir con las disposiciones de la ley, tendremos un 2017 lleno de frustraciones por la dificultad de implementar las leyes recién reformadas.

Cabe mencionar que el refrendo de la transparencia no sólo implica más presupuesto a los organismos garantes, sino que los propios sujetos obligados destinen recursos y personal para cumplir con las obligaciones de una ley que modifica fuertemente la forma en la que funciona nuestra administración pública.

 

* Renata Terrazas es investigadora de transparencia y rendición de cuentas en @FundarMexico.

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