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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Yo transparente, tú transparente, ¿ellos transparentes?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
28 de marzo, 2012
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Por: Melissa Ortiz Massó, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar.

Para nadie es un secreto que en los últimos años México ha experimentado importantes cambios en materia de transparencia y acceso a la información. Hoy contamos con un artículo constitucional (el sexto) que nos garantiza el acceso a la información como un derecho. Tenemos una ley de Transparencia y un órgano especializado en materia de acceso a la información y protección de datos en el ámbito, el IFAI, que vela por que nuestro derecho a la información sea cumplido. Hemos sido partícipes de esos avances, ya sea por experiencia personal o gracias al trabajo de los medios de comunicación. ¿Quién no se acuerda del “toalla-gate” o del “tanga-gate”? Y qué decir de ahora, que estamos a la espera de que la Secretaría de Educación Pública finalmente nos revele cuánto gana “La Maestra”.

Sin embargo, la mayoría de estos avances, nos guste o no, se los debemos apuntar al Poder Ejecutivo, y no es precisamente porque éste se precie de ser muy transparente. En realidad es así porque el Legislativo hizo bien su papel en llamarlo a cuentas y crear la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; una ley que si bien incluye también al Legislativo y al Judicial, en realidad está estructurada y pensada para que sea el Ejecutivo el que tenga que “transparentarse”.

Así que en estos momentos nos encontramos con un Poder Legislativo que construye su transparencia a partir de criterios auto-asignados y sin la posibilidad de un contrapeso real que los regule. Tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, son ellos mismos quienes se erigen como juez y parte cuando se trata de transparentar sus acciones. Si hoy alguien quiere solicitarles información, y por alguna razón deciden no proporcionarla, reservarla o clasificarla, la única instancia a la que el solicitante puede recurrir son los propios senadores y diputados (particularmente los jefes de bancada). La cosa es que no existe un órgano especializado que pueda ayudarnos cuando se trata de exigir información pública al Legislativo.

Pues bien, eso va a cambiar pronto, por lo menos en la Cámara de Diputados: la semana pasada, la Junta de Coordinación Política presentó una terna de candidatos ciudadanos que conformarán el primer Consejo de Transparencia de la Cámara de Diputados. Durante los próximos cinco años, el papel de este Consejo será el de proveer una mirada autónoma, especializada y experta en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara. Estas tres personas serán las que van a dictar los lineamientos de transparencia, los que van a resolver, entre nosotros los ciudadanos y nuestros diputados, si al información legislativa debe o no ser pública. Vaya, ¡no es un asunto menor!

Hay que celebrar que por fin, que hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados votó para aprobar esta tercia. Pero también hay que decir que desafortunadamente esta terna no se decidió en convocatoria abierta y pública, y que la información de las personas que la conforman no se compartió a la opinión pública en su momento. Ahora sabemos que se trata de Óscar Rodríguez Olvera, Guillermo Antonio Tenorio Cueto y Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Por el momento, y gracias a Google, tenemos el conocimiento de que solo los dos primeros pueden comprobar que tienen antecedentes en la materia y que son expertos, o que forman parte de la academia; requisitos indispensables para el cargo. De Ortiz Ramírez, solo pudimos conocer que es suplente de una diputada del PRD. Hasta hace no mucho, y gracias al radio pasillo de San Lázaro, se rumoraba que a este señor lo impugnarían por no cumplir con los requisitos que el mismo Reglamento de Transparencia de la Cámara de Diputados establece; sin embargo, no hubo cambio sobre la terna que este martes votó el Pleno.

Claro, lo óptimo hubiera sido que todo el proceso se hubiera aprobado hace tres años, cuando por ley debió haber sucedido. Ahora solo nos queda exigir que los Diputados nos proporcionen información sobre la creación de este Consejo, sus funciones y cómo acercarnos éste; porque durante al menos dos legislaturas serán nuestros aliados. Y ya que estamos en eso de las exigencias, valdría la pena hacerle un llamado a los Senadores para se pongan las pilas y se “transparenten” un poquito más. Esto de la Transparencia Legislativa tendría que ser del Congreso de la Nación y no solo de una cámara.

 

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