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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
Ayotzinapa no es caso cerrado
Todo lo que permitió Ayotzinapa o Tlatlaya se encuentra en las mismas condiciones hoy que hace cuatro meses. La “verdad histórica” presentada por la PGR es una confirmación del triunfo del statu quo.
Por Antonio Martínez
29 de enero, 2015
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Difícilmente se puede decir que el caso de Ayotzinapa está cerrado, simplemente porque todos los elementos, arreglos políticos y pactos de impunidad no se han modificado un ápice. Todo lo que permitió Ayotzinapa o Tlatlaya se encuentra en las mismas condiciones hoy que hace cuatro meses. La “verdad histórica” presentada por la PGR es una confirmación del triunfo del statu quo.

Al presentar el caso de forma aislada, se puede pensar que la procuraduría ha hecho su trabajo. Pero esa misma procuraduría sigue dependiendo del Presidente, está acusada de ejercer tortura como forma sistemática para recabar testimonios (mismos que se empeñan en presentar como pruebas plenas) y ha violado el debido proceso suficientes veces como para imaginar que esta vez lo ha hecho bien. Lo que nos piden es un salto de fe y hay una verdad real: los criminales no pueden investigarse a sí mismos.

Tenemos un grave problema de legalidad.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de legalidad? La respuesta más simple es: “al cumplimiento de la ley”. En parte el principio de legalidad que funda al estado de derecho se trata de eso, de cumplir la ley, pero no sólo de eso… y ahí es donde nos perdemos.

El dilema clásico sobre el espíritu de la ley penal es si la obedecemos por miedo o porque empata con nuestra expectativa de una sociedad que pueda convivir de manera armónica. En una tiranía es posible que se obedezca por miedo, en una democracia supuestamente es producto de algo llamado certeza jurídica: damos por hecho que la ley es vigente, que es justa, que es legítima y que por lo tanto está respondiendo a una manera de imaginarnos como sociedad pero también a una serie de acuerdos mínimos irrenunciables como la obligación del Estado para la garantía de los Derechos Humanos.

La ley tiene dos dimensiones, la aplicable al Estado y la aplicable a los ciudadanos. El Estado no es una estructura monolítica sino un acuerdo fundado en la premisa de la seguridad: el individuo cede parte de su libertad para que el Estado se la devuelva en la garantía de la seguridad colectiva. Por eso las personas podemos hacer TODO lo que la ley no prohíba, pero la autoridad SÓLO puede hacer lo que la ley le mandata; el Estado, a diferencia de las personas, no tiene voluntad o derechos sino mandatos y obligaciones. Más fácil: el Estado administra nuestra libertad colectiva vía la seguridad ciudadana.

Resulta un tanto decepcionante que frente a un caso de abuso policial como la detención del horrorífico caso de Iguala, no seamos capaces de estar claramente en el lado que apunta a condenar el abuso de la autoridad. Nos hacemos bolas cuando los medios nos hipnotizan diciendo, por ejemplo, que los estudiantes probablemente eran unos delincuentes… ¿Y? Eso no justifica de forma alguna a la autoridad. Desde aquí, el abuso policiaco consentido nos coloca en una especie de tiranía, en cambio preferimos voltear a un(os) ciudadano(s) al que el Estado lo(s) ha despojado, en primera instancia, de seguridad jurídica y garantía de derechos.

Pese a que los columnistas se esfuercen en hacer juicios mediáticos, todos (ellxs y nosotros) somos inocentes, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales:

Art. 113 Derechos del imputado:

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad.

II. A comunicarse con un familiar o con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo

V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele según corresponda, la orden emitida en su contra.

Podría seguirme todas las fracciones y FUE la policía la que violó el proceso y TODOS los derechos de los estudiantes, los ciudadanos de Tlatlaya, los detenidos en las manifestaciones, etc. (La enloquecida derecha dirá que defiendo criminales).

¿Por qué esto es más grave que el hecho de que un individuo posiblemente haya cometido un delito?

Porque la acción de la autoridad, al romper un acuerdo colectivo, el Estado, nos violenta a todos. Porque desde el poder, no respetar los derechos de uno es transgredir los de todos. Es sencillo: ni a los estudiantes ni a sus padres ni a ningún particular le hemos confiado la seguridad de todos. No es caso cerrado, pésele a quien le pese.

 

@antoniomarvel

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