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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
Sobre el caso de Nicolás Alvarado
El caso de Nicolás Alvarado no es de libertad de expresión. Uno puede tener el cinismo de aceptarse como clasista en privado pero no se puede, siendo servidor público, afirmar que se es y que, pese a ello y como una graciosa concesión, aceptas que debes resignarte a que la tarea que desempeñas sea invadida por los nacos.
Por Antonio Martínez
6 de septiembre, 2016
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El exdirector de TV UNAM, Nicolás Alvarado, renunció a su cargo en medio de la polémica desatada tras la publicación de su columna en Milenio, donde afirma que Juan Gabriel no le gusta. Su paso por la televisión pública no estuvo exento de críticas; desde su llegada se cuestionó la capacidad de un conductor de televisión comercial como líder en la renovación de los medios públicos. Su reducida gestión tampoco ha quedado limpia: alrededor de sus decisiones, los trabajadores organizados de la televisión han expresado quejas sobre malos tratos y comportamientos arbitrarios. Quizá sea esto último lo que anima la dimisión de Alvarado y no tanto el escándalo juangabrielino.

Se puede decir que la combinación de factores y el momento no fueron oportunos. Y que su salida es bien recibida en un país donde los funcionarios públicos no conocen vergüenza alguna. Se ha reflexionado acerca del nexo causal entre sus dichos y su renuncia. Se ha querido, a toda costa, hacer pasar el entuerto como un problema de libertad de expresión. No comparto esta lectura.

Los servidores públicos de cualquier rango deben someterse a un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía, allí descansa su posición de servicio. Además, mientras se ostentan como tal, su esfera de ejercicio de derechos se encuentra disminuida. La razón es simple: en su tarea pública la obligación principal es la protección de los derechos de las personas por encima de los propios. En este principio radica la posibilidad de que quien ocupa un puesto público pueda ser responsable de sus actos, pues se puede evaluar si protege o no el interés general.

El caso de Alvarado no es de libertad de expresión. No se trata tanto de los desafortunados dichos del comunicador como de la posición que ocupaba al decirlos. Uno puede tener el cinismo de aceptarse como clasista en privado pero no se puede, siendo servidor público, afirmar que se es y que pese a ello, como una graciosa concesión, aceptas que debes resignarte a que la tarea que desempeñas sea invadida por los nacos.

Las palabras escogidas por Alvarado, como “naco” –no, no calificó a las lentejuelas sino a quien las usa—, tienen una connotación claramente racista, inaceptable en un funcionario público. Quizá la normalización de estas expresiones no nos permiten observar cómo al usarlas se invisibilizan ofensas concretas a ciertos grupos sociales por su condición racial. Como ha sostenido Federico Navarrete, el uso de la palabra naco “tiene una función doblemente discriminatoria: en principio todos los morenos pobres están en peligro de ser despreciados como nacos, pero los que mejoran de “condición” son objeto de renovado escarnio por “advenedizos”, es decir, por intentar escapar en vano del lugar de inferioridad que les corresponde en el imaginario de quienes se creen mejores que ellos”.

Quienes han intentado defender a Alvarado, implícitamente aceptan que ese discurso racista es bien visto en los no-nacos. De allí que lo apunten como un caso de persecución de la opinión. Por su parte CONAPRED emitió una alerta en contra del funcionario público, misma que fue retirada una vez que Alvarado renunció. En el documento se recomendaba al titular de TV UNAM no avanzar el lenguaje discriminatorio; que, me imagino, por ser un no-naco le sale tan natural. La medida es la correcta pues, lejos de censurar, reconoce que quien ocupa un cargo público no puede decir lo que sea. La autorregulación entre entes públicos siempre será un respiro a favor de la libertad de expresión.

Los funcionarios públicos en funciones no gozan de derechos, únicamente de obligaciones, y la principal es garantizar los derechos de las mayorías. El servicio público no es tanto una recompensa o un lugar para hacer negocios o emitir opiniones, sino una responsabilidad con la sociedad que hoy goza de cabal desprestigio.

 

@antoniomarvel

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