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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
Estrategia Digital Nacional, más preguntas que respuestas
Es una estrategia digital a la que le faltó contenido, que tuvo que posicionarse sobre vigilancia, espionaje, derechos humanos, medidas tecnológicas, criminalización de usuarios y persecución
Por Antonio Martínez
26 de noviembre, 2013
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El día de ayer se presentó en el Museo Nacional de Antropología la llamada Estrategia Digital Nacional (EDN), el evento convocó a personas de distintos sectores: académicos, comunidad técnica, legisladores, industria y el gabinete del Ejecutivo se dieron cita; Alejandra  Lagunes, Coordinadora de la estrategia  y el Presidente Enrique Peña Nieto estuvieron a cargo de los discursos.

En lo general fue una buena presentación, la EDN tiene cinco objetivos y cinco habilitadores; los primeros son: transformación gubernamental, economía digital, educación de calidad, salud universal y efectiva (¿?) y seguridad ciudadana; los segundos son: conectividad, inclusión y habilidades digitales, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos. Los objetivos y los habilitadores se cruzan para afectar de manera transversal la política pública de todo el gobierno.

Hasta ahí las cosas bien, el documento que parece estructurado por una consultora experta en “talking points” tiene poco de fondo, la liquidez digital puesta en cajas de cartón. Se enumeran las acciones a realizar y se les encajona en objetivos y habilitadores y, a su vez, en el impacto sobre el Plan Nacional de Desarrollo; es decir, se ofrece poco detalle o guía de qué se piensa sobre qué. En todo el documento existe un fetichización de la “digitalización” que definen como “la capacidad de un país y su población para usar tecnologías digitales que permitan generar, procesar y compartir información; asimismo, se relaciona con el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción masiva de las TIC”. Digamos que tienen una filosofía optimista sobre la red, de lo contrario también se puede pensar que el espionaje masivo es una forma de “generar, procesar y compartir información” en la capacidad de un país.

Este fetichismo les hace perder cierto foco, en la jerarquización proponen un efecto de cascada así: digitalización-> sociedad-> inclusión social-> igualdad-> calidad de vida –>acceso a servicios básicos. Uno podría suponer que la jerarquización correcta es justamente en sentido contrario, a pesar de haber repetido que la “tecnología no es un fin sino un medio”, el documento parece ignorar la evidencia de nuestra época post internet que sugiere que ese modo de prioridad falló (la arrogancia de la bondad).

El acero construye lo mismo una vía de tren que un arma, algunos de los fines como el desarrollo de “instrumentos digitales para la prevención de la violencia”, podrían justificar medios de espionaje y criminalización de los individuos. De ahí que la vaguedad de los puntos deba ser clarificada públicamente a través, sugiero, de un foro permanente de discusión entre todo aquél interesado. Ni qué decir de la obsesión con la palabra prosperidad que no sabemos si la usan desde la visión budista del colectivismo o desde la noción más capitalista relacionada con el individualismo y el materialismo.

Aunque no parece ser área de competencia de la Oficina de la Presidencia, que con la coordinación parece tomarse atribuciones extra legales (la Ley de la Administración Pública Federal sólo le da facultades de asesoría técnica al Presidente o Jefe de la Oficina, no de ejecución), el habilitador número 1, el de conectividad, es probablemente uno de los más sólidos de la estrategia. Toca con claridad los puntos de la infraestructura estatal, espectro, acceso, el incentivo para nuevos operadores y los centros de distribución así como la migración a la versión 6 del protocolo IP. Allí el foco rojo se encuentra en la consecución de una ley secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que satisfaga estos fines, y por el otro en la actuación de los entes reguladores y las licitaciones y asignaciones de contratos.

Otro habilitador armado de manera exitosa es el de datos abiertos, no porque el trabajo de la coordinación lo empuje (o no sólo) sino por el trabajo que desde la Alianza por el Gobierno Abierto la sociedad civil ha realizado desde el 2011, en esta pata del artefacto, el gobierno tiene menos oportunidad de dar “atole con el dedo” porque se encuentra vigilado y evaluado por compromisos internacionales que trascienden a la coordinación. Sin embargo parece pertinente poner en duda la idealización misma de los datos abiertos, en muchas ocasiones pueden hacer a los gobiernos mucho más opacos tal y como lo argumenta Harlan Yu (Universidad de Princeton) en The new ambiguity of “open government”.

Aunque de último momento fue incluido en el discurso de Antropología una pequeña defensa a la libertad de expresión, lo cierto es que en documento de la estrategia no aparece ni una sola vez, y el concepto de Derechos Humanos apenas lo hace tres veces. Esto es quizá lo más preocupante de la EDN, al carecer de una postura clara sobre los dilemas de la red y los Derechos Humanos es incapaz de responder con claridad sobre la visión del gobierno acerca del ejercicio de la libertad de expresión en línea, sus límites, la tensión con los derechos de propiedad intelectual, etc. De hecho cae muy corta en este sentido: no sabemos si para lograr el comercio electrónico sólo va a proteger a ciertas industrias y no a otras, si para hacerlo va a ser maximalista en cuestiones de copyright o qué mecanismos usarán para que la libertad de transacción económica quede garantizada. El vago enunciado sobre el respeto a la privacidad no dice mucho de lo que piensa el gobierno al respecto.

Es una estrategia que le faltó contenido, que tuvo que posicionarse sobre vigilancia, espionaje, derechos humanos, medidas tecnológicas, criminalización de usuarios, persecución (hoy gobierno locales amedrentan a periodistas vía internet), no responsabilidad de intermediarios y neutralidad de la red (concepto que no aparece más que en una definición mala y somera en el glosario) y quizá una ausencia grave: un desdén al software libre y al desarrollo de una comunidad de código abierto (salvo la modalidad de explotación de talento con hackatones). Aunado a eso, vemos que la Presidencia insiste en organizar la gobernanza de internet, sin darse cuenta que ya está organizada, que no debe ser llevada por el gobierno y que más bien debe integrarse de manera horizontal y no jerárquica a los foros para ello.

Adicionalmente, de considerar que se trata de pura “buena onda”, la agenda en sí misma ya es incompatible con el TPP, las propuestas de reforma al código penal federal y algunas propuestas de la ley secundaria de telecomunicaciones; es decir, el gobierno tendría que decidir una postura tarde o temprano: TPP o EDN, EDN o criminalización vía código penal, EDN o geolocalización y responsabilidad a intermediarios en telecomunicaciones. Es tan vago su optimismo ramplón que dejó más preguntas que respuestas.

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