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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
La CIDH en crisis
El sistema interamericano de derechos humanos ha permitido a la región transitar a mejores niveles de vida pública. En Perú, por ejemplo, fue en la Corte Interamericana donde las víctimas del fujimorismo --que hubiese amnistiado a perpetradores como el Grupo Colina-- encontraron la primera puerta a la justicia. En medio de la crisis, los países miembros tendrían que ser los primeros interesados en un Sistema regional de derechos humanos robusto y articulado.
Por Antonio Martínez
31 de mayo, 2016
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Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado urgente sobre su falta de capacidad financiera. En concreto, el 15 de julio terminaría el contrato laboral del 40 % de su personal y las audiencias programadas de julio y octubre quedarían suspendidas. El presupuesto anual de la comisión en este ejercicio es de apenas 5 millones de dólares. La Organización de Estados Americanos destina el 6% de su presupuesto a la CIDH y el resto son donativos y aportaciones voluntarias de los Estados miembros. Para este año solo Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay han hecho aportaciones cercanas a los 2.8 millones de dólares de los que el 85 % corresponde a EUA.

Entre sus principales atribuciones, la CIDH recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana, o aquellos Estados que aún no la han ratificado, han violado derechos humanos; observa la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros, y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado Miembro cuando lo considera apropiado.

Para la Comisión, 2015 fue uno de los años con mayor número de peticiones en su historia; fueron 2164, de las cuales la mayoría vino de México con 849 peticiones y de Colombia con 419. La región se encuentra en una crisis generalizada de derechos humanos: el inacabado proceso de paz en Colombia, la represión a la prensa en Ecuador y Venezuela, el desmantelamiento de algunas instituciones en Argentina, la violencia en centroamérica y México con violaciones generalizadas a los derechos humanos y una impunidad rampante.

El sistema interamericano de derechos humanos ha permitido a la región transitar a mejores niveles de vida pública. En Perú, por ejemplo, fue en la Corte Interamericana donde las víctimas del fujimorismo –que hubiese amnistiado a perpetradores como el Grupo Colina– encontraron la primera puerta a la justicia. En medio de la crisis, los países miembros tendrían que ser los primeros interesados en un Sistema regional de derechos humanos robusto y articulado.

¿De dónde viene el desinterés de los países por financiar a la CIDH? El gobierno de Ecuador, a través de su canciller Guillaume Long ha dado una posible respuesta: el mecanismo de financiación que incluye entes privados y estados no miembros ha politizado la actuación de la Corte. Esto se podría interpretar como que los países están buscando mayor control de la Comisión (que debería ser los más autónoma posible) o que las aportaciones de la Universidad de Stanford, la Fundación Avvina o ACNUR les parecen una intromisión inadmisible.

El problema no es tanto económico como político. Una Comisión que puede recibir peticiones individuales opera bajo una convención de última generación y tiene relatorías de vanguardia, y una Corte capaz de brindar justicia es incómoda para los Estados en esta nueva ola autoritaria en el continente. Un ejemplo. El último informe sobre México deja muy mal parado al Estado mexicano que, pese a la reforma constitucional del artículo 1° y su pulsión por firmar tratados y convenciones, tiene uno de los peores récords en materia de derechos humanos: tortura generalizada, violencia contra la prensa, impunidad, debido proceso sin observación e instituciones corruptas. El informe, en lugar de disputa política, podría ser leído por el Estado mexicano como una guía mínima para su recomposición.

La última aportación de México fue en el 2014 con 500 mil dólares. Poco en comparación con los retos que enfrenta. En los medios, la descalificación a defensorxs de derechos humanos y a la CIDH ha sido sistemática. Esos mismos medios reciben cantidades estratosféricas de dinero por parte del gobierno sin control alguno. El año pasado, el gobierno federal gastó 7 mil 574 millones 471 mil pesos en publicidad oficial, esto es 65.8% más de lo que tenía planeado. Hago una propuesta: que se gaste lo presupuestado y que este dinero excedente –que aparentemente sobra en las arcas– sea donado a la CIDH. Menos propaganda, más derechos humanos.

@antoniomarvel

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