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Riguroso Remix
Por Antonio Martínez
Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de De... Bloguero. Estudió derecho pero quería ser cocinero, soñaba con ser artista y es defensor de Derechos Humanos, cronista de su época aunque la época se equivoque. Hace todo al mismo tiempo. (Leer más)
#LeySopita: más problemas que soluciones
La lucha contra internet en materia de propiedad intelectual ha sido ardua y constante. Los estados han decidido globalmente proteger a unos pocos privilegiados en demérito de otros muchos.
Por Antonio Martínez
20 de febrero, 2015
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Una de las grandes batallas del siglo XXI es la de la propiedad intelectual. Fue la revolución industrial y el arreglo económico del siglo XX lo que logró instaurar la idea de que ningún avance podría ser logrado sin lucrar individualmente con “ideas originales”. Pasó de ser un derecho voluntario y renovable a ser un mandato que sobrepasa la vida de los autores; la avaricia y no la creatividad fue el motor de sus defensores. La era digital desmanteló por completo esta idea y modelo; internet no es otra cosa sino una máquina de copias, la brecha filosófica abierta no ha terminado por mostrarnos sus consecuencias.

Cada tanto nos enfrentamos a la disputa de esta crisis. El siglo fue inaugurado con la batalla de las disqueras contra Napster, parecía inconcebible que las personas pudiesen compartir música entre sí, los dueños del capital decidieron ir contra la cultura pretendiendo defenderla. Aunque ganaron el caso y Napster acabó por fracasar, tuvieron que modificar su modelo de negocios para no quedar en bancarrota, 15 años después parece que las cosas comienzan a normalizarse con la tienda itunes, google music y spotify.

La noción de que “una idea es de alguien” y hay que darle un tratamiento casi material, no sólo es ingenuo sino que es peligroso porque excluye y limita el conocimiento, no lo expande. Estas ideas dieron como origen los monopolios farmacéuticos, automotrices o las torres de marfil académicas –que a la larga no han hecho sino hundir al planeta en la enfermedad, la contaminación y la ignorancia por exclusión. Por otro lado, es esa la representación de nuestro mundo actual y forma parte del orden establecido que todos tratan de defender.

La lucha contra internet en materia de propiedad intelectual ha sido ardua y constante. Los estados han decidido globalmente proteger a unos pocos privilegiados en demérito de otros muchos. Tratados multilaterales como ACTA o el TPP buscan que las naciones armonicen las leyes domésticas en materia de propiedad intelectual para favorecer, allí donde se suscriban, a las corporaciones que mandan a los gobiernos. México, parte de estos tratados, se ha rendido —como pudimos conocer gracias a Wikileaks acerca de la manipulación de la USTR hacia el gobierno— a la política estadounidense en la materia esperando que eso le reditúe económicamente (pese a que seguimos hundidos en la miseria).

Quienes tienen derecho de picaporte en el Congreso (que no son los ciudadanos) han revivido una vieja reforma al régimen de propiedad intelectual. Advierto por lo menos dos problemas: uno de forma y otro de fondo. La forma en cómo se llevan a cabo estas reformas es, por decir lo menos, antidemocrática, porque no se consulta a todas las partes involucradas ni prevé las consecuencias de las restricciones. En el fondo, el texto reitera una postura anquilosada de los derechos de propiedad intelectual y la endurece, por un lado, al dotar al IMPI de facultades para retirar de línea sitios posibles infractores, y por el otro, penando el uso de contenido incluso cuando no sea con fines de lucro.

La iniciativa es indeseable por sus efectos censores y de ensanchamiento de la brecha digital y de acceso a la cultura. Reitera medidas que no han ayudado a proteger a los titulares de derechos y que, sobretodo, invisibilizan a quienes ejercen derechos fundamentales como el de expresión y acceso a la cultura. No se puede imponer restricción alguna a la libertad de expresión arguyendo amparo a los derechos de terceros, es decir, de propiedad intelectual, salvo que el Estado pueda demostrar que la restricción resulta necesaria en una sociedad democrática. El IMPI no sólo carece de autonomía sino que su mandato es únicamente para proteger a titulares de derechos, de modo que la ponderación no es balanceada y las personas quedan desprotegidas.

Respecto a la responsabilidad de intermediarios que la llamada ley pretende imponer, tiene efectos inhibitorios en la capacidad de acceso a la información y libertad de expresión de los usuarios. En su caso, las leyes que rigen la responsabilidad de intermediarios relativa a la infracción de contenidos deben contener garantías de debido proceso suficientes (en calidad y cantidad) como para proteger los derechos de los usuarios; además se deberá proveer de medidas suficientes contra el abuso. Ninguna de estas características ha quedado plasmada en la iniciativa propuesta.

En el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA se han encontrado un par de criterios mínimos para las legislaciones relativas a internet: primero, evaluar todas (y no sólo algunas) las condiciones de legitimidad de las limitaciones del derecho y, segundo, que al imponer una restricción, ésta no sea vista desde el punto de vista del afectado sino desde el impacto en el funcionamiento de la red.

Si algo ha exhibido la crisis de la propiedad intelectual es que defenderla para proteger a unos privilegiados no es el camino adecuado. La piratería no es un problema legal, se trata de un problema de la terrible desigualdad socioeconómica que el propio régimen (donde la propiedad intelectual es la base) ha creado: la tecnología cada vez es más barata, los bienes culturales (digamos Disney o Hollywood) cada vez son más inaccesibles y las necesidades creadas son feroces; la única manera de que los pobres tengan acceso a los bienes culturales que se les imponen es a través de conseguirlos de la manera más barata posible.

 

@antoniomarvel

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